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Juez Gálvez debe ser juzgado y condenado

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La Corte Suprema de Justicia permitió que el juez Miguel Ángel Gálvez sea sujeto de investigación criminal, y de proceso judicial penal. El permiso fue solicitado por la Fundación Contra el Terrorismo, que lo acusa de varios delitos, uno de los cuales es el prevaricato.

Según el Código Penal de Guatemala, comete ese delito el juez que dicta un veredicto del cual sabe que no es legal, o no lo fundamenta en hechos. Es un delito gravísimo que, sin embargo, el código castiga generosamente: prisión de dos a seis años, si el veredicto no es sentencia condenatoria, y de tres a diez años si lo es.

En nuestro país, los jueces tienen garantía de “antejuicio”; lo cual significa que pueden ser detenidos o sometidos a procedimiento penal solamente si lo  permite una autoridad a quien la ley le otorga precisamente competencia para permitirlo. Es decir, esa autoridad “antejuzga” al juez, y dictamina que puede ser o no ser detenido o sometido a procedimiento penal. En el caso de los jueces, tal autoridad es la Corte Suprema de Justicia.

El prevaricato cometido por el juez Gálvez consistió en ordenar, el 6 de mayo del presente año, la prisión de varios militares veteranos, detenidos el 27 de mayo del año anterior, que presuntamente cometieron graves delitos durante la insurgencia guerrillera eficazmente combatida por el Ejército de Guatemala; pero no fundamentó esa orden en hechos, sino en ficciones consignadas en un documento denominado “Diario Militar”. No se sabe quién es el autor del documento y, por supuesto, podría haber sido inventado; y por ello no podría ser un fundamento para ordenar la prisión de los militares.

En un artículo de Washington Office on Latin America, u Oficina de Washington para América Latina, denominado Juez en Guatemala amenazado tras ordenar juicio por caso Diario Militar de los años 80, publicado el 24 de mayo del presente año, cuyos autores son Jo-Marie Burt y Paolo Estrada, se lee: “Además del documento (se alude al ficticio Diario Militar), el juez Gálvez tuvo que considerar unas 8,000 pruebas presentadas por los demandantes, incluyendo testimonios de víctimas, documentos militares y documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos. La Fiscalía de Derechos Humanos dijo que también presentaría documentos incautados en el domicilio de uno de los acusados al momento de su detención el 27 de mayo de 2021.”

¡Ocho mil pruebas! Es decir, los militares se habrían especializado en multiplicar infinitamente las pruebas para que pudieran ser sujetos de acusación, persecución penal, proceso judicial y condena! Es inverosímil hasta lo absurdo. ¡Y el juez Gálvez tendría que haber examinado, investigado y comprobado la validez de ocho mil pruebas! Si el examen, la investigación y la comprobación de cada prueba le hubiera consumido un tiempo promedio de dos horas, habría consumido un tiempo total de cuatro mil horas, o quinientos días de trabajo de ocho horas cada uno. Es inverosímil hasta lo absurdo. ¡Y todos los testimonios habrían sido veraces, y habrían tenido una perfecta consistencia hasta constituir una impresionante totalidad probatoria! Es inverosímil hasta lo absurdo.

El juez Gálvez se convirtió en héroe judicial de la izquierda nacional, internacional y extranjera por haber ordenado iniciar el proceso judicial en el que el militar Efraín Ríos Montt fue juzgado presuntamente por haber cometido el delito de genocidio. El Código Penal de Guatemala declara que es genocida quien comete hechos criminales “con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso.” La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio lo define de esta manera: “acto criminal cometido con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.” Es un delito que nunca ha sido cometido en Guatemala y, por lo mismo, no podían ser invocados hechos en los cuales hubiera podido fundamentarse la orden del juez Gálvez, de juzgar a Ríos Montt, por presunto genocidio. Fue su primer acto notable de prevaricato. Un tribunal condenó a Ríos a Montt; pero la condena fue finalmente invalidada por una resolución de la Corte de Constitucionalidad, que ordenó repetir el proceso judicial hasta una etapa anterior a la condena.

El juez Gálvez se convirtió en héroe judicial de la izquierda nacional, internacional y extranjera; pero específicamente de aquella que pretende vengarse de los militares que combatieron a la insurgencia guerrillera, y la derrotaron, y la obligaron a refugiarse en “acuerdos de paz” que realmente fueron acuerdos de rendición. No le importa, a esa izquierda, que el juez Gálvez haya cometido el delito de prevaricato. No. Puede cometerlo diez, cien o mil veces, si el propósito es condenar a militares que, con su eficiente ataque a la insurgencia guerrillera, impidieron que Guatemala fuera un país socialista, o un país destruido por el socialismo, como Cuba y Venezuela.

Y ordenar, con evidente prevaricato, la llamada “prisión preventiva” de militares veteranos, y no permitir el arresto domiciliar de aquellos que padecían una enfermedad mortal, y complacerse en que murieran en prisión, fue un vicio  del juez Gálvez, que la izquierda nacional, internacional y extranjera que lo adula, convirtió en virtud. Y el juez ha declarado que, por tener esa rara virtud, está amenazado, y que es perseguido, y que la justicia llora. Y la izquierda, aquella misma izquierda nacional, internacional y extranjera, maldice a la Corte Suprema de Justicia, por haber permitido que el virtuosísimo juez Gálvez pueda ser detenido o sometido a procedimiento penal.

Por supuesto, es exclusiva competencia de los jueces dictaminar sobre la culpa o la inocencia del juez Gálvez; lo cual no me impide opinar sobre la conducta de ese juez y su destino judicial. Y mi opinión es que, en el caso de militares acusados de cometer delitos graves durante el tiempo de la insurgencia guerrillera, este juez ha actuado políticamente, ideológicamente, perversamente, y ha cometido el delito de prevaricato; y debe ser juzgado, declarado culpable y condenado. Y hasta debe estar ya en esa clase de prisión por la que ha tenido una maléfica predilección: la llamada “prisión preventiva”.

Post scriptum. Que el juez Gálvez sea juzgado, declarado culpable y condenado; y que proteste, que grite, que se queje, que llore y que se consuma en lamentaciones esa izquierda nacional, internacional y extranjera, ansiosa de vengarse, mediante la corrupción de la función judicial, de los militares que derrotaron a la insurgencia guerrillera, y la obligaron a la rendición mediante “acuerdos de paz”. Luego de haberse rendido, esa insurgencia se ha expuesto a procesos electorales en los cuales ha sido humillada por los electores.

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