Crónica de una Fiscal anunciada

Evolución

Estamos muy próximos a que el presidente haga la designación de quien ejercerá el cargo de fiscal general para el nuevo período que comienza este mes. Y es muy probable que sea la actual fiscal, Consuelo Porras, quien resulte reelecta. Y en caso se diera una sorpresa, de igual manera hay figuras dentro de la nómina final de seis que son allegadas al presidente, de manera que, quien resulte electo, sin duda tendrá alguna afinidad con el jefe del ejecutivo que lo nombró, como siempre sucede, lo cual potencializa la posibilidad de favorecer al poder de turno y sus allegados con cierto grado de inmunidad, que se traduce en impunidad, como ha sido costumbre en este país.

Como en otras ocasiones, el proceso de postulación se desvirtuó desde el momento que la comisión de postulación abandonó su función de “postular”, es decir de proponer, a personas destacadas y con notables cualidades, y se limitó a recibir expedientes de quienes deseen autopostularse, a sabiendas que cuentan con ciertos respaldos dentro de los comisionados y, más bien, los diversos intereses que los controlan. También desde que el proceso se desvirtuó en el sentido que los diversos intereses políticos encontraron el camino para que sus tentáculos permeasen las diversas organizaciones que participan en el proceso, tales como cortes nombradas por políticos, el colegio de abogados y universidades con facultades de “derecho” ad hoc. La movida clave se dio cuando por medio de un amparo promovido en contra del actuar de la comisión de postulación, pero en el cual se incluyó también como autoridad recurrida al presidente, se logró un pronunciamiento directo e inmediato de la corte de constitucionalidad, quien, si la acción hubiese sido dirigida únicamente contra la comisión de postulación, como debió haber sido puesto que aún no ha habido actuación del presidente qué reclamar, no hubiera sido el tribunal competente para conocer del amparo. Pero la corte, siguiendo los pasos de su antecesora, que disfrutaba abusar de sus atribuciones, decidió conocer, resolver y decretar el amparo provisional “a prevención”, ordenando a la comisión de postulación para que de inmediato integrase la nómina respectiva con seis candidatos (cuando faltaba uno), atendiendo a “criterios meritocráticos”, ante el riesgo de incumplir el plazo constitucional, “bajo los apercibimientos de ley pertinentes”. En pocas palabras, y aunque cada comisionado podría haber aplicado a su leal saber y entender los “criterios meritocráticos”, sin mucha sutileza, merced a esos apercibimientos, la corte provocó la inclusión expedita de Consuelo Porras como la sexta finalista, tal como fue incluso expresado por los propios comisionados quienes dieron diligente cumplimiento a la resolución de la CC, aplicándola en ese sentido particular. Si bien esta corte no ha llegado al nivel de usurpaciones y atropellos que sí lo hizo su antecesora, con resoluciones como esta, empieza a dar pasos en ese mismo camino.

Y, al final, esa es, en buena medida, la razón del porqué hemos llegado a este punto. Las instituciones siempre han estado cooptadas, lo que ha cambiado han sido los intereses políticos e ideológicos que las controlan y las agendas que se promueven. Las destituciones y subsiguientes acciones penales entabladas desde la actual administración del ministerio público, si bien reprimibles, son en parte retaliaciones por otros tipos de abusos y persecuciones política e ideológicamente motivadas que también se dieron en administraciones anteriores, e igualmente reprensibles. Por supuesto y que quede claro que no estoy justificando ninguna de estas actitudes, para cualquiera de los bandos; como también he reconocido que, dentro de aquellas, también se produjeron acciones rescatables en algunos casos de corrupción.

Parafraseando al grande, me resisto a admitir que la justicia termine por parecerse tanto a la mala literatura, y a resignarme a que deba quedar en manos de hombres de mala ley, de animales de mierda que no son capaces de hacer nada que no sean desgracias. Pero, para ello, como tantas veces he dicho, la clave está en reformar los procesos de designación y, sobre todo, de eliminar toda influencia política o de intereses especiales de las cortes, porque solo con cortes independientes puede existir el control judicial necesario para que la justicia no se manipule, en cualquier sentido, desde el ministerio público. Si no, como dijo Gabo, moriremos sin entender nuestra muerte.

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