Press "Enter" to skip to content

La Rectificación

Teorema

Felicito a todas las organizaciones sociales que en el más sano ejercicio de ciudadanía expresaron ante el Tribunal Supremo Electoral ―TSE― la exigencia de la población para tener un proceso electoral transparente. Crearon un ejemplo para todos. Al rendir testimonio público de tal demanda hicieron evidente que la soberanía radica en el pueblo y no en los funcionarios. Consiguieron algo poco frecuente en Guatemala: Que una entidad estatal escuchara las demandas justas de los ciudadanos e hiciera los cambios solicitados.

En una reducida manifestación frente al TSE (se dijo que había más policías cuidando sus instalaciones que manifestantes) hicieron pública la exigencia ciudadana. Dieron voz y pusieron en palabras nuestra aspiración por una Guatemala mejor. Va para todos y cada uno de ellos mi respeto, admiración, solidaridad y agradecimiento. Estoy seguro de que mis palabras incluyen el sentir de una inmensa mayoría de ciudadanos que también les aplaude.

El trabajo realizado recibió el apoyo de organizaciones tan importantes como Prensa Libre que dedicó muchas páginas a ese tema. El CACIF, la más importante organización empresarial, hizo una meritoria declaración pública. La sucesora de la legendaria Sociedad Económica de Amigos del País, instituida hace más de dos siglos, en 1795, que cambió su nombre en 1966 por el de Asociación de Amigos del País, también manifestó su convicción de que el proceso electoral debe ser transparente. Y así muchas otras instituciones.

Durante casi todo el año varias organizaciones ciudadanas expusieron su preocupación por que el proceso electoral del año entrante fuera translúcido. A principios de agosto pasado trece de ellas, en expresión conjunta, solicitaron de manera respetuosa, al TSE, modificar tres artículos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, enmiendas todas, a cuál más sensata. Pero no fueron atendidos.

Los guatemaltecos no podemos enorgullecernos de nuestra historia electoral. La Constitución de 1945 sólo dejó una elección limpia, la de Arévalo. La de 1966 también dejó una sola elección inobjetable, la de Arana. El resultado de la elección presidencial de 1982 causó graves protestas, desorden y conmoción pública. Viejas perturbaciones condujeron a que el malestar ciudadano culminara con la deposición del régimen de Lucas. El Ejército tomó la dirección del país durante casi tres años hasta restaurar la tranquilidad ciudadana. La semana pasada, cuando el TSE acató la demanda ciudadana, es posible que con ello haya evitado una nueva ruptura del orden constitucional, como aconteció en 1982.

En 1983, más allá de resolver la convulsión interna se trabajó en la causa. El gobierno de facto creó el actual TSE y tuvo el acierto de designar a cinco Ciudadanos Notables quienes crearon las tres leyes, que norman el proceso electoral, sus procedimientos y reglamentos. Escogieron a las mejores personas que había entonces. Entre aquellos pioneros sobresalía don Arturo Herbruger Asturias y don Gonzalo Menéndez de la Riva.

La Primera Magistratura (1984-90) incluyó a tres de los integrantes, quedando en su presidencia Herbruger Asturias. La Segunda Magistratura (1990-96) conserva a Herbruger en la presidencia y se fortalece con el ingreso de Mario Guerra Roldán. La Tercera Magistratura (1996-2002) conoce el ingreso de Félix Castillo Milla. La Cuarta Magistratura (2002-08) obtiene los primeros señalamientos y dudas sobre los resultados. La confianza en el resultado obtenido en los primeros tres procesos electorales había empezado a debilitarse. La Quinta Magistratura (2008-14) ya ofrece desprestigio y reina la desconfianza ciudadana y la Sexta (2014-20) que culminó con la elección de Giammattei y los actuales diputados al Congreso ya no deja dudas sino certeza de manipulaciones despreciables del sagrado voto ciudadano. El TSE se negó a presentar copia de las actas.

Entonces, carece de sentido decir que el TSE puede perder prestigio en la elección de 2023, porque no se puede perder lo que ya no se tiene. El año entrante, lo único que el TSE puede hacer es recuperar la confianza, el aprecio, el respeto y crear un precedente como lo hizo Herbruger, Menéndez, Guerra, Castillo y otros que obtuvieron las magistraturas del siglo pasado.

Manejar un proceso electoral es complejo. Aún más, cuando como en la actualidad, entra en juego el beneficio de terceros y el interés de los candidatos por servir a la patria está lejos de ser su principal objetivo. No sólo en Guatemala, lo vemos también en la autodenominada “democracia más grande del mundo” que ahora viste ropajes de cucaracha. También Alemania un referente obligado de cómo hacer bien las cosas, ahora debe rehacer un proceso electoral señalado como ilegítimo.

La mujer del César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo

El TSE actual dio un paso muy importante y, en la dirección correcta, cuando renunció públicamente a su intención de introducir cambios al proceso electoral. La entidad rectora buscaba atribuirse funciones que corresponden a las Juntas Receptoras de Votos JRV-. Merecida o no, hay desconfianza en el TSE y los magistrados deberían saberlo. No se trata solo de una reacción a sus equivocaciones sino también a la herencia recibida de varias generaciones de antecesores suyos.

Entre sus culpas hay que mencionar, como acto de dudosa legalidad los señalamientos de “campaña anticipada” y consiguiente amenaza de inhabilitación a varios precandidatos. Reducir el período hábil de proselitismo ofrece ventajas innecesarias a los más conocidos. El trato preferente a precandidatos oficiales hizo pensar que el presidente Giammattei busca ser factor clave del proceso y que había conseguido intimidar a los magistrados del TSE. Afortunadamente no fue así. De haberlo sido, los magistrados habrían aprovechado las denuncias públicas para neutralizar el eventual acoso presidencial.

Por su parte, recuperar la confianza significa regresar al TSE original, apartarse del cambio de rumbo que marcó la Quinta Magistratura en 2008. Además de quienes lo integran, la confianza en el TSE descansar en la enorme participación de los ciudadanos. La mayoría de los electores que desconfía o muestra recelo hacia el TSE, deposita su confianza en los ciudadanos que integran más de 21 mil JRV. ¿Cómo no confiar en más de 100 mil ciudadanos distinguidos que consideran un honor servir a la Patria el día de las elecciones?

Temprano, antes de iniciar la votación, las JRV reciben los listados papeletas y otros documentos que habrán de administrar y utilizar durante la jornada. Atienden a unos 300 electores y custodian las urnas. Al cierre, reunidos con los fiscales de los partidos políticos cuentan los votos, de cada una de las cinco papeletas, una a una, manualmente. Trasladan los resultados a un acta que firma el vocal, el presidente, el secretario y los fiscales de los partidos. Puede haber errores al contar los votos o al digitar los datos, pero un procedimiento para detectarlos y corregir tal eventualidad minimiza esa posibilidad.

Quizá con la sola excepción de Herbruger y Menéndez, la gran mayoría de ciudadanos desconocía la integridad profesional de los magistrados que dieron brillo al TSE el siglo pasado. Fue allí donde dieron a conocer su rectitud y buen proceder. De ser así la fuente de la confianza en el proceso, proviene de la participación ciudadana. Si se reducen las atribuciones ciudadanas, disminuye la confianza. Si aumentan, posiblemente aumente la percepción de transparencia en el proceso.

El proceso electoral no requiere tecnología de punta. No precisa de automatizaciones costosas. Lo que sí necesita, con máxima urgencia, es transparencia.

Hoy se entiende mejor que hace 40 años la tremenda trascendencia del TSE en la vida política del país, así como la importancia de que la ciudadanía tenga plena confianza en esa institución.

Los ciudadanos debemos recuperar la confianza perdida. Necesitamos creer que los resultados reflejan la voluntad de los electores. Esa es la única forma de aceptar y respetar a un nuevo funcionario, cuando no se trata del candidato de nuestras simpatías.

Una forma de aumentar las atribuciones ciudadanas en busca de generar mayor confianza en el proceso sucedería al autorizar a los presidentes de las JRV de cada una de las 21 mil mesas de votación (o las que en definitiva resulten) para que envíen fotografía del acta de su mesa, incluyendo las cifras digitalizadas a la Junta Electoral del Distrito Central. Su presidente publicará en una página de Internet los datos recibidos conforme los fuera recibiendo. Deberá emplear un formato que permita al público interpretarlo. Los totales solo los podrá publicar después de los resultados preliminares que publique el TSE. En caso de diferencias significativas estas serán discutidas entre la dirección del Distrito Central y el TSE, reduciendo así la posibilidad de señalamientos de fraude.

Area de Opinión
Libre emisión de pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Be First to Comment

    Deja una respuesta

    A %d blogueros les gusta esto: