La deplorable producción legislativa
Existe Otro Camino
Una dinámica que se repite a diario y que ya no sorprende. La actividad parlamentaria goza, en términos relativos, de escaso prestigio, pero buena parte de esa percepción se encuentra amparada en la inocultable pobreza de la gestión de quienes tienen el deber de hacer una tarea diferente.
La política en general ha perdido esa respetabilidad que supo tener en otras épocas. Ese deterioro no sucedió repentinamente, sino que ha sido parte de una secuencia progresiva de caídas sucesivas y desilusiones constantes. Ese abrumador fenómeno tiene especiales particularidades cuando de la labor de los cuerpos colegiados se trata. Es que allí existe la presunción de que sus protagonistas aportan una muy baja productividad, ocupando un rol más bien secundario y por lo tanto todos imaginan que de allí nada positivo puede venir y que ni siquiera justifican su existencia. Por eso tantas veces ha aparecido la impronta de eliminar cámaras, reducir su número o hasta abolir la institución.
En una democracia republicana el equilibrio de poderes es central y la distribución de incumbencias está demarcada con enorme precisión, pero evidentemente esa virtud no se ha logrado comunicar eficazmente. Eso tal vez explique las sensaciones negativas populares que se imponen como verdad indiscutible, sin atenuante alguno. Recuperar una cuota de legitimidad no es un reto sencillo, sobre todo porque lo que se ve y se conoce no hace más que confirmar las pésimas impresiones que la comunidad tiene acerca del trabajo cotidiano del legislador.
Entender la relevancia que tiene disponer de un poder legislativo, comunal, provincial o nacional de jerarquía es vital, pero para que eso suceda la conducta corporativa e individual de sus integrantes debería estar alineada con esa misión esencial que ha validado su creación. En teoría se trata de un contrapoder, de una entidad que evita los abusos de los otros poderes, que pone frenos, controla y balancea asegurándose que todas las decisiones no queden en manos de un único actor principal.
La ciudadanía sólo visualiza “aprobadores” seriales, gente que levanta la mano para dar curso casi cualquier cosa que envía el ejecutivo, o que rechaza lo que sea que aparezca en el recinto sin mediar argumentos. No se identifica ese deseable espíritu de debate y construcción, de enriquecimiento conceptual y cuestionamiento a las propuestas originales, y entonces el desencanto nuevamente aparece. Por otra parte, es evidente que el nivel intelectual de algunos de los miembros parece ser mucho menor que sus pares del pasado. Ciertos legisladores no parecen estar a la altura de las expectativas, ni de las circunstancias graves de esta era. Los discursos son paupérrimos, el lenguaje deja mucho que desear y la ausencia de ideas concretas es demasiado elocuente.
Es que muchos políticos pretenden alcanzar sus bancas como parte de una carrera política, utilizan ese espacio como un peldaño en su trayecto hacia otra posición, que es la que realmente les entusiasma. Ni siquiera disimulan demasiado y lo explicitan en cuanta tribuna tienen a su alcance. El problema es que no están preparados para ese puesto. Están allí pero no tienen ni bosquejos ni saben siquiera cuál es el papel que implica ese lugar en el que están sentados. Creen que serán juzgados por la cantidad de proyectos presentados y terminan siendo funcionales a esa unidad de medida nefasta que algunos estimulan, como si escribir mucho fuera un mérito.
Así inician un derrotero patético promoviendo declaraciones de interés intrascendentes y multiplicando burocracia inconducente e improductiva. Están convencidos de que así transmiten la visión de que son útiles a la sociedad.
En muchos casos sería plausible que ciertas normas sean derogadas o simplificadas. El esquema óptimo no pasa por engendrar nuevas regulaciones sino a veces por quitarlas del medio, ya que las que están entorpecen y no ayudan para nada al desarrollo, siendo en ocasiones la verdadera razón del atraso.
Habrá que decir que no son capaces de redactar leyes trascendentes porque tampoco tienen la más mínima referencia sobre cómo hacerlo ni registran lo importante que puede ser una buena legislación para generar genuino progreso. Es justo decir que existen excepciones. Algunos se destacan positivamente y aportan una mirada bien distinta, mostrando su categoría, involucrándose a fondo, pero lamentablemente son casos aislados y no la regla.
Las leyes o las ordenanzas probablemente no resolverán todos los dilemas de la gente, pero si se entendiera cuánta utilidad tendría implementar un razonable sistema de premios y de incentivos adecuados que estimule buenos comportamientos, otra sería la realidad.
Los legisladores tienen en sus manos herramientas fabulosas. Podrían recuperar al menos parte de la dignidad que han perdido en algún momento, estudiando, perfeccionándose, conociendo otras experiencias y tomando lo mejor de ellas para plasmarlas en su accionar de rutina. Eso requiere de vocación y también de una alta dosis de compromiso. Hacer buenas leyes que contribuyan con el progreso e impedir que prosperen ridículas reglamentaciones debería ser el norte. No se trata de montar parodias que se publiquen en los medios de comunicación, tampoco de simular elevados estándares de actividad ni de engañar a los votantes sino de hacer lo correcto, honrar la responsabilidad que un grupo de personas depositó en ese espacio político y en ese dirigente, para brindar lo mejor pudiendo así ser de enorme utilidad pública si se comprende acabadamente el cometido y esa magnífica oportunidad que se presenta.
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