Las manifestaciones de la plaza en 2015 ¿alguien se recuerda?

Barataria

En abril de 2015, el pueblo cansado de años de corrupción se desbordó en manifestaciones legitimas exigiendo un cambio de actitud de la clase política, exigiendo la renuncia del señor Otto Pérez  y de la señora Roxana Baldetti, en ese momento Presidente y Vicepresidenta del país.  Las manifestaciones fueron legítimas, es decir el desborde de un pueblo exigiendo el fin de la galopante corrupción y la reflexión de la clase política de aquel entonces, demostraron claramente que el pueblo únicamente quería que se le escuchara y que se pudiera llegar al punto de un verdadero cambio partiendo de una conducta ética y de una moral intachable. Siempre pensamos que aquellas manifestaciones que literalmente llenaron la Plaza Mayor de la ciudad eran tan legítimas que ni siquiera eran lideradas por personas en particular.  La CICIG no jugó el papel que le correspondía, sino que tenía su propia agenda, lo cual se probó posteriormente y fue un hecho lamentable, ya que su objetividad e imparcialidad hubiera sido un parteaguas para la estabilidad política del país, sin embargo se decantaron por participar en política, promoviendo una lucha contra la corrupción a medias, selectiva y muchas veces más falsa que un billete de dos quetzales y con su plan maestro quisieron promover de candidata presidencial a la Fiscal General Aldana.

En realidad, la CICIG su comisionado en contubernio con la Fiscal General no comprendieron que la lucha en contra de la corrupción no tiene banderas políticas ni son planes para alcanzar el poder, porque corruptos hay de izquierda, de derecha y de cualquier ideología política.  Asimismo, corruptos hay pobres, ricos, trabajadores, sindicalistas y empresarios.  La corrupción no mira banderas, distingos, ni razas.  Hay muchos aparentemente religiosos protestantes, católicos y hasta supuestos ateos, que también son grandes corruptos y para ellos los valores religiosos no salen de los templos a la calle y hay un divorcio entre doctrina y práctica.  Es por ello, que es muy común oír y ver funcionarios que se las llevan de grandes religiosos mencionado a Dios y su nombra literalmente en vano porque ni siquiera son capaces de ser honrados y transparentes sino que hacen sus “negocios” con descaro a la luz del día porque la justicia en este país nunca les alcanzará, aunque estamos seguros que la Justicia Divina siempre les alcanzara y por ello muchos pagarán todos sus crímenes aquí en la tierra.  Porque desabastecer los hospitales públicos atestados de enfermos quienes fallecen por falta de medicina o robarse los dineros públicos que servirían para combatir la desnutrición o lo que ocurrió en tiempo de pandemia cuando los fondos destinados a aliviar la crisis económica de los guatemaltecos fueron a parar a otros bolsillos y las donaciones luego terminaron en manos de políticos que las vendieron en lugar de distribuirlas.  Todos estos actos son condenables y traerán alguna vez su justa retribución. Al final de todo la CICIG terminó constituyendo un proyecto político, en dónde se instrumentalizó la justicia (como ahora se está haciendo) sin considerar que no solo no era su función, sino que además dependían de la renovación del acuerdo que finalmente no se hizo y ser literalmente echados fuera del país, lo cual ocurrió durante el gobierno del señor Jimmy Morales.

A poco más de siete años de aquel lejano abril de 2015 en dónde el pueblo, sin banderas políticas ni protagonismos llegó a protestar a la plaza a exigir un cambio no de quienes estaban en el poder sino un cambio en la forma de hacer política, en el manejo de la cosa pública y un cambio hacia la transparencia; cambios estos que hoy en día no ha sucedido.  Si hacemos un balance de la situación en aquel 2015 y la actual, estamos peor que antes, porque antes eran solapados, ahora son descarados; antes hablaban de alianzas políticas, ahora se habla de compra de voluntades; y así podemos ver cómo tenemos Magistrados de Corte Suprema y Cortes de Apelaciones que detentan cargos ilegítimamente, porque ya venció su respectivo periodo constitucional y al día de hoy casi van a cumplir con el segundo periodo, además de que están haciendo “piñata” con los recursos públicos, porque se recetan aumentos extraordinarios como si han hecho un excelente trabajo cuando hemos visto la vergüenza de sus resoluciones judiciales. El Congreso de la República ha sido el aliado más servil del actual Presidente, es un “tramitador de leyes”, que aprueba sin mayor análisis ni dictamen técnico todas las iniciativas que se le presenten, y con ello han institucionalizado un saqueo sin precedentes, en otras palabras si consideramos que la República se fundamenta en la división de poderes y que esta división responde precisamente a la idea que debe existir pesos y contrapesos y control entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, claramente podemos entender que Guatemala no es una República, y que los supuestos poderes del Estado no son más que grupos de delincuentes que ejercen el poder, bajo una premisa de legalidad e institucionalidad que no existe.

Podría mencionar muchas otras instituciones que tienen un rol importante en el país, y que del 2015 a la fecha han ido en decadencia, en lugar de buscar eficiencia y transparencia.  Bajo estas condiciones estamos a las puertas de un nuevo evento electoral para renovar Congreso, las autoridades municipales y al Presidente de la República.  La oferta electoral en realidad es muy limitada, hay honrosas excepciones entre los posibles candidatos a puestos de elección popular, sin embargo también hay muchos que han vivido de la política casi toda su vida.  Se espera que el Tribunal Supremo Electoral, actual no siga los pasos de la anterior magistratura que puso en bandeja de plata la presidencia al actual gobernante descalificándole a cuanto oponente tuvo antes que el para pasar del quinto al segundo lugar en la preferencia del electorado y sentar mal precedente inscribiendo selectivamente candidatos y a otros dejándolos sin posibilidad de participación.  De la clase política no se puede esperar mucho, hace falta una renovación en los partidos políticos que pasen a ser verdaderos proyectos políticos y no solo empresas electoreras que se desentienden cuando llegan al poder.  Siempre se ha considerado que las manifestaciones de la plaza en 2015, constituyen un desborde de descontento popular que no deben tomarse a la ligera, después de 2015 sufrimos el desencanto de tener dos gobiernos que no tomaron el poder para transformar Guatemala, ni Morales ni Giammattei han hecho algo para que el país cambie, al contrario se han aliado con verdaderos mafiosos que han continuado esquilmando al país, robando dineros públicos y, como lo ha hecho el último presidente, utilizando la pandemia, es decir el dolor y la enfermedad de la gente para disponer de dineros públicos sin dar cuenta a nadie.  Del gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre se guarda una triste recordación, no me explico cómo una persona que siempre quiso ocupar la presidencia del país, se refugió mediante vínculos políticos en la Corte de Constitucionalidad y posteriormente cuando pudo ser un gobierno de transición y abanderar un verdadero cambio, simplemente le sirvió ser la presidencia para agregarla a su Hoja de Vida, porque lo demás fue simplemente una ave muy de paso, de quien lo único que recordamos es el exabrupto que protagonizó al defender un proyecto de salarios diferenciados impulsado originalmente por Roxana Baldetti.  Guatemala necesita un gobierno de transición que abandere cambios profundos y no cosméticos y que promueva una nueva Guatemala de cara al futuro, esto lo puede lograr con la ayuda del pueblo, siempre y cuando no se venda, cual cortesana, al mejor postor.

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Emilio Estrada

El Doctor Emilio Estrada, es abogado egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, obtuvo su PhD en Sociología en la Universidad de Salamanca, España, es abogado litigante.