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Certera acusación del Señor Presidente al Gobierno de EUA

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He sido crítico del Señor Presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei; pero no he pretendido ni me importa que él sepa de esa crítica. He pretendido y me importa que algunos ciudadanos, entre ellos mis amigos, sepan de ella. Actos recientes del Señor Presidente invitan a que esa crítica reconozca un mérito de él. Es mérito en política exterior: ha intentado oponerse a la abusiva intención extranjera e internacional de gobernar Guatemala.

El acto meritorio más reciente del Señor Presidente, en la esfera de las relaciones entre naciones, consistió en acusar al gobierno del presidente Joseph Robinette Biden, de los Estados Unidos de América, de conspirar para derrocarlo. La acusación fue expuesta durante una entrevista que él concedió a la institución denominada Alianza Global por la Libertad.

El Señor Presidente mencionó a tres conspiradores, que son funcionarios del Departamento de Estado, o Departamento de Relaciones Exteriores de Estados Unidos de América. Ellos son Todd Robinson, ex embajador en Guatemala; Juan González y Brian Nichols. Entre los conspiradores pudo haber mencionado al embajador actual William Popp, y a la directora de la Agencia Internacional para el Desarrollo, Samantha Power.

El Señor Presidente denunció, ahora con más franqueza o más claridad, la intención del Departamento de Estado, de obligarlo a no designar a Consuelo Porras, para ser Jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la República; y reconoció que funcionarios de ese departamento lo amenazaron con sanciones si la designaba.

El Señor Presidente aludió a un “virulento” ataque del Departamento de Estado contra su gobierno. También aludió,  aunque imprecisamente, a la pretensión del Gobierno de Estados Unidos de que Guatemala le confiera al aborto el estatus de un ordinario acto legal. Y acusó a la misión de la Agencia Internacional para el Desarrollo, de promover la “autonomía de los pueblos indígenas”, no contemplada por la Constitución Política.

El Señor Presidente opinó que el régimen de administración oficial de justicia debe ser reformado; pero no con la intervención de jueces, fiscales y policías internacionales. No, pues, con la intervención del gobierno de los Estados Unidos de América, ni con la intervención de la Comisión de la Unión Europea, ni con la intervención de la Organización de las Naciones Unidas. Y declaró que la extinta organización criminal llamada Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, provocó un debilitamiento del régimen judicial de nuestro país, porque fue más corrupta que la corrupción que supuestamente debía perseguir.

El Señor Presidente reprobó a los embajadores que, con su presencia en actos judiciales, intentan influir en los jueces, para que aquellos acusados que disfrutan de la simpatía política o ideológica de ellos (los embajadores), no sean declarados culpables, aunque en el curso del proceso judicial hubiera prueba suficiente de que son culpables. Un ejemplo lo ha brindado el embajador de los Estados Unidos de América, quien se ha presentado en actos judiciales para “solidarizarse” con el acusado, e intimidar a los jueces, e insinuar que si dictan sentencia que a él no le complace, pueden perder el permiso de viajar a aquella nación.

Y el Señor Presidente explicó que no aceptó la invitación a asistir a la Cumbre de las Américas, precisamente por las pretensiones del gobierno del presidente Biden, de inmiscuirse en asuntos internos de Guatemala; y porque había sido un invitado previamente “mal tratado”.

Post scriptum. Distinguimos lúcidamente entre el pueblo de Estados Unidos de América, uno de los más grandiosos pueblos en la historia de la humanidad; y el gobierno del presidente Joseph Robinette Biden, que arroja una mancha cenagosa en la historia de ese pueblo. Admiramos a ese pueblo; pero maldecimos a su gobierno actual, al cual Guatemala debe exigirle que  respete su soberanía. Pueblo pobre e indigno es dos veces pobre.

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