Descalabro en el MP

Evolución

La semana pasada planteaba una serie de interrogantes a raíz de la filtración de una grabación con las supuestas declaraciones del denominado “Testigo A” y su supuesta retractación en un medio televisivo. Concluí con que también había cuestionamientos que debían plantearse acerca de las circunstancias que rodean a la FECI en torno al tema. Se supone que la FECI solicitó la diligencia de anticipo de prueba, lo cual implicaría que esta declaración se presentaría posteriormente como prueba en un eventual debate. Si había indicios de nuevos delitos que se descubrieron como resultado de una investigación en curso, cabe la pregunta de por qué no se promovieron nuevas acusaciones o solicitudes de antejuicio para los posibles involucrados que gozaran de este privilegio, en lugar de gestionar un anticipo de prueba cuestionable en el sentido procesal.

Eso podría ser tanto por falta de diligencia para actuar como dificultad para hacerlo. Luego viene el tema de la filtración. De ser auténtica la grabación, hecho que el medio dice haber corroborado, evidentemente tiene que haber un responsable. Ante la destitución del exfiscal Sandoval, la razón apuntaría a él o a personas allegadas a él quienes participaron en esas investigaciones. Pero a la vez se podría sospechar que ante la dificultad que dichas investigaciones avanzarán, y su posterior destitución, se entendería que dicha investigación no saldría a la luz y eso pudo haber motivado la filtración. De igual manera se podría decir que una investigación debería producir evidencias concretas y fehacientes, por ejemplo de que sí hubo un pago de dinero producto de la corrupción para la campaña presidencial y sin ello, procesalmente hablando, no se podría hablar tampoco de responsabilidad penal de los señalados.

El actual jefe de la FECI declaró que la grabación no se encuentra en la fiscalía, por lo que, a menos que el ejemplar de la grabación que supuestamente se encuentra en poder del juzgado se ponga a disposición de alguna agencia del Ministerio Público, esa particular declaración testimonial no tendrá efecto procesal alguno. A ello se suma que una persona quien dice ser el Testigo A presentó una denuncia indicando que había sido presionado para dar la declaración. Y la única forma de validar su identidad sería contrastandola con la información que supuestamente está en resguardo en el juzgado. Otra cosa completamente diferente es, por supuesto, probar que sí existieron esas presiones e intimidaciones para forzar su declaración.

También ha sido noticia que se han promovido acciones penales y que ex funcionarios de la FECI han renunciado y salido del país por temor a ser objeto de persecución penal. He sostenido que la gestión de la FECI no ha sido perfecta, que tuvo sus desaciertos, que procedió con evidentes sesgos y que cometió abusos; pero también he sostenido que tuvo logros importantes y que promovió acciones que en otras épocas jamás se hubieran visto en contra de casos significativos de corrupción que alcanzaron los más altos niveles del gobierno.

El problema en Guatemala es que la mayoría de la gente quiere ver estas cosas desde la óptica de sus posicionamientos políticos e ideológicos, y caen en el error de absolutizar todo. Es decir, para algunos la FECI y la CICIG eran deidades infalibles e incuestionables, y para otros no eran otra cosa que un mecanismo para implantar una dictadura ideológica en el país. Pero si bien pudo haber errores y abusos de sus facultades, ello no necesariamente implica que algunas de las actitudes procesales que se les reprochan, y por las que se les ha encausado, sean constitutivas de delito. Y haberlo hecho ahora más bien da fuerza a los argumentos que sostienen que lo que se procura con esas persecuciones es garantizar impunidad desde el propio Ministerio Público. E, independientemente del mérito que puedan o no tener esas acusaciones, la percepción es esa, por lo que, aún si no fuese solo una estrategia, igualmente ha resultado contraproducente para quienes la impulsan y defienden.

Y todo ello, en el contexto del proceso de designación del nuevo fiscal general. Tanto más que podría decirse al respecto, pero concluiré sólo con una idea más. Así como la anterior Corte de Constitucionalidad abrió la puerta para que desde esa plataforma se cometan una serie de atropellos motivados en función de intereses políticos e ideológicos, de tiempo el MP viene jugando con fuego en el sentido de usurpar ese poder para promover persecuciones en favor de determinados intereses como nunca antes se había visto. Y eso no sólo implica que quienes han tenido la sartén por el mango puedan encontrarse un día en las brasas, sino que todos, incluidos ciudadanos que estamos al margen de esas rivalidades, eventualmente podamos llegar a ser víctimas del acto más vil que se puede cometer después de quitar la vida, que es atentar contra la libertad, merced al uso del poder y la persecución penal, base de cualquier gobierno totalitario, en el que podemos caer, independientemente de cuál sea la ideología que se sobreponga democráticamente.

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Alejandro Baldizón

Abogado y Notario, catedrático universitario y analista en las áreas de economía, política y derecho.

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