¿Y dónde está el dinero parte 33 1/3: El insulto final?

Barataria

Nos alarmaron, nos asustaron y nos encerraron en tanto planificaban el perverso saqueo del dinero público.

Al inicio de la pandemia provocada por el COVID 19 el señor Giammattei, cual buen actor, un 13 de marzo 2020, en medio de una conferencia de prensa que ofreció en el Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia en la zona 2, “recibió una llamada” para anunciar la primera persona enferma de esta enfermedad.  Lo demás es historia, nos alarmaron, nos asustaron y nos encerraron en tanto planificaban el perverso saqueo del dinero público.  A puro Estado de Prevención, limitaron la movilidad, suspendieron las actividades de trabajo que ellos quisieron y además de ello buscaron una forma de que el dinero público se utilizara sin normas de transparencia.

Por medio de decretos de urgencia nacional se previeron fondos de dinero utilizados a granel, sin cortapisas y a través del Crédito Hipotecario Nacional como banco nacional se dispusieron los fondos por miles de millones de dinero.  Todo mundo clamó ¿Dónde esta el dinero? Porque nunca se ha logrado determinar a dónde fueron a parar tantos miles de millones que supuestamente iban destinados a la micro, pequeña y mediana empresa; ni los fondos que supuestamente iban a rescatar a los comerciantes, a los profesionales que ejercían su profesión liberalmente u otros fondos que nunca se ha sabido su destino.

Hoy en día, casi dos años después de ese saqueo, el Gobierno nunca dio cuentas claras, no transparentó el uso de esos recursos que no son propiedad del gobernante, sino que son dineros públicos, se niega a revelar el nombre de los beneficiados, monto de los créditos y adónde fue a parar tanto dinero y mientras más tiempo pase para mucho que mejor, hay otros problemas en Guatemala, para dedicarle tiempo a eso.

Sin embargo, en el mismo decreto que se autorizaron estos fondos que corresponden a los que administró el Crédito Hipotecario Nacional, se establece que es la Contraloría General de Cuentas la entidad responsable de la fiscalización de esos recursos y además existe la obligación tanto de los Ministerios de Estado que administraron estos recursos, como del propio Banco Crédito Hipotecario Nacional, de remitir al Congreso de la República (para conocimiento de todos los diputados) un informe circunstanciado en dónde se indique el uso y beneficiarios del uso del dinero de los fondos, además de publicar en sus respectivas páginas dicho informe.

Lo anterior ha resultado una brasa caliente para gobierno de turno, puesto que al parecer las cuentas no están muy claras, quizá no cuadran o a lo mejor aparecerían muchas sorpresas y como ha sido característica de este gobernante, la opacidad es la forma de gobernar.

Como siempre ha sucedido durante la actual presidencia existe una gran complicidad del Congreso de la República que sigue al señor Giammattei en todo lo que desea, en sus disparates más aviesos y en su forma de gobernar, le apoya ciegamente, y por ello, pretenden aprobar la iniciativa 6120 que denominan “Ley De Respuesta Y Supervisión Financiera Para Los Fondos Covid”.  De por sí el nombre de la iniciativa de ley parece no solo un sinsentido, un disparate y una burla para el pueblo de Guatemala.  Para qué vamos a necesitar de una ley para dar respuesta sobre qué paso con los fondos que se usaron de apoyo por la pandemia del covid, cuando por mandato legal la información que maneja el Estado de Guatemala salvo pocas excepciones es pública.

Por mandato constitucional, la Contraloría General de Cuentas es la entidad del Estado que deberá fiscalizar el uso de los fondos públicos, pero en la famosa iniciativa de “ley de respuesta” se pretende apartar a esta institución por la Superintendencia de Bancos para que sea esta la que verifique el uso de los recursos.

Este Gobierno se ha caracterizado por buscar la forma de cubrir todas sus fechorías; ha creado tensión diplomática con Rusia visitando a Ucrania, después de que hizo un negocio oscuro sobre las Vacunas Sputnik, para dejar en el limbo no solo un contrato que no conocemos al día de hoy sino el final cumplimiento del mismo que posiblemente termine causándole mas perdidas al pueblo de Guatemala.  Se empeña en promover una ley que busca reprimir las manifestaciones, además de esta ley que busca ocultar el destino final de tantos dinero que no se sabe a quién beneficiaron, pero que seguramente van a aparecer muchas sorpresas.  El Gobierno ya cooptó todas las instituciones y tiene el apoyo de muchos diputados del Congreso que no les importa mas que sus propios intereses, con mayoría califica aprueba leyes a su sabor y antojo, pero leyes que son necesarias para el país como una Ley que regule el uso de recursos hídricos no la aprobarán jamás, pero para leyes que cubren los caprichos presidenciales esas corren rápido como las leyes que disponen recursos, deciden fondos y destino de estos esas son las que se aprueban al instante.

El problema de los fondos que se dispusieron en tiempo del inicio de la pandemia de COVID, allá en el 2020 estriba en la opacidad con que se utilizaron, no se sabe a quienes se les dieron prestamos, quienes fueron beneficiados, tampoco se sabe si calificaban o no para recibirlos además de que no se sabe si los han pagado al día de hoy o nunca lo hicieron y para hacer pública esta información no se necesita una ley, se necesita ética y moral para hacer lo correcto.  Hace muchos años, el banco denominado BANDESA era utilizado para dar créditos a diestra y siniestra sin que los beneficiarios que regularmente eran recomendados, los cancelaran, así arrastraban una mora bancaria muy grande.  Hoy en día se pretende escudar en el “secreto bancario” para que el Crédito Hipotecario Nacional rinda informe sobre los dineros de todos los guatemaltecos, que se usaron en los fondos para combatir los efectos económicos del COVID y que ahora se pretende continuar ocultando.

La opacidad para la función pública, es el manto de la corrupción e impunidad. Preguntamos: ¿Dónde está el dinero… el insulto final?

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Emilio Estrada

El Doctor Emilio Estrada, es abogado egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, obtuvo su PhD en Sociología en la Universidad de Salamanca, España, es abogado litigante.

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