Perú y Argentina, grandes lecciones de los vicios políticos comunes en America Latina

Barataria

En la presente semana, casi con diferencia de un día Perú y Argentina fueron foco de noticias por una serie de acontecimientos relacionados con sus gobernantes.  No es nada extraño conocer que toda esta región, Latinoamérica en general viene padeciendo de una serie de convulsión política desde hace muchos años, incluso podríamos decir que los países de Latinoamérica tuvieron procesos independientes convulsos en dónde la protección de privilegios fue un denominador común y la exclusión de los pueblos indígenas y de los mestizos ha sido el principio fundamental para aumentar la riqueza.  De allí que se puede afirmar sin ambages que luego de la época colonial, la independencia de estos países vino a ser solamente un documento que marcó la garantía que los tributos ya no se pagarían a la Corona, y que serían aprovechados por los nuevos señores.  Tras una serie de dictaduras, periodos presidenciales largos, los países latinoamericanos cayeron en el vicio de buscar mantener en el poder al gobernante de turno que resultó ser un militar.  Hay historias de historias en Latinoamérica de golpes de Estado promovido por Militares con apoyo de los ejércitos.  Luego, vino un “viento democratizador”, para ir eliminado las dictaduras militares a cambio de algunas libertades y la democracia se convirtió solamente en un ejercicio de votar cada cuatro años por autoridades, pero luego de eso hay una gran desazón en cuanto a que los gobernantes no cumplen sus promesas y al final de cada periodo presidencial hay “nuevos ricos” es decir, aquellas personas que entran a la función pública endeudados, con problemas económicos, como se dicen coloquialmente “con una mano adelante y otra atrás”, pero que con dos, tres o cuatro años en la función pública o en el ejercicio del poder, terminan siendo grandes empresarios (nunca lo fueron en realidad, pero con el dinero público cualquiera resulta ser) y ya tienen sus bienes y empresas a costa del erario público.

Hay muchos ejemplos de estos en Latinoamérica y en Guatemala.  Todo esto, ha provocado desaliento en la población, porque no hay opciones políticas serias, cada evento electoral está lleno de lo mismo, los partidos políticos no postulan a los mejores candidatos sino a aquellos que buscan refugio en la figura del antejuicio o que quieren seguir enriqueciéndose del erario. Lo peor es la fascinación que algunos gobernantes desarrollan al estar en el poder y que les hace buscar la forma mediante trinquetes, mediante la cooptación de instituciones y compra de funcionarios, diputados y el mismo poder judicial, de tal suerte que literalmente tienen “secuestrado al Estado” tanto así, que su control les garantiza continuar en el poder tras bambalinas, en tanto buscan un candidato ad hoc que les garantice que no van a ser perseguidos por sus crímenes y así pueden seguir conservando las grandes cantidades de dinero que ahora, invierten cuales empresarios que nunca fueron y que ahora son gracias al saqueo que han realizado.

Así, podemos ver que el Presidente de Perú Pedro Castillo, pretendió anticiparse a una sesión del Congreso peruano en dónde se discutiría su remoción por incapacidad moral para gobernar derivado de acusaciones, ciertas o no de actos de corrupción en su efímero gobierno de apenas 18 meses.  Previendo que, posiblemente el Congreso peruano dominado por la derecha decidiría su remoción.  La solución del señor Pedro Castillo, dada su escasa experiencia política y seguramente mal aconsejado por sus asesores, fue emular a quien criticó durante su campaña especialmente porque su oponente es hija de este, es decir al señor Alberto Fujimori, expresidente peruano y que fue quien puso de moda los llamados “autogolpes de estado”, en dónde disolvió el Congreso y las Cortes en su momento.  Lamentablemente para el señor Pedro Castillo su decisión, ¿acaso consensuada? No tuvo eco ni siquiera en su propio gabinete de gobierno ni en su vicepresidenta y tardó pocas horas en que se le pusiera en prisión destituido por el Congreso que no acató su decisión dictatorial y se adelantó a destituirlo.

No es raro lo que sucede en Perú, ha tenido diez gobernantes en un periodo de diez años, después del periodo presidencial de Humala que terminó el mismo en 2016 los siguientes presidentes no han concluido su periodo Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, el propio Castillo y ahora su vicepresidenta ya juramentada presidenta Dina Boluarte o sea que han existido seis presidentes en tan solo cuatro años en el periodo de 2018 a la fecha. Esta convulsión política, demuestra lo que se ha venido hablando mucho en Latinoamérica relacionado con el desaliento de las democracias que nos han vendido como una oportunidad para que los países se desarrollen y mejoren la calidad de vida que sin embargo no es cierto.  Algunas de las necesidades fundamentales de seguridad en todos los órdenes, salud, educación, trabajo, justicia social, respeto a los derechos humanos y garantías de legalidad y juridicidad en la función pública han quedado solamente en utopías escritas en una constitución que, en el caso de Guatemala hasta la misma Corte de Constitucionalidad irrespeta contrario a su mandato. Así las cosas, no es de extrañar que la tentación de perpetuarse en el poder, de acaparar instituciones para gobernar a sabor y antojo y sin el menor respeto constitucional esta latente y con ello nuestras débiles democracias latinoamericanas siempre están al peligro, porque la fortaleza de las instituciones no existe y la función pública no es de calidad debido a que, quienes la ejercen son los menos idóneos para ello, lamentablemente, pero es la realidad de las cosas.

Por otro lado, vemos como en la Argentina esta semana se profirió una sentencia en contra de la actual Vicepresidenta Cristina Fernández, entre las acusaciones que se le han hecho, resulta interesante que se dictó una sentencia en la cual se le inhabilita de por vida para participar en política.   Al margen del debate de que si era o no culpable, resulta muy preocupante este tipo de condenas realizadas en contra de algunos políticos que son equivalentes a una condena a “muerte política” de un oponente, puesto que inhabilitar a personas al ejercicio de derechos políticos es una forma muy común ahora, en Latinoamérica para descartar oponentes políticos y con ello hacerse del poder en detrimento de la democracia. Lo hemos visto en muchos países de este continente, lo vimos en el encarcelamiento de Lula en Brasil, lo que facilitó la elección de Bolsonaro, lo vimos en Nicaragua con el encarcelamiento de posibles candidatos a la presidencia y con ello volvieron a ganar la pareja Ortega-Murillo, lo vimos en Ecuador con la persecución a Rafael Correa que lo alejó de aspiraciones de reelección,  y así, hay una larga e interminable lista de perseguidos por “la justicia” que ha sido instrumentalizada por quienes tienen ejercicio del poder para descalificar a sus opositores con amenaza de cárcel o bien con la inhabilitación y así dejar el camino libre.  Este “Lawfare” como se ha dado en llamar en otras latitudes a la instrumentalización del poder judicial en contra de los posibles opositores políticos es ya una costumbre latinoamericana.  Así, la democracia en nuestros países se ha llegado a limitar en “permitirnos votar, no por los que se postules, sino por los que ellos dejen participar”.  Este ejercicio perverso de instrumentalizar a las instituciones o al poder judicial es una forma efectiva de fraude electoral, así sucedió en nuestro país con el actual gobernante a quien el servil Tribunal Supremo Electoral le hizo el gran favor de descalificarle candidatos, uno a uno hasta que saltó sin mayor esfuerzo de un lejano quinto lugar, en dónde no podría tener esperanzas de llegar al poder, a un apetecible segundo lugar, el cual disputó con la señora que hace presidente a cualquiera que la enfrenta y que ahora mismo esta buscando participar negociando esta misma fórmula.

Estas dos lecciones de Perú y Argentina son ejemplos de lo que se copia al calco en toda Latinoamérica que continúa resquebrajando las pocas y débiles democracias que quedan.  La tentación de ocupar y dominar las instituciones sin el respeto a la república y la constitución o bien la descalificación de personajes para poder acceder a posiciones de poder son perjuiciosas para el fortalecimiento democrático.  A las puertas de un evento electoral en Guatemala, debemos de estar atentos a que no se sucedan casos como el Perú en donde el electorado cansado de lo mismo se inclinó por un novel candidato que era neófito en la política y su capacidad de gobernar se hizo evidente, a más que no buscó alianzas políticas que lo fortalecieran.  En otras palabras era un Jimmy Morales pero sin el apoyo oportuno de Álvaro Arzú y, por ello, el señor Pedro Castillo terminó su mandato en breve.   Y por otro lado, la descalificación de los candidatos lo cual esperamos no vaya a ser la tendencia de este Tribunal Supremo Electoral, que ya ha dado muestras de que van a aplicar esta receta porque a posibles candidatos como Neto Bran y Edmond Mulet (Aclaro no son de mi predilección) se les notificó que no se les inscribiría como tales porque estaban haciendo campaña anticipada, pero los posibles candidatos del partido gobernante hacen propaganda a diestra y siniestra y el servilismo de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral solo les alcanza para “advertir al partido Vamos”, pero no para notificarle a los posibles candidatos la negación a una posible candidatura.  Ya veremos que nos depara el futuro, pero en realidad si lo vemos en blanco y negro, no tenemos un futuro halagador, especialmente porque ya se avista cómo van a ser las próximas elecciones en Guatemala.

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Emilio Estrada

El Doctor Emilio Estrada, es abogado egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, obtuvo su PhD en Sociología en la Universidad de Salamanca, España, es abogado litigante.

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