Justicia comprometida (Parte 2)

Evolución

La semana pasada exponía algunas ideas sobre la importancia de reformar los procesos de designación de las altas magistraturas del país en el campo de la justicia con el objetivo de evitar, como sucede actualmente, que dichos procesos sean dominados por intereses políticos que buscan colocar a sus operadores en esos puestos para procurarse impunidad o instrumentalizar la justicia a su favor. Continúo con el análisis en el sentido que el enfoque sobre el cual se basan dichas propuestas de reforma debe considerarse también en cuanto a los efectos positivos que esto pueda tener hacia el resto del sistema de administración de justicia. En pocas palabras, las soluciones deben plantearse yendo a la raíz del problema, y partiendo de la cabeza hacia abajo. Comentaba que muchos de los hechos que hoy se denuncian, tanto en términos de abusos de autoridad y selectividad en función de intereses políticos por parte de fiscales y jueces, lo cual también se ha traducido a persecuciones penales en contra de los propios fiscales y jueces bajo esos mismos parámetros de instrumentalización de la justicia, son solamente los síntomas más notorios que evidencian la gravedad del problema de fondo. Pero, en realidad, nada de esto es nuevo en Guatemala puesto que, como he aseverado, el sistema de justicia está pésimamente diseñado para considerar que sea funcional, efectivo e independiente o, más bien, perfectamente diseñado para operar en favor de los intereses políticos que lo controlan.

Así que, enfocándonos en ese carácter instrumental de la justicia en su nivel operativo más básico, es decir en el actuar de jueces de instancia o agentes fiscales, se debe entender que esa disfuncionalidad se puede empezar a corregir en cuanto se componga la cabeza y niveles superiores del proceso de justicia. En la medida que resolvamos el problema de tener una Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema o Corte de Apelaciones comprometidas, y para ser preciso me refiero a la acepción que implica que las mismas estén en situación de riesgo o peligro, en esa medida podremos empezar a dotar también de mejor funcionalidad a los tribunales, juzgados y agencias fiscales inferiores. Por un lado, he enfatizado la dimensión temporal. El hecho que las cortes se renueven en pleno en ciclos políticos cortos es uno de los principales factores que contribuyen a la politización de las mismas. Lo mismo sucede con los jueces, en el sentido que cada período corto deben mendigar a las nuevas autoridades judiciales para ser confirmados en sus cargos, lo cual muchas veces implica sumisión a los mismos intereses de arriba y pagos de favores. Por lo tanto, los jueces y fiscales deberían gozar también de la misma estabilidad temporal y permanecer en sus cargos en tanto no den lugar a causales concretas para su remoción. Por otro lado, al corregirse los problemas en los estratos más altos, por ejemplo Corte de Apelaciones y Corte Suprema, dándoles esa mayor estabilidad e independencia de influencias políticas como lo expuse en el artículo anterior, primero, se estabilizan también los criterios judiciales que deben seguir los juzgados inferiores, dando certeza más durable al sistema y, segundo, se contaría con mejores mecanismos de control y revisión judicial de las magistraturas superiores sobre los jueces inferiores, de manera que los primeros podrían enmendarle la plana, por así decirlo, a aquellos jueces y fiscales descarrilados que pretendan, en el nivel operativo básico, instrumentalizar la justicia en función de intereses específicos. Porque independencia judicial no significa dejar hacer a los jueces lo que quieran, especialmente para favorecer a los intereses que les convengan, como algunos pretenden. Independencia significa que los jueces deben resolver imparcial y objetivamente, conforme a derecho, sin estar sujetos a las presiones de aquellos a quienes no les interesa que así sea. Y así, creo que podemos entender por qué esa auténtica independencia que tiene que venir desde los niveles superiores y caer como en cascada hacia los niveles inferiores, es vital, y qué es lo que debemos hacer para consolidarla.

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Alejandro Baldizón

Abogado y Notario, catedrático universitario y analista en las áreas de economía, política y derecho.

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