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El Fraude Electoral a través de la instrumentalización del derecho

Barataria

La organización jurídica y social de un Estado Constitucional, surge de un acuerdo de voluntades para que se promulgar una Constitución que dé vida a esa organización social y que determine las reglas precisas que limiten el poder dentro del orden constitucional y que determine la forma en que se ejerce el poder público derivado de un poder constituyente y la sustitución legal para que exista la alternabilidad del poder.  Dentro de ese marco constitucional no existe ni debería existir la discrecionalidad, dado que una vez establecidas la regulación constitucional se comprende que el ejercicio del poder no deberá ir en contra del texto aprobado y, además existe, al menos una instancia jurisdiccional destinada a proteger y defender el texto constitucional y su correcta interpretación y aplicación.  En países como Guatemala, en donde contamos con una constitución vigente desde 1985, se estableció la Corte de Constitucionalidad como un tribunal cuya razón de su existencia es la defensa del orden constitucional.

Sin embargo, en los últimos años los países latinoamericanos han entrado en una crisis severa producto de una terrible instrumentalización del derecho que ha llegado a niveles insostenibles.  En efecto, el derecho ha sido instrumentalizado y con ello se han logrado instaurar “dictaduras democráticas”  que no se han eternizado en el poder a través de gobiernos totalitarios sin que medien elecciones, sino que la forma en que han fabricado los fraudes ya no es como aquellas épocas de las dictaduras militares que asolaron nuestros países promoviendo elecciones hasta con candidatos únicos o repartiendo plomo a diestra y siniestra.  Esas épocas pasaron, porque en el día de hoy los gobernantes quieren parecerse más a las democracias transparentes en el mundo, por lo que deciden hacer elecciones, no reparte plomo y son “respetuosos en primer lugar a la ley, luego a la voluntad popular, la democracia y los derechos humanos”.

Así, bajo el consejo de ilustres abogados y honorables magistrados, los gobiernos de Latinoamérica se han dado a la tarea de prorrogar funciones, lanzarse a la reelección cuando su constitución lo prohíbe, perseguir a sus rivales y enemigos políticos y mantener un régimen que en nada se parece a una democracia pero que para muchos es lo mejor que hay.  Casos como el de Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador para decir algunos, así como Honduras y Nicaragua aquí en Centroamérica son paradigmáticos ejemplos de cómo se puede instrumentalizar de tal manera la ley que resulta un régimen totalitario vestido de legalidad.  Para no irnos más lejos aquí en Centroamérica tuvimos el patético caso de Honduras el gobierno de Manuel Zelaya fue defenestrado porque se temía que convocara a una asamblea nacional constituyente (un ejercicio totalmente democrático), luego del señor Porfirio Lobo, resulto presidente quien ocupó la Presidencia de la Asamblea Nacional es decir Juan Orlando Hernández quien luego de un periodo y favorecido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema del País, en dónde pese a que la Constitución de ese país lo prohibía, demás esta decir que luego de sus ocho años en el poder se encuentra en prisión en Estados Unidos acusado de narcotráfico.  De Nicaragua el caso es más grave aún, con un presidente que bajo reformas constitucionales ha ocupado la presidencia de ese país desde 2007, es decir que estamos hablando de una persona que detenta el poder por quince años y contando.

En ambos casos, se dio una instrumentalización del derecho tal, que Juan Orlando Hernández en Honduras ocupó la presidencia ocho años en forma “legal” y Daniel Ortega lleva 15 años en Nicaragua en forma “legal” mediante resoluciones judiciales, reformas constitucionales que han validado los cargos, pero que en realidad es una instrumentalización del Derecho.  En Nicaragua el ultimo fraude se fraguó cuando Daniel Ortega inició una encarnizada persecución contra todo aquel posible y probable candidato opositor encarcelándolos bajo cualquier tipo de delitos para correr solitariamente (contra candidatos de mentirillas claro) a la elección que finalmente gano.  Y resulta un verdadero chiste oír al “comandante Ortega” darle órdenes al presidente de la Asamblea Nacional para solicitarle que “haga una reforma constitucional en dónde ya no exista la figura del vicepresidente, porque la compañera Rosario Murillo no es vicepresidente sino es copresidente”. 

En Guatemala este fenómeno no es nada nuevo.  La instrumentalización del derecho ha sido parte de nuestro entorno desde hace ya varios años.  De dos grupos en disputa que utilizan la ideología para identificarse aunque en realidad ni les interesa, ni la conocen ni la practican pero que es una forma para dividir y hacerse contrarios. Emprendieron la instrumentalización del derecho como el arma predilecta para el asalto al poder, mediante consignas como “la lucha contra la impunidad” y “nadie es superior a la ley”; estos grupos enfrentados únicamente han buscado sus propios intereses y resulta que el famoso “pacto de corruptos” lo componen ambos grupos y sus componentes.  En efecto, siempre el pueblo pregunta legítimamente ¿En dónde estaban estos grupos luchando contra la impunidad, cuando Arzú hizo piñata los bienes del Estado? ¿Cuándo oímos que había que luchar contra la impunidad o que nadie es superior a la ley, como los saqueos de Portillo, Berger y Colom? ¿Por qué nunca oímos de estos grupos ahora muy honestos, cuando Otto Pérez y Roxana Baldetti hacían de la suyas?  Incluso jamás oímos que la CICIG actuara de conformidad con su mandato, puesto que antes del 2015, esta comisión era una niña bonita muy complaciente con el gobierno de turno.

Sin embargo, la instrumentalización del derecho se fraguó entre los funcionarios de instituciones que tenían claramente mandatos constitucionales para proteger la recta aplicación de la ley y el orden constitucional, al día de hoy tenemos una Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones ilegitima resultado de una acción promovida por la Fiscal General y resuelta por una nefasta Corte de Constitucionalidad.  Además, contamos con un Presidente electo porque le hicieron el gran favor de descalificarle tres contendientes con mayor popularidad que él y con mayores probabilidades de llegar al poder.  Hay un Congreso de la República complaciente que instrumentaliza la ley a su sabor y antojo, dictando decretos a la carta al gusto del gobernante y favoreciendo a los grupos de poder económico, además de disponer recursos a diestra y siniestra con el objeto de urdir un plan para continuar en el poder.  Al final, la instrumentalización de la ley, del derecho es lo que ha promovido una República inexistente en Guatemala, el secuestro de cuanta institución pública haya y el despilfarro de recursos públicos muchos de ellos irán a parar a los bolsillos de aquellos que financiaran las campañas políticas, porque “del mismo cuero salen las correas” y nunca nos vamos a imaginar que aquellos que se promuevan lo hagan con dinero propio, por lo general lo hacen con dinero público y esto es más evidente cuando hablamos de los candidatos a Diputados, porque no es posible que muchos quiera llegar al Congreso pagando montos exorbitantes a los partidos por una casilla cuando en el Congreso el salario de los diputados no supera los 40 mil quetzales, algo no cuadra en las matemáticas para quienes pagan hasta dos millones por una casilla para ser diputados si en sus 4 años como diputado no va a devengar eso en salarios.  Pero sarcásticamente dicen que “quieren servir al país.

Así las cosas, nos ha sorprendido esta semana la actitud del Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que mediante una reforma a la Constitución decretada por la Asamblea Nacional de ese país les despojó de la ciudadanía a los que, anteriormente, habían sido condenados por delitos de traición a la patria.  Este decreto que reformó la constitución nicaragüense fue realizado en forma exprés por la Asamblea nicaragüense cuando los opositores viajaban al exilio estadounidense vía aérea.  Esta instrumentalización de la ley es tan grave como la que esta aconteciendo en Guatemala cuando se han cancelado ya dos candidaturas presidenciales una ni siquiera llegaron a inscribir, la de la señora Telma Cabrera y otra, ya inscrita, fue revocada; la del señor Roberto Arzú.

Este tipo de decisiones bajo argumentos “¿legales?” no son más que una muestra de como la instrumentalización del derecho es una forma más de cómo se va configurando un fraude en el país, este fraude no es por sumar mas votos, no es por quitar votos; es un fraude realizado con el mismo derecho que, siendo instrumentalizado va a causar daños irreversibles en el país.

Llámese como se llame, instrumentalización del derecho, instrumentalización de la justicia, judicialización de la política, guerra judicial electoral, guerra jurídica o lawfare, en realidad estamos ante las grandes probabilidades de fraude precisamente mediante la instrumentalización del derecho.  Ahora, resulta más fácil la descalificación electoral, no se hace a la usanza de Daniel Ortega encarcelando opositores, pero si se hace no inscribiéndolos o revocando las inscripciones.  El camino que tienen estos candidatos no inscritos es verdaderamente penoso, en el Tribunal Supremo Electoral no tienen consuelo, esta institución ha generado más dudas que certezas y todo el proceso electoral pende de una confiabilidad muy débil, porque sus decisiones no han generado confianza, siendo la ultima de estas cerrarle las puertas a la prensa en la reunión de fiscales de partidos políticos, pregunta seria: ¿Qué se puede esconder?, luego una Corte Suprema de Justicia cuyos magistrados le deben mucho al gobernante actual cuyo control en el Congreso ha sido tal que no les ha importado elegir a sus sucesores y con esto el escenario ideal es que estos magistrados ilegitimos que están haciendo micos y pericos con el presupuesto del Organismo Judicial decidan los amparos que se planteen en contra del Tribunal Supremo Electoral.  Siendo la ultima instancia la Corte de Constitucionalidad cuya imparcialidad esta de sobra en duda.

En estas elecciones ya las descalificaciones serán un arma para “depurar” el camino de quien desde ya ha pactado con el gobernante la forma de acceder al poder bajo el engaño de una aparente legalidad, pero que en realidad es una instrumentalización de la ley para continuar manteniendo el control del poder.

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Emilio Estrada

El Doctor Emilio Estrada, es abogado egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, obtuvo su PhD en Sociología en la Universidad de Salamanca, España, es abogado litigante.

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