Opiniones

Teorema

Conocí a José Ricardo Paz hace unos 20 años cuando él estudiaba el postgrado de Administración de Empresas en la UFM. Entonces, yo daba algunos cursos allí. Lo recuerdo como un ingeniero joven, inteligente y socialmente inquieto. Después, lo incluí en los listados de Pi y cruzamos algunos correos-e.  Este lunes 28, recibí el último suyo con una crítica fuerte al artículo que publiqué ese día. Aunque tuve que agregar algunos signos de puntuación, el texto es íntegramente suyo:

Lamento estar en total desacuerdo con esta tu columna. No por tener opinión contraria, sino porque este no es tu estilo de pensamiento. No es analítico ni objetivo, sino sesgado, contradictorio y con errores de ideas. ¿Renunció o fue despedido JFS? Tal parece que te alineaste con la cooptación de la justicia que tanto has criticado y repudiado. Ojalá esté equivocado, saludos.

Respondí en los siguientes términos:

Es un gusto saludarte Ricardo, y al mismo tiempo agradecer que hayas leído detenidamente el artículo referido.

En su primera parte ese escrito refiere una serie de hechos. En ella, no creo que haya controversia contigo. Mi propósito fue describir con base en el proceso anterior, cómo se desarrolla el actual. Lo hice en orden cronológico inverso. Creo que mucha gente encuentra difícil advertir toda su complejidad. Confío haber contribuido a que se comprenda con mayor claridad.

Aquel fue un proceso exitoso que mereció el aplauso de los observadores. En procesos similares, en cambio, hubo sinnúmero de señalamientos. Sus resultados fueron tremendos. En el proceso para designar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, hubo acciones criminales y política de la fea. Más de dos años después aún tenemos la Corte anterior.

Donde podría radicar el desacuerdo contigo debe ser cuando afirmo que el trabajo de la Fiscal General supera al de sus antecesoras. Posiblemente tú piensas que la señora Aldana o la señora Paz y Paz (¿algún parentesco?) lo hicieron mejor. Aquí es donde nuestras valoraciones divergen.

Creo que hay, al menos, dos tipos de opiniones. Las primeras son emocionales, carecen de fundamentación alguna, son flojas, no pueden ser explicadas. Las otras se basan en la razón. Siguen siendo opiniones ya que no aportan pruebas con validez legal o de otro tipo, pero forman parte de procesos racionales. Me pregunto, estimado Ricardo, si tienes evidencia concreta y confiable sobre la cual basar tu opinión, si descansa en la opinión de otros o si es emocional.

Mi opinión tiene sustento: Te recuerdo que la señora Aldana es actualmente prófuga de la justicia. Se le acusa de haber sobrevalorado un edificio en la zona 5 y haberse apropiado la diferencia. Además, algo se ha dicho respecto a Odebrecht, pero sobre eso sólo parece haber evidencia circunstancial.

También me parece que discrepo contigo al expresar una opinión negativa sobre el exfiscal Juan Francisco Sandoval. Ratifico, y esto no es una opinión sino un hecho, que fue despedido. No se trató de una renuncia voluntaria. Sandoval también está prófugo de la justicia guatemalteca. Los cargos en su contra no son revanchismo político. Son acusaciones graves y, al menos una, lo es por una suma importante de dinero. De nuevo, no se trata de una opinión emocional sino de una racional.

Mucho de lo que se ha dicho en contra de la señora Porras viene de haber despedido a Sandoval. Tal consecuencia era evidente. Él gozaba del favor del gobierno de EU y del grupo de los diez “países amigos” (Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea). ¿Evidencia? Como tú sabes, trascendió que uno de los embajadores lo llevó, escondido, en el auto de la Embajada a El Salvador. La misma vicepresidente de EU y otros altos funcionarios de ese país se hicieron fotos con él.

Pese a las previsibles consecuencias internacionales en contra suya (difamación, calumnia, retiro de visa y la etiqueta de corrupta, entre otros) la Fiscal General lo despidió. Aparentemente, dejó al grupo de “países amigos” sin su pieza estratégica dentro de la organización de la justicia en Guatemala. Sin él, inmiscuirse en la justicia de nuestro país, les ha resultado más complejo. Te recuerdo que tal intromisión está expresamente prohibida en tratados internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Era absolutamente necesario despedir a Sandoval para preservar el principio de autoridad dentro del MP. Mi interpretación es que aquel fue un acto que requirió de mucho coraje y valor de parte de la señora Porras. Lo que hubiera hecho un funcionario mediocre habría sido mantener a Sandoval en su puesto. Total, sólo faltaban 10 meses para que terminara su período. Pero lo despidió. Al hacerlo enfrentó graves consecuencias provenientes de los gobiernos que interfieren en los asuntos internos de nuestro país.

Supongo (no tengo información alguna al respecto) que antes de despedirlo discutió tal decisión con el presidente Giammattei, ya que las consecuencias podrían involucrar a todo el gobierno e incluso llegar a ser nacionales. Somos un país sumamente débil. En comparación, ellos son poderosos. El presidente debió comprometerse a apoyarla y lo ha cumplido. De haber sido así, ese es un acto que, a mi juicio, lo enaltece.

Rechazo absolutamente tu criterio de que mi artículo contradiga lo expresado en otros anteriores sobre este y otros temas. De hecho, esta es la cuarta vez que me refiero a ese asunto concretamente y no hay contradicción entre uno y otro. Sirvan los siguientes enlaces como evidencia: https://elsiglo.com.gt/2021/11/29/la-fiscal/; y https://elsiglo.com.gt/2021/05/03/carta-a-la-fiscal-general/. Quizá también: https://elsiglo.com.gt/2021/10/11/el-esbirro/

Sé muy bien y entiendo con total claridad que muchas personas, principalmente quienes tienen un pensamiento de izquierda, profesan cierta admiración por el experimento que se llamó CICIG. En algunos, incluso hay veneración por Iván Velásquez y sus muchos aliados en Guatemala y el extranjero. En el ámbito local Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval fueron los principales artífices de aquel proyecto.

Otros, en cambio, si bien reconocemos méritos al haber sometido a proceso judicial a Pérez, a Baldetti y a algunos funcionarios más, creemos que CICIG causó más daño que beneficio a la justicia guatemalteca. La coacción y amenaza a operadores de justicia, la compra de testigos, los testigos protegidos, el irrespeto a la presunción de inocencia, los juicios mediáticos previos, la negación del derecho de defensa en las conferencias de prensa donde se destruía el honor y la dignidad de los acusados… y muchas malas prácticas más, habrán significado un costo tremendo.

El tema de la CICIG y sus personajes y secuelas es complejo. Me parece que nuestras opiniones a ese respecto, estimado Ricardo, son diferentes. Es como ver el volcán de Fuego desde el Acatenango o desde el Pacaya. Uno lo describe conforme lo ve. Comprenderás entonces, que escribo lo que pienso, aquello en lo que creo, lo que opino. Que simplemente, no puedo escribir lo que piensas tú.

Al igual que muchos otros autores, cuando abordo un tema, expongo mi opinión al respecto sin atender a lo que puedan pensar los demás, sin buscar ir con la corriente o en contra de ella. En esta ocasión sé que mi criterio difiere del pensamiento de otros, como tú. Es por ello que decidí ampliar y publicar esta carta que inicialmente había sido concebida solo para ti.

Para terminar, debo recordar que la Justicia fue “cooptada” (aunque incorrecto es el término que tú empleaste) a partir de diciembre de 2006 y lo hizo precisamente la CICIG, inicialmente bajo la dirección de Carlos Castresana. Aquel avasallamiento fue el resultado de gestiones realizadas principalmente por Édgar Gutiérrez y Eduardo Stein desde sus altos cargos en el gobierno de Portillo uno y de Berger el otro. Fue una cesión de soberanía que en mal momento algunos diputados de entonces ―una mayoría― solo levantaron la mano sin entender las implicaciones de lo que aprobaban.

La CICIG muy pronto terminó siendo un poder judicial paralelo, sobrepuesto al poder legítimo cuyos representantes habían sido electos mediante procedimientos regulados por la legislación guatemalteca. Los funcionarios de CICIG en cambio eran designados en el extranjero por los gobiernos patrocinadores y sin participación real de nuestras autoridades. En los casos de conflicto o contradicción la última palabra siempre la tuvo la CICIG. Entiendo que es a eso a lo que tú llamas cooptar.

Si deseas responder a lo anterior, y que sea publicado, te ofrezco el espacio para hacerlo.

Atentamente,

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