Sobre la sentencia del caso La Línea

Evolución

Luego de siete años desde que se dio a conocer la existencia de la estructura criminal denominada “la línea” finalmente se emitió la sentencia dentro del proceso, sobre la cual ofrezco algunas impresiones. Considero que el aspecto más relevante es que por primera vez nuestro propio sistema de justicia ha sido capaz de emitir una sentencia condenatoria por un caso de corrupción en contra de ex funcionarios del más alto rango en el gobierno, es decir un expresidente y una exvicepresidente. Esto, de por sí, ya es un paso significativo dentro de la endeble lucha contra la corrupción, cuando ha sido este mal invencible el que gana la mayoría de las batallas, en el sentido que la mayoría de los casos ni siquiera llegan a acciones penales contra los responsables.

Llama la atención también el hecho que la condena para estos personajes se produjo por los delitos de asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera, habiendo sido absueltos por el delito de enriquecimiento ilícito. Conforme su tipificación, este delito lo comete el funcionario público que obtenga para si mismo o para cualquier persona un beneficio patrimonial, un incremento en su nivel de gastos, cancelación de deudas u obligaciones que no correspondan al que haya podido obtener, derivado del ejercicio del cargo o de cualquier ingreso y que no pueda justificar su procedencia lícita. Como se puede apreciar, bastaría con comprobar que un funcionario público amasó un patrimonio o beneficios económicos superiores a los que ordinariamente devenga en sus funciones y cuya procedencia lícita no pueda comprobar. El tribunal de sentencia tuvo por probada la existencia de una estructura criminal mediante la cual los hoy declarados responsables se beneficiaban con sobornos que recibían para reducir el pago de impuestos, consecuentemente defraudando al fisco. Resulta curioso que se reconoció la existencia de este mecanismo de sobornos, por excelencia cohecho, pero que este delito quedó excluido del proceso. Pero más dudas deja el hecho que, si bien el tribunal reconoció la existencia de esta estructura criminal, lo que condujo a las condenas por asociación ilícita y defraudación aduanera, y que éstos hechos se produjeron en el contexto que dejaban beneficios materiales para los responsables, tal cual fue admitido por el tribunal, beneficios que son de procedencia manifiestamente ilícita, al mismo tiempo el tribunal absolvió a los acusados por el delito de enriquecimiento ilícito. Es más, en el contexto de la aplicación de la ley de extinción de dominio, específicamente a estos dos exfuncionarios se les había extinguido cuantiosos bienes precisamente por no poder comprobar su procedencia lícita.

La presidente del tribunal advirtió al inicio de su exposición que hubo falencias en la acusación, lo cual conduciría a algunas absoluciones. Para el caso previamente expuesto, más bien pareciera una contradicción irresoluble en la lógica del tribunal. En cuanto a las absoluciones de altos funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria, requerirá un análisis más profundo de los criterios de valoración de la prueba empleados por el tribunal, una vez se conozca la totalidad de la sentencia. No obstante, de la propia exposición de la presidente del tribunal, más bien dio la impresión de que en lugar de exponer dichas falencias en el sentido de explicar porqué los hechos imputados no fueron debidamente probados, se limitó a exponer que, bajo sus propias inferencias, no podría ser posible que la ex intendente de aduanas, por ejemplo, hubiese tenido conocimiento o hubiese sido partícipe de la estructura delictiva que sí tuvo por demostrada.

Seguramente vendrán las apelaciones, tanto de los condenados como del Ministerio Público en cuanto a las absoluciones, por lo que los alcances de esta sentencia aún no son definitivos y por lo que esperamos que cualesquiera deficiencias de ésta sean corregidas en las siguientes instancias.

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Alejandro Baldizón

Abogado y Notario, catedrático universitario y analista en las áreas de economía, política y derecho.

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