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Gobierno de EUA intenta asaltar el Ministerio Público

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Algún amigo me ha planteado esta pregunta: “¿Por qué se le otorga esa enorme importancia a la designación del Jefe del Ministerio Público?” Comienzo a responderle, de esta manera: “Ese ministerio constituye, de hecho, el cuarto organismo del Estado.”

El Organismo Legislativo decreta leyes; y tiene un presidente. El Organismo Judicial juzga sobre cumplimiento o no cumplimiento de la ley; y tiene un presidente. El Organismo Ejecutivo obliga a cumplir la ley y la sentencia del juez; y tiene un presidente. El Ministerio Público, y solo ese ministerio, o exclusivamente él, puede promover un proceso judicial penal; y tiene un presidente, que es el jefe de ese ministerio, y en tal calidad, es también Fiscal General de la República, a quien compete precisamente la persecución penal, ya en nombre del Estado, ya a partir de una denuncia presentada por el ciudadano.

Realmente solo el Ministerio Público puede promover “la acción penal” y dirigir “la investigación de los delitos de acción penal pública.” Y solo a él compete “investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante de los tribunales”; y “dirigir la policía” y los otros “cuerpos de seguridad del Estado en la investigación de hechos delitivos.” Uno podría afirmar que, de hecho, solo el Ministerio Público puede previamente dictaminar que un determinado acto es o no es delictivo; y si lo es, solo él puede actuar para que el juez inicie un proceso judicial penal.

Por ello, la designación del Jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la República es objeto de “enorme importancia”; pero actualmente esa designación ha adquirido mayor importancia porque fuerzas políticas e ideológicas nacionales, extranjeras e internacionales ya no ocultan su intento de ejercer el poder que tiene ese ministerio y esa fiscalía sino que lo manifiestan con arrogante cinismo.

Es el caso de políticos de Europa y de los Estados Unidos de América, que quieren ejercer ya no solo el poder legislativo, judicial y ejecutivo del Estado de Guatemala, sino también el poder de persecución penal, y por ello pretenden evitar que sea designado un Jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la República que obstruya o impida que lo ejerzan.

Precisamente los políticos del Departamento de Estado, de los Estados Unidos de América, han manifestado con franqueza su delictiva oposición a una nueva designación de Consuelo Porras porque ella les obstruiría o les impediría ejercer, de hecho, la Jefatura del Ministerio Público y la Fiscalía General.  Tal manifestación del Departamento de Estado fue consignada en un documento portador de estas intenciones y advertencias:

“El gobierno de los Estados Unidos de América se propone promover un proceso transparente de selección del Fiscal General del Ministerio Público en Guatemala, y manifestarle al Presidente Alejandro Giammattei su preocupación sobre una posible candidatura de Consuelo Porras para Fiscal General del Ministerio Público.”

“El gobierno de los Estados Unidos de América debe enfocarse… en que el Gobierno de Guatemala (1) no incluya a Consuelo Porras, o a otro individuo que los Estados Unidos de América considere que es un actor corrupto o antidemocrático, entre los candidatos a Jefe del Ministerio Público en el proceso de designación del año 2022; y (2) si Porras es incluida entre los candidatos, exigirle al presidente que no la designe.”

“Si el Gobierno de Guatemala no apoya y garantiza un proceso transparente de selección y designa a un candidato sujeto a acusaciones creíbles de corrupción, o que previamente el Gobierno de los Estados Unidos de América haya considerado que es actor corrupto o antidemocrático, le advertiremos claramente al presidente Giammattei… que será imposible brindar cooperación para el pleno cumplimiento de la ley, y que se suspenderá el programa de cooperación con el Ministerio Público, y emprenderemos acciones posteriores para promover, contra los miembros de la Comisión de Postulación, o de cualquiera que haya subvertido el proceso, la sanción por responsabilidad en actos de corrupción, incluida la restricción de visa…”

“Si Porras u otros candidatos que pueden ser objeto de acusaciones creíbles de corrupción se incluyen en el grupo final, recomendaremos a la Casa Blanca llamar al presidente Giammattei para exigirle que demuestre su compromiso con el gobierno de la ley seleccionando a un candidato que no esté expuesto a acusaciones creíbles de corrupción…”

En suma, el Gobierno de los Estados Unidos de América interviene en el proceso de designación del nuevo Jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la República, con el fin de impedir que Consuelo Porras no sea designada; y si ella es, como ya lo es, uno de los candidatos, el Presidente de los Estados Unidos de América debe ordenarle al presidente Giammattei que no la designe.

O en suma: el Gobierno de los Estados Unidos de América ha intentado, intenta e intentará que el presidente Alejandro Giammattei designe Jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la República, a aquel que sea su dócil servidor, y entonces pueda ejercer el cuarto poder del Estado de Guatemala.

Post scriptum. Confío en que el presidente Giammattei no permitirá que el Gobierno de los Estados Unidos de América asalte el Ministerio Público, y que designará a Consuelo Porras, si cree que es el candidato más idóneo para ejercer la presidencia de aquel cuarto poder. Y no debe temer amenazas del gobierno más poderoso del mundo. Él también puede ser recíproco en la amenaza: no cooperar con combatir el tráfico internacional de drogas en nuestro país.

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