Las políticas públicas como estrategia para la buena gobernanza

Reflexiones

Conceptualizamos el Estado como “un ente abstracto que regula las relaciones sociales en un territorio determinado”. Cuando nos referimos a la regulación pensamos inmediatamente en leyes, reglamentos y demás instrumentos legales que inciden en la sana convivencia de una organización social para garantizar y acotar derechos y obligaciones a sus pobladores.

En ese contexto de Estado, los gobiernos son los responsables de administrar la cosa pública para garantizar el bienestar general de la sociedad. Indefectiblemente existen gobiernos que responden a grupos de interés o coyunturalmente a grupos de presión, lo que genera el incumplimiento de las agendas respectivas y en consecuencia dejar en pausa el desarrollo social, económico, político, cultural, tecnológico y científico del país.

Ante esos desvíos o despropósitos gubernamentales han surgido las políticas públicas como instrumentos para “enderezar entuertos y desfacer agravios” como diría el ingenioso hidalgo de la noble figura en un sentido coloquial. Por lo tanto, las políticas públicas nacen en el marco del estudio del Estado y la Administración Pública para coadyuvar a solucionar la complejidad manifiesta en la sociedad debido al incumplimiento de los gobiernos, de proporcionar los bienes públicos a la población de manera equitativa y sin exclusión alguna.

Un bien público al que no se le ha dado la atención debida en Guatemala por parte de los gobiernos es la educación. De conformidad con nuestra Constitución Política y demás leyes ordinarias y reglamentarias, la educación es un derecho inalienable a la persona humana, por lo que los gobiernos deben destinar el presupuesto correspondiente para llevar la educación de calidad con pertinencia y equidad a todos y todas en esta patria hermosa donde vale la pena vivir.

Contrario sensu a la definición de bien público que nos da el Diccionario de Economía, el cual indica que “bien público es aquel cuyo consumo es indivisible y que puede ser compartido por todos los miembros de una comunidad sin exclusión.  Usualmente su gestión está a cargo del Estado, se limita el acceso a la educación en todos los niveles y modalidades reproduciendo el ciclo vergonzoso de pobreza lo que requiere de la formulación, implementación, ejecución y evaluación de políticas públicas para garantizar el libre acceso al sistema educativo nacional, intervención que liderará el Organismo Ejecutivo de conformidad a los consensos establecidos con los distintos actores políticos, sociales y económicos que interactúan en el Estado.

De acuerdo con Francesc Pallares en su artículo “Las políticas públicas: el sistema político en acción”, publicado en la Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) Núm. 62. Octubre-Diciembre 1988;   “las demandas originadas en la sociedad se trasladan, a través de mecanismos-puente como los partidos políticos o los grupos de presión, al ‘núcleo’ del sistema, donde, tras un proceso de conversión a través de las estructuras institucionales, se originan las políticas de respuesta encaminadas a satisfacer las demandas iniciales”.

Es por lo tanto imperativo, que para el mejoramiento cualitativo de la gobernanza se incorporen las políticas públicas necesarias para atender el problema del rezago en educación que sufre el país y que lo limita en su competitividad en el marco internacional. Es por ello que las políticas públicas constituyen una respuesta por parte del Estado a problemas que son de su competencia de acuerdo a la ley.

En ese orden de ideas las políticas públicas educativas marcan las principales líneas de acción que amparan la gobernanza y la gobernabilidad en el sistema educativo nacional, por lo que tienen significancia en el proceso administrativo-pedagógico y en el marco de un nuevo modelo de gestión para los subsistemas escolar y extraescolar.  

Es importante tener en cuenta que el acceso a la educación es un derecho humano que todos los Estados deben garantizar.

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