El camino al totalitarismo

Barataria

Un régimen totalitario, por lo general designa a un partido político, una persona o un grupo de personas que, ejerciendo la función pública, pretende ejercer un control ilícito, ilegítimo sobre todas las instituciones públicas a su alcance, impidiendo la intervención y fiscalización de actores civiles, ejerciendo por tanto un control total del Estado, impidiendo con ello el conocimiento de todos los aspectos propios del gobierno. Recientemente el Tribunal Supremo Electoral había decidido que todas las sesiones entre el pleno de Magistrados y los fiscales de los partidos políticos que participan en la contienda electoral fuera a puerta cerrada, esta medida recibió la oposición de cinco partidos políticos de más de treinta que participaran en la contienda electoral impugnaron la decisión, estos partidos son  Voluntad, Oportunidad y Solidarias (VOS), Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Movimiento Semilla, Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), Winaq lo cual parece un contrasentido, dado que las agrupaciones políticas supuestamente promueven la democracia, la participación ciudadana y, por supuesto la transparencia me ha parecido que, a excepción de los partidos políticos mencionados, todos los demás partidos están complacidos con la actual magistratura del Tribunal Supremo Electoral.  Afortunadamente los Magistrados Electorales no se sabe si respondiendo a presiones externas o porque se dieron cuenta del grave error dieron marcha a atrás y permitieron la presencia de los medios de comunicación.  Sin embargo, queda la pregunta en el ambiente ¿Qué esconden? o ¿Qué pretendían esconder?

Sin embargo, por regla general los funcionarios públicos de casi todos niveles no mantienen una política de puertas abiertas.  En las municipalidades del país la mayoría de Concejos Municipales sesiona a puerta cerrada y nunca permiten la presencia de vecinos, incluso existieron municipalidades que anteriormente trasmitían sus sesiones a través de Facebook live en sus canales de redes sociales pero al darse cuenta que estaban expuestos al ojo público lo hicieron, muchas de ellas, fue que cancelaron esas transmisiones.  Son muchos los funcionarios públicos que odian a la prensa, no les gusta que se les interrogue, responden con evasivas a pesar de que tienen conocimiento de los temas y saben que están haciendo mal las cosas, muchos otros funcionarios odian los editoriales, las columnas y las informaciones que se vierten en los medios escritos; los cuales ya en Guatemala están desapareciendo.

Recientemente el actual gobernante fue entrevistado por la cadena Univisión y, entre otras cosas, se le cuestionó sobre acusaciones de corrupción y básicamente el estado de su gobierno procedió a argumentar que todo esto son chismes, caen en lo que muchos otros gobernantes en el pasado han caído, es decir en descalificar a los medios de comunicación.  La descalificación de los periodistas y medios de comunicación es una arma eficaz que utilizan los funcionarios públicos para evadir las explicaciones que le deben al pueblo. Luego pasan a la persecución penal instrumentalizando las leyes para provocar que, estando detenidos guardando prisión sean acallados. No solo ha sucedido aquí en Guatemala, con el actual gobernante, sino hasta con alcaldes y en países como Nicaragua para mencionar un caso.  Al final de cuentas la descalificación periodística es un arma letal, al sentirse acorralado un funcionario público es muy fácil decir que a los periodistas le pagan por publicar ciertas notas y en muchos casos es cierto, pero para ello está la transparencia para demostrar que se está actuando conforme el marco de la ley.

Guatemala ha empezado un lento camino hacia la destrucción de la incipiente democracia que tenemos la cual no se ha consolidado y contrariamente se ha venido deteriorando de una manera galopante.  No hay que darse cuenta de lo que esta sucediendo en este país que pronto estaremos votando por un nuevo gobernante.  En efecto, en este país tenemos un Congreso complaciente y literalmente al servicio del gobernante para aprobar las iniciativas que proponga, todas las modificaciones a las leyes que vayan con sus planes; además de ello, como ya se ha dicho existe un sistema de justicia cuyos magistrados son ilegítimos, pero alegres y campantes se recetan aumentos, modifican acuerdos para viajar más cómodos y además “temen por su seguridad en época electoral que se compran autos blindados”.  Pero al momento de decidir por amparos por las aberraciones que ya ha empezado a cometer el Tribunal Supremo Electoral claramente lo hacen favoreciendo los designios de un plan macabro que pretende mantener al mismo grupo que actualmente gobierna en el poder por otros cuatro años más.

Si lo anterior no nos causa estupor, prácticamente todas las instituciones del Estado están “secuestradas”, instituciones como la Contraloría de Cuentas, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad entre otras no son confiables, no han dado muestras de ser instituciones independientes en la fiscalización el respeto de los Derechos Humanos, la persecución penal independiente y el control de constitucionalidad, sino que por el contrario parecen alineadas al gobernante, para mantener sus cuotas de poder.  Esta falta de transparencia es tal, que recientemente la Corte de Constitucionalidad procedió a acumular las inconstitucionalidades planteadas por asuntos de la Ley Electoral y su reglamento, evitando cualquier otro magistrado ponente y dejando todo esto a cargo de la Magistrada Leyla Lemus nombrada como se sabe por el actual presidente de la república.  Si este es el actuar de la Corte de Constitucionalidad, que en la Magistratura anterior fue la culpable del descalabro jurídico constitucional del cual se aprovechó el Congreso para no elegir al día de hoy magistrados de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones; ¿Qué actuar de la Corte de Constitucionalidad debemos esperar durante este proceso electoral?  ¿Será capaz esta Corte de Constitucionalidad de admitir cualquier acción que evite el libre ejercicio democrático? ¿Continuará esta Corte de Constitucionalidad siendo cómplice del grupo que detenta el poder para ir eliminado candidatos a la presidencia para manipular las elecciones como hace cuatro años? Y, lo que es más grave: ¿Será capaz esta Corte de Constitucionalidad de acoger alguna acción de amparo y decretar el amparo provisional dejando en suspenso la oficialización de resultados de la elección presidencial?  Todo cabe en lo posible, porque nuestro país ha entrado peligrosamente en la senda entre el totalitarismo y la sucia manipulación del poder político del cual muchos no aspiran dejarlo y para ello ya han creado el plan perfecto con ayuda de muchas instituciones.

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