Contravenciones a la independencia judicial

Poptun

Un juez independiente constituye una garantía del debido proceso, y en ausencia de ese atributo por parte del juez “no existe un verdadero proceso sino sólo apariencia de tal.

Toda persona tiene derecho de acudir a los tribunales de justicia para que se le administre justicia pronta y cumplida, ante un juez competente, independiente e imparcial.

Ser escuchado por un juez independiente e imparcial, es una garantía procesal reconocida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha referido que la independencia judicial constituye uno de los pilares básicos del debido proceso. Esa Corte ha emitido suficiente jurisprudencia en la que establece que es un derecho humano fundamental de toda persona ser juzgado por un juez independiente e imparcial, porque cuando un juez administra justicia con esas particularidades lo va a hacer únicamente movido por el derecho y no por intereses particulares.

La independencia judicial se desarrolla en dos facetas: a) la institucional o del Poder Judicial como un “sistema” y b) la individual relacionada con el “juez persona”.  Garantizar la independencia del Poder Judicial, así como de los jueces como personas, es una obligación por parte de los Estados, lo que prohíbe que los funcionarios públicos realicen injerencias indebidas ya sea en el Poder Judicial o sobre un juez específico.

El objetivo de la protección especial que se realiza sobre la independencia judicial, es con el fin que la judicatura inspire legitimidad y confianza ante los justiciables, y evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de los órganos ajenos al Poder Judicial o incluso de parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación (Caso Reverón Trujillo Vs Venezuela).

Para evaluar el grado de independencia judicial que poseen los jueces en cada Estado, la Corte IDH ha establecido que debe de existir un marco legal que asegure adecuadamente la selección y nombramiento, la inamovilidad judicial e inmunidad contra presiones externas, entre otras cosas.

En Guatemala, la independencia judicial está garantizada en la Constitución, la Ley del Organismo Judicial y otras leyes.  El Código Procesal Penal establece que es la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la obligada a garantizar la independencia judicial de un juez en particular, al regular: “El juez que sufra alguna interferencia en el ejercicio de su función lo pondrá en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, la que deberá tomar las medidas adecuadas para hacer cesar dicha interferencia.”

Sin embargo, la independencia judicial en Guatemala ha emprendido un viaje al abismo, por los distintos ataques que se le han formulado. Una de las grandes agresiones lo conforman las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, en los que no se respetaron los estándares internacionales en materia de independencia judicial que instituyen que la facultad legislativa respecto al Poder Judicial es limitada, porque éste es un Poder del Estado, que al realizarle modificaciones a sus leyes se corre el riesgo de atentar contra su independencia.  

Es fácil deducir que, a pesar de los convenios internacionales en materia de derechos humanos, las disposiciones constitucionales y contenidas en otras leyes, así como la doctrina jurisprudencial sentada por la Corte IDH; la independencia judicial en Guatemala está bajo acoso. La separación de poderes como una característica del sistema republicano, sólo se quedó como una profecía no cumplida, y la consecuencia de esa vulneración permite que la independencia judicial ya no se garantice, respete ni proteja, tal y como se evidencia con ejemplos recientes que confirman que ser juez independiente, imparcial y valiente, es una gran ofensa y constituye un motivo para ser criminalizado.

La criminalización de jueces comienza desde hace algunos años, pero en los últimos tiempos se ha intensificado, a tal punto que organismos internacionales han manifestado preocupación, tal y como la que realizó el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre independencia de los magistrados y abogados en el año 2021, que refirió: «Estoy muy preocupado por una serie de acciones recientes destinadas a debilitar el Estado de derecho y la independencia judicial en Guatemala».

Definitivamente los ataques a la independencia judicial en la faceta del “juez persona” son desafortunados, más cuando la sociedad ignora que esos acosos implican la violación a un derecho humano fundamental que está ahí para protegerlos de cualquier arbitrariedad.  Es necesario que se tome conciencia que, si no se frena esta escalada, la independencia judicial se convertirá en una ficción perpetua, pues de continuar las graves contravenciones a la independencia judicial, la sociedad guatemalteca se quedará sin justicia ni esperanza permanentemente.

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Mireya Batún Betancourt

Abogada, Notaria y Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, postgrado en Criminología, especialista en ejecución penal con estudios en Doctorados de Ciencias Penales y Derecho Constitucional Internacional.