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Lo que el patrimonio cultural significa para las autoridades judiciales y municipales

Barataria

El Jueves 2 de Marzo recién pasado el Tribunal Séptimo de Primera Instancia Penal de Sentencia presidido por el Juez Sergio Vega, decidió El juez, Sergio Vega, resolvió que Rudy Amílcar López es inocente de haber dañado el monumento del expresidente José María Reina Barrios, ubicado en la Avenida Reforma, quien en medio de una protesta junto a otras personas primeramente intentaron derribar el monumento a Cristóbal Colón que se encuentra en la Avenida de Las Américas, al no lograr su cometido porque el monumento fue “salvado por un enjambre de abejas”, se enfilaron a la Avenida La Reforma y allí, lazando cual vaquero la cabeza del monumento fue “descabezado” junto a otras personas.  En realidad, el señor López podría haber salido sin que fuera procesado, pero su vestimenta, aunado a que fue el único que se quedó “jugando futbol con la cabeza”, se le ubicó y mediante algunos señalamientos se capturó más adelante.

El ¿Honorable? Juez, hizo gala de sus conocimientos sobre arte, cultura y conocimiento fehaciente de los monumentos del país, y concluyó que ni los videos que circularon, ni las fotografías que sitúan al sospechoso alborotado descabezando el monumento de un expresidente cuya historia al igual que el ignorante Juez, no conocen y tampoco se han dado a la tarea de “googlearla”, para saber que el expresidente Reyna Barrios quizá en nada tiene que ver con las “conquistas históricas” que quería reivindicar.

Lo cierto es que el señor López Pablo acusado de este delito declaró que es inocente y el Juez junto a sus colegas que no dieron valor probatorio a ninguno de los medios, decidieron que un monumento decapitado no debería ser razón por la cual un Ciudadano Honorable sea declarado culpable porque al final uno monumento es una pieza de metal y la libertad es sagrada.  Así, el Tribunal haciendo gala de su desidia, ignorancia, falta de ética y poco profesionalismo absolvió a la persona a quien todos nosotros por medios escritos, redes sociales, videos que circularon viralmente en las redes sociales.  Todos lo vimos, nadie nos lo contó como aquel señor Rudy Amílcar López Pablo, vistiendo una camiseta roja con la estampa del Che Guevara y sombrero alzaba cual trofeo la cabeza del monumento. 

La diferencia, en el papel, entre el Tribunal presidido por el Abogado Sergio Vega y el “presunto” depredador del patrimonio Rudy López Pablo, es que uno es funcionario judicial y otro es un ciudadano.  En la realidad, ambos son cómplices de lo que sucede en Guatemala, porque el sistema judicial harto de procesar delitos, no le ha importado tanto daño al patrimonio cultural y ambiental del país.  Estos delitos, no se persiguen casi nunca y, en casos como el que hoy traigo a colación, existiendo tantas evidencias, se fundan en un tecnicismo a la postre estúpido para no emitir una condena que de una vez por todas siente un precedente claro que el patrimonio cultural de un país debe respetarse, como el de que no aparece en ninguna lista como patrimonio cultural.  Entiendo y defiendo que no se trata de criminalizar una manifestación sino se trata de perseguir aquellos “¿manifestantes?” que les gusta desquitarse con los monumentos, los sitios históricos y otras artes.

El sistema judicial guatemalteco tiene un grave problema con procesar este tipo de delitos, en 2015 existió un grave denuncia presentada en contra de la empresa Reforestadora de Palmas del Petén, REPSA que presuntamente fue responsable de la contaminación de, al menos 150 kilómetros del río la Pasión que dejó una mortandad de hasta 70 toneladas de peces, al día de hoy no sabemos qué fin tuvo tal proceso, pero seguramente se resolvió como el caso que hoy nos ocupa.

Es tal la desidia de proteger el patrimonio cultural del país, que las mismas autoridades promueven la depredación de este.  Así vemos que no existe temor en las mismas autoridades de actuar precisamente depredando el patrimonio cultural.  La ciudad de Antigua Guatemala presenta un caso paradigmático que deberá ponérsele mucha atención.  Las actuales autoridades municipales, las anteriores también, se han negado sistemáticamente a conocer y aprobar tanto un Plan de Ordenamiento Territorial como Planes Maestros que deberán estar en connivencia con el estatuto de la ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad.  Mas les interesa los negocios, quedar bien con ciertos sectores que proteger los derechos culturales de los antigüeños.  Así, en complicidad con el Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala se han dado a la tarea de realizar una serie de obras que van minando el conjunto histórico cultural que constituye en realidad la ciudad en sí.  Proyectos hay muchos y de diversa índole y, en tanto a los antigüeños se les hace complicado realizar incluso reparaciones locatarias necesarias en sus inmuebles, solicitándoles uno y mil requisitos para autorizarlas; las autoridades municipales realizan remozamientos de obras como el Cerro de la Cruz y en diversas calles de la ciudad, sin contar con criterios técnicos ignorando que la “técnica de construcción” constituye un elemento fundamental de la ciudad colonial.

Así, en tanto las autoridades judiciales sigan ignorando los delitos contra los bienes culturales de una nación, así como aquellos delitos contra el ambiente como la tala inmoderada de árboles, la contaminación de los ríos y lagos (cuyos grandes responsables con las municipalidades del país), eximiendo de responsabilidad a los culpables o dictando sentencias de risa. Mientras, las autoridades municipales sigan contaminando, o bien como la Municipalidad de Antigua Guatemala sigan depredando el patrimonio; la poca riqueza cultural y natural que tenemos se va a terminar. 

Al final, en Guatemala tenemos ejemplos claros de que, cuando a nadie le importan estas cosas, el único que las termina sufriendo es el ciudadano de a pie, que sigue viviendo en estos lugares y que pierde oportunidades de desarrollo.  Para muestra un botón, muy cerca de la Capital Guatemalteca, tenemos Amatitlán.  En efecto, antaño Amatitlán era destino turístico local, la costumbre de viajar a visitar el lago y comer mojarras del mismo era una que muchos ya no recuerdan.  Sin embargo, la desidia de los Municipalidades, en especial la Municipalidad de Guatemala que aún siguen contaminando el lago a ciencia y paciencia del Ministerio de Ambiente, cuyo ministro no le interesa en mínimo la riqueza natural del país, sino los negocios, hizo que el Lago de Amatitlán languideciera.  Hoy en día nadie visita el municipio y la oportunidad de negocios dejó de ser, no hay turismo local y quienes más lo sufren son los amatitlanecos.

No quiero imaginarme el día en que Antigua deje de ser un atractivo turístico internacional, dónde el turismo ya no se asome las preferencias vayan a otros lugares u otros países.  Los artesanos y los antigüeños lo padecerían porque todas aquellas oportunidades de empleo decrecerían.  Todo esto puede ser el resultado de la voracidad de las autoridades que les impide promover el desarrollo de los servicios sin depredar el patrimonio.  Porque, claro que se puede desarrollar una ciudad monumental sin depredar el patrimonio, pero para ello se deben establecer planes no se puede hacer todo con criterio de empresario avorazado pretendiendo crear urbanizaciones sin siquiera considerar el impacto vehicular, el impacto ambiental y la movilidad. Tampoco se puede promover el remozamiento de áreas naturales bajo la idea de que todo desarrollo debe llevar el concreto de por medio, ni se pueden considerar como criterios técnicos la sustitución de empedrados por planchas de cemento con piedras para hacer “mas planas las calles”, o la modificación de la topografía de las calles, porque a nuestro parecer esas calles necesitan un trazo diferente, porque todo esto destruye el patrimonio cultural a ciencia y paciencia del Ministerio Público y los Tribunales de Justicia.

Ahora que se esta a las puertas de un evento eleccionario, seria bueno conocer de primera mano los planes que tienen quienes aspiran a ser las próximas autoridades edilicias, sobre la protección del patrimonio cultural y su fomento.

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Emilio Estrada

El Doctor Emilio Estrada, es abogado egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, obtuvo su PhD en Sociología en la Universidad de Salamanca, España, es abogado litigante.

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