Inseguridad, Presidente y agentes internacionales y extranjeros

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Algunos ciudadanos guatemaltecos, sean hombres o sean mujeres, comienzan a reaccionar públicamente por la próspera criminalidad que sufre nuestra patria. Es prosperidad principalmente del asesinato, el secuestro, la extorsión y el robo. Y bandas criminales han encontrado nuevas modalidades de delinquir; por ejemplo, desde barrancos invaden casas próximas a la orilla de tales barrancos, y roban y hasta secuestran o asesinan a quienes las habitan.

El Señor Presidente no ha sido apto para detener y hasta reducir la criminalidad. Parte de esa ineptitud consiste en que no ha dirigido la fuerza armada de seguridad pública civil y militar para lograr esa detención y hasta esa reducción, ni ha dirigido, para que cooperen en lograrlas, instituciones como el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, y la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor del Ministerio de la Defensa Nacional.

Debe reconocerse, sin embargo, que, aunque el Señor Presidente fuera apto para detener la criminalidad y hasta reducirla, y las bandas criminales pudieran ser perseguidas con eficacia irresistible, y sus miembros pudieran ser sometidos a proceso penal, pronto surgiría la oposición, la protesta, la crítica o la censura de intimidantes agentes extranjeros e internacionales. Estos agentes proclamarían, con zoológicos gritos que resonarían en el cielo, que el Señor Presidente viola los derechos humanos, los humanísimos derechos de los autores de actos criminales.

Proclamarían esa violación de derechos, por ejemplo, el Departamento de Estado de Estados Unidos de América, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Europea, Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

Por temor a esa proclamación, la Policía Nacional Civil no debe perseguir delincuentes y atacarlos y capturarlos, sino debe consentirlos y acariciarlos, y hasta colaborar con ellos en la ejecución de actos criminales. El Ejército de Guatemala, que antes cooperaba con la institucional policial para imponer la ley, ahora no debe brindar esa cooperación, sino huir de los delincuentes, y evitar que sus soldados sean acusados de violar derechos humanos, y sometidos a proceso judicial penal, y condenados. Los jueces mismos no deben dictar sentencias ordenadas por la ley, sino sentencias que complazcan a aquellos agentes extranjeros e internacionales.

Las autoridades gubernamentales de Estados Unidos de América, Canadá y países europeos no acusarían de violar derechos humanos, a policías y soldados que defendieran, de un ataque, a su embajador en Guatemala, o de un intento de invasión, a su sede diplomática. Para tal defensa, no importaría que mataran a los atacantes o a quienes intentaran esa invasión, o los agredieran, o los torturaran. Y las autoridades de Estados Unidos de América tampoco acusarían de violar derechos humanos a policías o soldados que mataran, agredieran o torturaran a campesinos guatemaltecos productores de drogas.

Las autoridades de Estados Unidos de América condenarían al Gobierno de Guatemala por asignar fuerzas policiales y militares para combatir a quienes violan el derecho al libre tránsito, destruyen bienes privados y públicos, provocan cuantiosa pérdida económica, y causan la muerte de inocentes que requieren urgente servicio médico. Empero, no lo condenarían por asignar tales fuerzas para combatir, con mortífera ferocidad, a guatemaltecos productores y exportadores de drogas.

Se argumenta que la pobreza es causa de criminalidad; pero si la mayoría de los guatemaltecos son pobres, entonces diez o doce millones de guatemaltecos serían delincuentes. Y aquellos delincuentes que, por sus proezas criminales, se volvieran ricos, ya no delinquirían. Y no observaríamos ciudadanos pobres que no tienen trabajo y lo buscan con impaciencia sometidos a la ley, o que honradamente venden mercancías en la calle, o en modestos mercados libres, es decir, mercados exentos de la intromisión de la burocracia gubernamental. Por supuesto, cometer actos criminales no es una exclusividad de los pobres. Los ricos también delinquen. Económicamente es explicable: quien delinque, sea rico o sea pobre, cree que el beneficio de delinquir es mayor que el costo.

El Señor Presidente no ha sido apto para detener y hasta reducir la criminalidad, ni para desafiar a los agentes extranjeros e internacionales que pretenden adjudicar a los criminales más derechos que a los ciudadanos que se someten a la ley, aunque sea la peor ley; pero ha sido apto para temer a esos agentes, y con infortunada docilidad canina se ha sometido a ellos.

El próximo Señor Presidente será electo el próximo 25 de junio o, más probablemente, el próximo 20 de agosto. En el supuesto de que estará convencido de que la criminalidad es uno de los más grandes problemas de Guatemala, y será apto para detenerla y hasta reducirla, deberá también ser apto para despreciar y desafiar a los agentes extranjeros e internacionales protectores de quienes asesinan, secuestran, extorsionan y despojan de sus bienes a los guatemaltecos pacíficos, honrados y sometidos a la ley.

Todavía no atisbo un candidato presidencial que suscite la impresión de que tendrá esa doble aptitud y que, como parte de ella, multiplicará el poder de las fuerzas públicas civiles y militares de seguridad, de modo que policías y soldados ya no teman a los criminales, sino que, inversamente, ellos sean temidos por los criminales.

Post scriptum. Y por no atisbar a tal candidato, conjeturo que los mismos ciudadanos pueden emprender impredecibles acciones para procurar la seguridad de su vida y de sus bienes.

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