Miguel Ángel Gálvez: La renuncia de un juez prófugo
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El juez Miguel Ángel Gálvez, denunciado por cometer los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato y prisión ilegal, huyó recientemente. Se refugió en Costa Rica y renunció. Inicialmente mintió: negó que hubiera huido. La Fundación contra el Terrorismo denunció los delitos. La Corte Suprema de Justicia aceptó la renuncia.
El juez Gálvez ya era sujeto de antejuicio, es decir, una autoridad del Estado que la ley designa, que es la Corte Suprema de Justicia, había permitido que los actos delictivos presuntamente cometidos por él fueran investigados, y finalmente esa autoridad permitiría o no permitiría que fuera sometido a proceso penal.
Moralmente el juez Gálvez, si sinceramente creía que era inocente, debió admitir el antejuicio y estar dispuesto a someterse a proceso penal, y demostrar judicialmente que las acusaciones de que era objeto no eran válidas. Él habría brindado un ejemplo extraordinario de ejercicio honesto de la judicatura, precisamente porque él mismo se habría sometido a la ley a la que él mismo exigía someterse. Y habría podido proclamar su inocencia como si fuera grandioso tesoro, y exhibir sus actos judiciales como si fueran gloriosas hazañas.
Empero, inmoralmente el juez Gálvez intentó eludir el antejuicio y evitar, entonces, un posible proceso penal; y solicitó a la Corte de Constitucionalidad que lo amparara. No fue amparado. También impugnó al juez que, en el proceso de antejuicio, debía investigar los delitos presuntamente cometidos por él. La impugnación no fue aceptada. Parecía inevitable la prosecución del proceso de antejuicio. Entonces enriqueció su inmoralidad: huyó y renunció; y suscitó la impresión, no de que era inocente, sino la impresión de que quería evitar la demostración de culpa.
En el discurso en el que anunció su renuncia, el ya exjuez Gálvez dijo: “En estos momentos la independencia judicial está siendo manipulada.” Sin embargo, él contribuyó a someter el régimen judicial del país a intereses políticos e ideológicos nacionales, internacionales y extranjeros. Esos intereses fueron complacidos cuando ordenó que José Efraín Ríos Montt, quien gobernó durante una parte del tiempo de la insurgencia armada, fuera sometido a proceso penal por un delito que nunca ha sido cometido en nuestro país: el genocidio. Esos intereses también fueron complacidos cuando ordenó la prisión ilegal de exmilitares y expolicías acusados de detención ilegal, tortura, asesinato y desaparición forzada durante la insurgencia armada; e infundadamente también ordenó someterlos a proceso penal.
Él mismo, cuando era juez, también para complacer aquellos intereses políticos e ideológicos, de hecho afirmó que cualquier militar acusado de cometer crímenes durante el tiempo de la insurgencia armada, era culpable. Esa afirmación está tácitamente expresada en declaraciones de él, que reprodujo el periódico español El País, el 28 de octubre del año 2022: “Los militares quieren imponer un estado de terror en Guatemala… Quieren poner un manto de impunidad en los crímenes cometidos por altos mandos… El ingrediente militar es importante, porque ellos cuentan con la inteligencia militar para seguir a las personas que consideran sus enemigas.”
También en el discurso en el que anunció su renuncia, el exjuez Gálvez dijo que el régimen judicial de nuestro país no garantiza el “debido proceso”. Empero, cuando él fue juez no lo garantizó, y el proceso judicial fue “debido proceso” porque complacía a aquellos mismos intereses políticos e ideológicos, y disfrutaba de las felicitaciones y las ovaciones del embajador de Estados Unidos de América y de los embajadores de países de Europa, quienes quizá hasta lo premiaban secretamente. Dijo el exjuez Gálvez: “Durante el tiempo que he laborado se ha cumplido con todas las garantías.” Es el caso, sin embargo, que ordenó la prisión ilegal de varios ciudadanos.
Algunas de sus palabras finales en aquel mismo discurso fueron estas: “Estaré a la expectativa de todo lo que está pasando en Guatemala, especialmente para que podamos vivir el anhelo de justicia. Quiero dejar constancia y solicitarle al pueblo de Guatemala que haya organización para que no se roben las posibilidades de una justicia que añoramos todos los guatemaltecos.”
Mi impresión es que el exjuez Gálvez padece de una pérdida esquizofrénica del sentido de la realidad: no reconoce que es un prófugo de la justicia y cree tener autoridad para ser un expectante del acontecer de la administración de justicia en el país del cual huyó, y para exhortar a la lucha por una justicia que él eludió. En su ilusorio mundo esquizofrénico él cree haber sido un infalible y venerable santo de la justicia, a quien nadie puede acusar de delinquir, ni, por consiguiente, someter a proceso penal.
Post scriptum. Fue sensato denunciar los presuntos delitos que cometió el juez Miguel Ángel Gálvez. Fue atinado permitir que fuera ante-juzgado para decidir someterlo o no someterlo a proceso penal. Y fue correcto no concederle amparo para detener el proceso de antejuicio. Con su conversión en prófugo se ha condenado él mismo.
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