El silencio de los no inocentes
La desconfianza ciudadana en el próximo proceso electoral es patente.
Desde las disposiciones inconstitucionales que contiene la LEPP, pasando por la eliminación arbitraria y anticipada de candidatos a cargos de elección popular y terminando con los intentos del TSE de adquirir el hardware de Smartmatic y el software Dominion, todo parece apuntar a una situación que claramente encaja en la justificada calificación anticipada de “fraude electoral”.
Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos del año 2016, fueron impulsadas por el Departamento de Estado durante la permanencia del exembajador Todd Robinson, quien utilizó para ese propósito a la CICIG, a las ONGs financiadas por AID, a los países del G-13, y a los medios de comunicación aliados de estos entes, con la complicidad de los diputados de la UNE, quienes se prestaron a servir de testaferros para presentar como propia una iniciativa ajena de reforma electoral.
La séptima magistratura de la Corte de Constitucionalidad manipulada por Gloria Porras, cuyo dictamen favorable fue concertado previamente con los diputados involucrados, desembocó en gravísimas violaciones a los derechos de elegir y ser electo y de optar a cargos públicos que la Constitución Política de la República garantiza a los guatemaltecos.
Estas reformas, por lo menos las más evidentemente inconstitucionales, se encuentran impugnadas en la Corte de Constitucionalidad, su trámite llegó hace algún tiempo al momento de dictar sentencia, pero permanecen sin resolverse porque los magistrados actuales, incumpliendo con su deber y retardando maliciosamente la administración de justicia no las agendan para su discusión y aprobación.
Las reformas del 2016, facultaron al TSE para estrangular financieramente a los partidos políticos, prohibiéndole a los ciudadanos disponer libremente del derecho de propiedad sobre su dinero, para financiar a los partidos políticos de su preferencia, fijándoles arbitrariamente cantidades irrisorias para que no pudieran funcionar eficientemente y sus candidatos no pudieran darse a conocer.
Las exiguas cantidades que el TSE de manera antojadiza y de mala fe autoriza para el financiamiento de la campaña electoral más que en lo absurdo raya en lo ridículo, lo cual ha conducido por un lado a calificar como delito una actividad constitucionalmente lícita para los ciudadanos que se preocupan por su país y por otro a incentivar el aporte de dinero del narcotráfico y del crimen organizado a las campañas políticas.
Las reformas electorales del 2016 también prohíben a los candidatos de los partidos políticos exponer sus ideas y planes de trabajo antes de que se haga la convocatoria electoral, limitando así la libre expresión del pensamiento e imponiendo una mordaza intolerable a cualquiera que tenga la intención de promoverse a un cargo de elección popular.
En otras palabras, no obstante que la política es y debe ser una actividad permanente, está prohibido realizarla durante los 3 años anteriores a la convocatoria a elecciones. Para asegurarse de acallar a los ciudadanos interesados en promover su candidatura política, se sancionó esta actividad bajo la denominación de “propaganda electoral anticipada”.
Para rematar, esa reforma facultó a los magistrados del TSE para decidir el contenido de la propaganda electoral y condicionar a los medios de comunicación que podrían utilizar los partidos políticos.
A los medios de comunicación les fijó para la propaganda electoral una tarifa expropiatoria del 20 por ciento de su tarifa comercial y les impuso horarios “prime” para que pudieran realizarla, razón por la que muchos medios se han negado a suscribir obligaciones inaceptables para participar en la campaña, con perjuicio no sólo de los partidos y sus candidatos, sino de todos los guatemaltecos cuyo derecho a estar informados se ve gravemente cercenado.
De esta manera resulta que ya no son los ciudadanos los que deciden a quién quieren elegir para presidente, vicepresidente, diputado, alcalde o miembro de una corporación municipal, sino que son los magistrados del TSE y finalmente los de la CC al conocer de las apelaciones de amparo, quienes burlándose de la voluntad del pueblo, deciden quien puede o quien no puede ser electo para esos cargos públicos.
Y por último, si a pesar de todas esas triquiñuelas jurídicas, resultara que los magistrados no logran que sus aliados obtengan la mayoría de los votos, quieren llevarlos al poder implementando procedimientos corruptos de conteo de votos.
Con un coste de más de seiscientos millones de dólares, en secreto, sin licitación pública, e incumpliendo con la Ley de Contrataciones del Estado planeaban comprar los artilugios de Smartmatic y Dominion, máquinas y programas de computación conocidos como instrumentos para cometer fraude en las elecciones de otros países, burlándose así de la voluntad política de los guatemaltecos.
La protesta ciudadana logró en un primer momento, que los magistrados del TSE, afirmaran que iban a desistir de esa adquisición, pero lo que hicieron fue fragmentar el costo de su proyecto y tratar de utilizar el testaferrato de otras entidades para lograr el mismo propósito.
La integridad moral y la legitimidad del TSE, también se ha visto afectada por el señalamiento contra un magistrado titular y un suplente, de haber cometido falsedad ideológica para la obtención de sus títulos académicos de Doctorado, con el propósito de obtener una mejor calificación de la Comisión de Postulación que los escogió como candidatos al cargo, hecho denunciado por la propia Facultad de Derecho de la Universidad que se los otorgó, cuyo Decano resultó involucrado en esas actividades fraudulentas.
Los procesos penales por la comisión de esos delitos parecen estar detenidos o estancados, lo cual permite especular sobre la existencia de tráfico de influencias o de la complicidad de los fiscales encargados de esa investigación, cuya prueba es puramente documental y hasta cuenta con la confesión calificada y pública de los denunciados.
En esas circunstancias, ¿Cómo pueden los guatemaltecos confiar en que las próximas elecciones no serán fraudulentas, si todo el andamiaje de su realización pareciera estar estructurado para ese propósito? ¿Por qué quienes están llamados a corregir este andamiaje electoral perverso han permanecido en un silencio cómplice desde la vigencia de estas reformas? Podríamos describir esta situación como el silencio de los no inocentes.
Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad tienen en sus manos corregir en su parte esencial el fraude electoral, acogiendo las impugnaciones de inconstitucionalidad que tienen en sus manos y cuyo plazo para resolverlas ha transcurrido en exceso. Los ojos de todos los ciudadanos están puestos en ellos y de su resolución dependerá el futuro de Guatemala y de ellos mismos.
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