Elecciones del presente año, o renovada condenación

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El próximo 20 de enero el Tribunal Supremo Electoral convocará a elección de Presidente de la República, diputados al Congreso de la República y al Parlamento Centroamericano, y alcaldes. Estas elecciones se celebrarán el 25 de junio. Probablemente ningún candidato presidencial obtendrá más de 50% de los votos, y habrá una nueva elección, el 20 de agosto.

Este proceso electoral será un renovado condenarse del ciudadano a un infortunio. Es el infortunio de elegir un Presidente de la República que irresponsablemente, pero legalmente, puede no emplear el poder ejecutivo para garantizar el ejercicio de derechos. Es el infortunio de elegir legisladores que pueden decretar las peores leyes. Es el infortunio de elegir alcaldes que pueden convertir a los municipios en feudos personales de los cuales se benefician ellos mismos, sus familiares y sus amigos. Es el infortunio de elegir inútiles diputados a un ficticio Parlamento Centroamericano.

Es el infortunio de elegir gobernantes que pueden permitir que políticos de Estados Unidos de América, Canadá y Europa cogobiernen nuestro país; que pueden tolerar que embajadores de esos países sean agentes subversivos y conviertan las sedes diplomáticas en recintos para la conspiración. Y que pueden tolerar que las agencias de cooperación internacional de esos mismos países sean agentes que promueven la rebelión de indígenas para consumar la disolución territorial, administrativa y política de nuestra patria, e instituir la plurinacionalidad y propiciar la marcha hacia la servidumbre: el socialismo.

Es el infortunio de elegir gobernantes a quienes, en el ejercicio del poder del Estado, les es permitido, con su negligencia, ineptitud e inmoralidad, dificultar o impedir la prosperidad, o posibilitar solamente una lentísima y costosísima prosperidad. Es el infortunio de elegir gobernantes que legalmente pueden dedicarse a preservar la pobreza y convertir la esperanza en un estado demencial. Es el infortunio de elegir gobernantes que pueden imponer la pobreza en una nación que podría ser una de las más ricas del mundo. Es el infortunio de elegir gobernantes que pueden transformar el poder del Estado en bendición para ellos y maldición para los gobernados, y que, ya finalizado el ejercicio de la función pública adjudicada mediante el voto, pueden disfrutar, con holgada impunidad, de un patrimonio delictivamente incrementado. Es el infortunio de elegir gobernantes que licenciosamente pueden imponer tributos y deuda pública, y ser artífices de una creciente burocracia y tecnocracia, y de una ociosa diplomacia. Es el infortunio de elegir gobernantes que pueden celebrar convenios internacionales que venden nuestra sacra soberanía y compran perniciosa servidumbre.

Es el infortunio de elegir un Presidente de la República que puede proponer un presupuesto financiero del Estado conforme a sus ocultos intereses y sus ilícitas finalidades; y es el conexo infortunio de elegir diputados que pueden reformar ese presupuesto y también aprobarlo conforme a sus ocultos intereses y sus ilícitas finalidades de ellos mismos, y conforme a esos intereses y esas finalidades de los miembros dirigentes de los partidos políticos.

Es el infortunio de elegir gobernantes que pueden emplear, principalmente para beneficio de ellos mismos, el ilimitado poder que el Estado delega en ellos, y pueden dedicarse a obtener ese beneficio y solo simular que se ocupan de los asuntos públicos; y es el conexo infortunio de que los ciudadanos, mediante plebiscito, no puedan destituirlos. por deshonestidad, o por ineptitud, o por incumplimiento de obligaciones.

Una causa del renovado condenarse a ese infortunio es el régimen jurídico; pero principalmente lo es la Constitución Política. Ella posibilita que elegir a quienes deben cumplir supremas funciones públicas sea un catastrófico mal nacional, no precisamente por la elección misma, sino porque obliga a tolerar o prohíbe destituir a aquellos que corrompen el ejercicio de esas funciones públicas.

Es Constitución Política que posibilita que no sea importante que prospere la criminalidad, ni que se decreten leyes estúpidas, ni que se incremente la burocracia, la tecnocracia y la ociosa diplomacia; ni que aumenten los tributos y la deuda pública, ni que se celebren lesivos convenios internacionales, ni que políticos extranjeros intervengan en asuntos internos de nuestra patria.

Es Constitución Política que posibilita preservar o aumentar la pobreza de los guatemaltecos y provocar la ruina del Estado, y que sea importante la urgente prosperidad privada e ilícita de quienes ejercen el poder del Estado, o que sea importante, no el mal de la patria, sino el bien de los políticos.

No es el caso que uno sea pesimista u optimista. Es el caso que no hay motivo por el cual uno pueda creer que el proceso electoral del presente año será diferente, porque presuntamente participarán políticos tan honrados que le donarían al tesoro público una parte de su precioso patrimonio privado, o tan sabios que la pobreza comenzaría a huir espantada, perseguida por la creciente riqueza de la nación; o tan buenos moralmente que dedicarían su valiosísima vida, con impresionante ascetismo, a procurar el bien de todos los guatemaltecos. Y porque no hay tal motivo, la esperanza en un cambio benéfico, obra de los políticos que serían electos en el presente año, es vana esperanza, que no puede encontrar albergue alguno en rincón alguno de la realidad.

Post scriptum. El ciudadano no debe ignorar ese renovado condenarse, sino que debe reconocerlo, y prepararse para soportarlo inspirado en la filosofía del estoicismo, y estar exento, por lo menos, de la vergüenza de haberse engañado con indisculpable ingenuidad.

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