La pasividad del Procurador de Derechos Humanos

Barataria

La figura de un Procurador de Derechos Humanos en Guatemala se incluyó en la Constitución de 1985, instituido como un Comisionado del Congreso de la República independiente con la función principal de procurar la defensa de los derechos humanos, supervisando la administración pública y entre sus funciones, que son muy variadas, es la de promover el buen funcionamiento y agilización de la función administrativa del gobierno en materia de derechos humanos así como la investigación y denuncia de comportamientos lesivos de la administración pública en contra de las personas.

Un Procurador de los Derechos Humanos constituye en si mismo una institución que puede denunciar toda clase de violaciones a los Derechos Humanos, recomendar en forma privada y/o pública a los funcionarios gubernamentales de cualquier comportamiento que sea objetado y también emitir censura pública por tales actos o comportamientos.

Ciertamente los anteriores dos Procuradores de Derechos Humanos, fueron funcionarios que utilizaron la Procuraduría para realizar gestiones sesgadas ya sea porque se manifestaron en favor de ciertos movimientos o bien porque abiertamente se expusieron como paladines de un grupo u otro.  Así, el señor De León Duque no tuvo la entereza de mantenerse independiente cuando se abanderó un movimiento de una fallida reforma constitucional y el señor Rodas Andrade mantuvo un sesgo ideológico insensatamente en donde se denunciaba dependiendo de que si los afectados eran de “un bando”, pero cuando era de otro no se actuaba similar, entonces era un procurador de derechos humanos para una parte de los guatemaltecos y no para todos, permitiendo abusos de funcionarios especialmente de sistema judicial.

El actual Procurador de Derechos Humanos, el señor José Alejandro Córdova, llegó a ser electo principalmente porque se le consideró el candidato por excelencia del actual gobernante en contubernio con sus peones en el Congreso de la República. No se esperaba que el Licenciado Córdova fuera un procurador independiente, pero si se esperaba que no fuera tan servil como lo ha hecho hasta el día de hoy.  Lamentablemente tenemos un procurador de derechos humanos que es literalmente un cero a la izquierda, no se ha pronunciado claramente en ningún sentido y cuando lo hace trata la manera de no señalar directamente a la administración pública.

Han existido graves situaciones en las cuales hay responsabilidad directa de la administración pública sin que se pronuncie con claridad sobre el actuar de tales funcionarios.  Para muestra podremos indicar que, el socavón en Villa Nueva en el cual perdieron la vida dos personas y otros más resultaron lesionados quedamos esperando una declaración contundente la cual no recibimos.  No se pronunció sobre los 17 fallecidos en el accidente de tránsito en Jocotán, Chiquimula y tampoco se ha manifestado en un hecho en el cual se vieron involucrados agentes de la Policía Nacional Civil en la captura de dos personas en San Miguel Petapa.  Así podemos seguir porque la lista es larga y el Procurador de Derechos Humanos tiene una pasividad exacerbada que hace recordar a la fiscal general en sus primeros meses en el cargo cuando se le preguntaba sobre alguna situación en especial y manifestaba que se encontraba “vigilante”, tanto así que ahora actúa de una manera mas proactiva pero equivocando su función.

El problema es que un Defensor del Pueblo, tiene la función de denunciar, de censurar y de advertir cuando los funcionarios de la administración pública no realicen su función o cuando, por omisión de sus funciones resulten en graves violaciones de los derechos humanos.  Pero tener un Procurador de los Derechos Humanos complaciente y con poca independencia es un grave problema tanto como si fuera sesgado ideológicamente, puesto no existiría la denuncia de quien es considerado un “Magistrado de Conciencia”, precisamente porque es la voz autorizada institucionalmente para hacer eco del clamor de los ciudadanos frente a las muchas violaciones de derechos humanos que sufre la población. 

Las omisiones de los funcionarios públicos que provocan perdidas de vidas en la población, la falta de controles y transparencia y los abusos de poder por parte de la Policía Nacional Civil o las Policías Municipales de Tránsito deben ser objeto de censura por parte del Procurador de Derechos Humanos, pero si el actual procurador emite comunicados en donde busca “no ofender” a las autoridades y quedar bien con quienes lo pusieron en el cargo entonces no va ha existir un canal de denuncia institucionalizado constitucionalmente para señalar aquellos actos del gobierno y las autoridades que se considere una violación a los derechos humanos o bien para abrir investigaciones en contra de funcionarios por la violación estas garantías constitucionales.

La pasividad del actual Procurador de los Derechos Humanos le esta haciendo un grave daño a la democracia de este país y la institucionalidad que de por sí está deteriorada.  Ante todos los actos de corrupción que cobran vidas y que constituyen una violación sistemática de los derechos humanos de los guatemaltecos, la voz del procurador de derechos humanos es necesaria, pero su pasividad y su silencio lo hace un cómplice perfecto para que internacionalmente Guatemala parezca en país de las maravillas, en tanto que aquí adentro las autoridades hacen lo que mejor les plazca. Ojalá el Procurador de Derechos Humanos pueda corregir el rumbo y tener la independencia ética para realizar su trabajo sin cortapisas.

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Emilio Estrada

El Doctor Emilio Estrada, es abogado egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, obtuvo su PhD en Sociología en la Universidad de Salamanca, España, es abogado litigante.