Consideraciones sobre los tres años del Señor Presidente

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El 14 de enero del año 2020 comenzó el gobierno del presidente Alejandro Giammattei. Quizá la mayoría de los ciudadanos lo eligió, no porque creyera que poseía un maravilloso talento político ocultado con humildad durante la campaña electoral, o porque creyera que era un mágico maestro del arte y la ciencia de gobernar, y entonces sería el mejor presidente en la historia de nuestro país. Lo eligió porque quería escapar de la amenaza de su ominoso contendiente: Sandra Torres.

Esa mayoría de ciudadanos quizá tenía la consolatoria expectación de que él sería un Presidente de la República no peor ni mejor que algunos de sus predecesores, como Vinicio Cerezo, Alfonso Portillo, Álvaro Colom, Otto Pérez o Jimmy Morales. Tal expectación, si la hubo, fue realista: el Señor Presidente no ha sido peor ni mejor que ellos. No ha sido peor, aunque tiene vocación para serlo. No ha sido mejor, porque lo prohíbe su medianía moral, intelectual y política.

El Señor Presidente comenzó su gobierno con un error próximo a la más absurda estulticia: la creación de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción. ¿Qué sensato ciudadano podía confiar en una comisión contra la corrupción creada por quien podía ser el principal ejecutor de los actos de la más cuantiosa corrupción, es decir, el mismo Señor Presidente? En febrero del año 2022 la comisión había consumido 31 millones de quetzales; pero no había cooperado con el hallazgo de algún notable acto de corrupción, aunque quizá había incrementado ilícitamente algún patrimonio privado. No parecía ser comisión contra la corrupción, sino comisión pro-corrupción.

El Señor Presidente prosiguió con un error también próximo a la más absurda estulticia: creó la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno. Hubo, entonces, un supremo ministro de Estado, de quien los ministros debían ser realmente obedientes servidores. La comisión consumió casi tres millones de quetzales durante ocho meses; y pronto exhibió su inutilidad: ni el primer ministro podía someter a su autoridad a los ministros, ni los degradados ministros estaban dispuestos a servirlo. Fue disuelta casi once meses después. Fue una inútil comisión; pero no inútil para el patrimonio privado de aquel a quien el Señor Presidente había designado para ser primer ministro.

En marzo del año 2020 comenzó, en nuestro país, la propagación del coronavirus. Era probablemente la mayor amenaza de enfermedad y muerte en la historia de la patria. Surgió la oportunidad de que el Señor Presidente condujera, con asombrosa eficiencia o con extraordinaria eficacia, la contención de la espantosa embestida viral, y la curación de quienes se infectaran. Así sería merecedor de un faraónico monumento nacional. Empero, no hubo tal eficiencia y eficacia, y la maldición viral pudo multiplicar su poder destructor.

Prescindamos de la orden del Señor Presidente de convertir en prisión el propio hogar de los guatemaltecos durante varias horas del día. Prescindamos también de que expuso la actividad económica del país al peligro de un colapso y de una pavorosa cesantía laboral; y de que se atribuyó el poder exclusivo de ordenar acciones preventivas y curativas. Sucedió que, por su ineficiencia y su ineficacia, los servicios públicos hospitalarios fueron pésimos, y el suministro de bienes para prevención y curación fue deficiente; y se incrementó el impacto maléfico de la embestida viral. Agregóse una libertina contratación de bienes y servicios creadora de una novedosa y deliciosa veta de corrupción de funcionarios públicos.

El Señor Presidente propuso la contratación de deuda pública por una cantidad que tendió a la ilimitación. Con el presunto propósito de prevenir la propagación del coronavirus, y de curar a las víctimas, durante su primer año de gobierno propuso contratar deuda pública por un valor de decenas de miles de millones de quetzales. La propuesta fue aprobada por el Congreso de la República. La deuda pública prosiguió; y en el año 2022 fue aprobada una deuda equivalente a casi 20,000 millones de quetzales.

El Señor Presidente se propuso que el estado de las carreteras fuera el peor durante las últimas décadas; y lo logró con rara plenitud. No puede ser cuantificado el daño que el Señor Presidente causó a la economía del país, no por no haber construido nuevas carreteras, sino por no haber evitado que las viejas carreteras se destruyeran más. Por supuesto, se incrementó el costo del transporte terrestre; pero no por causas propias de ese género de transporte, sino por causa de la ineptitud, la negligencia y la irresponsabilidad de aquel a quien, en última instancia, compete mantener en idóneo estado las vías terrestres de transporte, que es el Señor Presidente.

El Señor Presidente continuó con una de las más desgraciadas tareas de sus predecesores: brindar inseguridad pública. En el supuesto de que la seguridad pública consiste en la garantía de ejercer los derechos primordiales de libertad, vida y propiedad privada, el Señor Presidente no pareció ni aun intentar el comando de la fuerza policial y militar para brindar esa garantía; y las bandas criminales actuaron con temible capacidad innovadora y permitida intrepidez.

El Señor Presidente intentó reducir la intromisión de agentes internacionales y extranjeros en asuntos internos del Estado; pero finalmente fracasó. La intromisión prosiguió arrogante y la patria continuó sometida a los ominosos intereses de esos agentes. La patria sufrió principalmente la intromisión de políticos de Estados Unidos de América y Canadá, y de países de la Unión Europea; pero el Señor Presidente quizá no tuvo ni aun la intención de expulsar embajadores y agencias presuntamente cooperativas de esos países.

Post scriptum. Durante sus tres años de gobierno el Señor Presidente ha invitado a pensar en que uno de los peores males de nuestra patria no es elegir pésimos gobernantes (pues no sabemos que lo serán), sino tolerarlos como si fueran una inevitable condena por delitos jamás cometidos.

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