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Justicia comprometida

Evolución

Venimos viendo cómo el Ministerio Público, Juzgados y Cortes se instrumentalizan con sesgo y selectividad para perseguir adversarios desde posicionamientos políticos e ideológicos o para garantizar inmunidad e impunidad.

En múltiples ocasiones he planteado diversas propuestas de cómo se podría reformar el sistema de justicia en Guatemala a modo de dotarle una mayor independencia, particularmente de las facciones políticas que, hasta la fecha, intervienen en los procesos de designación de las altas magistraturas y, por ende, a favor de quienes queda supeditada la justicia. En resumen, las principales ideas pasan por despolitizar los procesos de integración de cortes en la medida de lo posible. Ello implica cuestiones como evitar que dichos procesos sean condicionados por los mismos ciclos políticos cortos, donde la facción ganadora se lleva prácticamente todo. Por ejemplo, en lugar de cambiar las cortes en pleno cada poco tiempo, deberíamos pensar en que cada magistrado ejerza su función, en tanto no dé causal de destitución, hasta que llegue a los 75 años, de manera que habrá que designar a cada nuevo magistrado singularmente, lo que nos permite hacer un buen escrutinio y, al dejarlo fuera de una dimensión político-temporal, se le dota de una mayor independencia. También implica cuestiones como evitar que partidos e intereses políticos, que han infiltrado hasta muchas universidades, bajo la pantomima actual de las comisiones de postulación, sean quienes tengan la potestad de colocar a sus operadores en puestos clave y en función de sus particulares intereses, como sucede en la actualidad. Eso pasa por reconformar los procesos, desde la propia constitución, cuyos modelos se han agotado y ya no dan garantía alguna de proveer cortes profesionales e independientes. Por último, mencionaré la importancia de los contrapesos, en el sentido que una desconcentración de poder y, sobre todo, mecanismos efectivos de control entre los diversos poderes del estado, incluida la Corte de Constitucionalidad que se ha convertido, más que en un cuarto, en un suprapoder. Estos últimos dos puntos particularmente requieren un análisis más fino y propuestas más detalladas, temas sobre los cuales he escrito en otras oportunidades.

En el caso del Ministerio Público, lo habitual en sistemas más funcionales es que la designación del Fiscal General se haga desde el ejecutivo, prácticamente como a un miembro de gabinete, bajo el escrutinio de un contrapeso, por ejemplo, la confirmación de un Senado, pero, sobre todo, dentro de un sistema donde las cortes gozan de mayor independencia de los poderes políticos, de manera que la manipulación de la justicia desde la persecución penal se ve reducida por un control de esas cortes relativamente más independientes. En Guatemala podríamos también revisar el proceso de designación del Fiscal General. Por supuesto que es deseable que la persecución penal desde el Ministerio Público no esté al servicio de intereses políticos ni para garantizarles impunidad, de la misma manera que es el ideal en las cortes. No obstante, considero que lo más importante sigue siendo procurar cortes independientes que sirvan de un freno y contrapeso efectivo frente a un Ministerio Público que no persiga la justicia con objetividad e independencia del poder político.

Lo que vemos en la actualidad en Guatemala son realmente los síntomas, las consecuencias, que han venido en constante escalamiento, de un sistema de justicia pésimamente diseñado para considerar que sea funcional, efectivo e independiente; o perfectamente diseñado para operar en favor de los intereses políticos que lo controlan. De tiempo venimos viendo cómo el Ministerio Público, Juzgados y Cortes se instrumentalizan con sesgo y selectividad para perseguir adversarios desde posicionamientos políticos e ideológicos o para garantizar inmunidad e impunidad para quienes están detrás de dichos operadores. Y las denuncias de ese sistema de justicia comprometida se plantean más bien desde la perspectiva de las afinidades que en uno y otro sentido se profesan, incluso en la prensa, igualmente comprometida, como si se sujetaran a aquella desafortunada frase, “para mis enemigos, la ley”. Para quienes no participamos de ese juego, y quienes verdaderamente buscamos un mejor país, es hora de que vayamos a la raíz del problema y retomemos la discusión de forma seria y objetiva, sobre cómo reformar nuestras instituciones de justicia.

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Alejandro Baldizón

Abogado y Notario, catedrático universitario y analista en las áreas de economía, política y derecho.

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