Los ojos que no ven a Guatemala pluricultural

Tanmi Tnam

Según el XII Censo de Población del año 2018, en Guatemala hay un poco más de 14 millones de habitantes, de los cuales 6 millones y medio o sea casi el 44% pertenecen a los pueblos originarios que hoy se localizan en distintos puntos del país. Pero faltan ojos para reconocer la presencia, participación y representación de los pueblos originarios en las estructuras de poder con que cuenta el Estado de Guatemala. Los principios, los conocimientos y las prácticas sobre los que se fundó el Estado son de la época colonial y en pleno Siglo 21 siguen sosteniendo el poder y la riqueza de pocos. Este liderazgo que padece ceguera, no cede espacios para concretar los acuerdos de reflexiones conjuntas que tratan de dar respuestas políticas que deberían conducir al país a tiempos democráticos con posibilidades de disminuir el racismo, la discriminación, la desigualdad y la pobreza.

El liderazgo actual del país padece ceguera porque no logra ver a los pueblos originarios Maya, Xinka y Garífuna y esta actitud solamente genera los conflictos políticos y económicos que tienen a la mayor parte de la población sumida en el desconocimiento y en la pobreza. Los politiqueros viven de las falsas promesas y de la corrupción, los que entienden de economía nada más defienden sus argumentos y prácticas basadas en la explotación de los débiles, los que se dedican a interpretar la realidad nacional no logran comprender la complejidad de esa realidad porque sus conceptos son de la colonia y con estos conceptos inspiran la repetición de conocimientos en los espacios que les corresponde actuar.

Recientemente se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y en distintos puntos del país, hubo actividades organizadas por los propios pueblos interesados y en tanto en el Congreso de la República se viene discutiendo la aprobación de una iniciativa de ley cuyo espíritu y práctica se refieren a la represión contra manifestantes, que en muchos casos demandan la atención a sus legítimos derechos individuales y colectivos. Una revisión rápida a las leyes emitidas por el Congreso desde su fundación a la fecha, resaltan las leyes racistas, discriminadoras y provocadoras del estado de empobrecimiento en que se encuentran los pueblos originarios. Es también racista el poder ejecutivo y el poder judicial. El primero genera y administra políticas monoculturales que no responden a la multietnicidad del país y el judicial no reconoce plenamente la forma de administrar justicia con que cuentan los pueblos originarios. En fin, tenemos un Estado racista.

Distintos sectores señalan que la educación escolar es uno de los medios que ha sostenido la argumentación y la práctica del racismo en Guatemala. Basta ver los apuntes del estudiantado y los textos de lectura de cualquier nivel educativo donde luce la ausencia del estudio acerca de los pueblos originarios.

Nada más para enumerar algunos hechos de impacto del racismo en la vida de los pueblos originarios en Guatemala: muerte lenta de los idiomas, desplazamiento de los conocimientos, historia distorsionada, prácticas que anulan las relaciones con los elementos naturales del entorno, problemas de salud, crisis de identidad, debilitamiento de las organizaciones propias, emigración, entre otros.

Necesitamos construir el país donde los pueblos gocen de los derechos colectivos, su participación y representación en los asuntos políticos para alcanzar el bien común y que entre todos se aporte para la construcción del Estado incluyente donde se viva la justicia, la paz, la igualdad y la democracia.

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