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La utilización del Populismo Penal en las campañas electorales

Poptun

En las campañas electorales de los últimos tiempos hemos visto cómo la cuestión de la seguridad ciudadana y la violencia se ha convertido en uno de los temas centrales para los candidatos que aspiran a un cargo público. Por regla general, los políticos utilizan técnicas conocidas como «populismo penal«, es decir, la propuesta de medidas y acciones con las que intentan conquistar a los votantes a través del compromiso de un endurecimiento de las penas, la creación de más tipos penales, la disminución de las garantías procesales, entre otros, para poder ganar la elección.

Los políticos suelen ofrecer las medidas más drásticas contra la criminalidad, con la plena intención de atraer a los electores con el compromiso engañoso de que tendrán seguridad pública. En cualquier caso, este tipo de sistemas no tienen éxito en la lucha contra la delincuencia ni en la resolución de los problemas de seguridad y violencia que sufre una sociedad, sino que sólo fortalecen la violencia estructural del Estado.

Los actores políticos fomentan con un lenguaje emocional y alarmista, un ambiente de pavor, delirio y nerviosismo entre la población que se ve reforzada con noticias de los telediarios y la prensa escrita. Esta metodología puede ser viable para ganar votos, pero tales propuestas no abordarán los problemas fundamentales de la sociedad, sin embargo, su ejecución en lugar de controlar los delitos pone en peligro el respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales, ya que el Estado bajo tal estrategia tiene permiso para torturar o llevar a cabo cualquier abuso o arbitrariedad, sin ninguna limitación.

El populismo penal es un discurso falaz en el sentido de que las cuestiones del crimen y violencia no se abordarán mediante estrategias de seguridad. El populismo penal, en lugar de atender y satisfacer las necesidades fundamentales que aquejan a la población, se centra en el castigo y la represión. Los planes de gobierno que su principal propuesta es la pena de muerte, la cadena perpetua, la ampliación de penas y la disminución de las garantías constitucionales, no son fiables porque no resolverán el problema de violencia, puesto que estas actividades opresivas no son la respuesta idónea para combatir la criminalidad e inseguridad.

Al mismo tiempo, el populismo penal, al centrarse en la necesidad de reprimir a los delincuentes, tiene el desafortunado resultado de aumentar la población carcelaria, promover la corrupción estatal, sobrecargar el sistema de justicia y suscitar la violación de las libertades fundamentales del ser humano, invisibilizando las necesidades esenciales de la sociedad, que son las verdaderas razones de la delincuencia, como lo es el hambre, la pobreza, el desempleo, la desigualdad social o la falta de oportunidades.

Por otra parte, el populismo punitivo puede dar lugar a que se fomente la discriminación y estigmatización de determinados grupos sociales, como son los migrantes, las minorías étnicas o los jóvenes.

El populismo penal también puede afectar negativamente a la independencia judicial y a la imparcialidad del sistema de justicia, lo que ocurre cuando los actores políticos utilizan un lenguaje amenazador hacia jueces y fiscales, promueven la criminalización de los operadores judiciales independientes e imparciales, practican medidas que limitan su independencia y su capacidad para resolver conforme a la ley, lo que fomenta la impunidad y pone en peligro el estado de derecho, dado que el poder judicial pierde la capacidad de limitar los abusos y arbitrariedades cometidos contra la población.

En resumen, el populismo penal puede ser peligroso para todos porque se caracteriza en una estrategia de seguridad que pretende brindar una solución rápida, mágica y excepcional a una cuestión complicada que únicamente podría resolverse con políticas sociales encaminadas a erradicar la desigualdad y la exclusión social que son las auténticas razones que estimulan la violencia y el crimen. La satisfacción de las necesidades de una población no se logra con políticas de seguridad sino más bien a través de políticas públicas integrales impulsadas a la luz de principios de justicia, equidad y respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales.

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Mireya Batún Betancourt

Abogada, Notaria y Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, postgrado en Criminología, especialista en ejecución penal con estudios en Doctorados de Ciencias Penales y Derecho Constitucional Internacional.

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