El proyecto de judicialización de la política recargado

Barataria

En mi artículo anterior publicado el pasado domingo, expresé mi seria preocupación por la falta de garantía del proceso electoral.  De hecho titulé mi artículo como “¿Quién garantiza la pureza y transparencia del proceso electoral?”.  Mi preocupación se centraba especialmente en la desidia del Tribunal Supremo Electoral en tomar los comicios con seriedad, como algo trascendental y no como una forma de buscar “quedar bien” con la clase política gobernante, complaciendo a la carté las solicitudes de unos y rechazando las peticiones de otros.  Todo esto sumado a la participación activa, descarada y parcial de las “honorables?” magistradas de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo resolviendo un Amparo con total ilegalidad y las actuaciones parciales de la ilegitima Corte Suprema de Justicia que tenemos y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, todos ellos junto a una sarta de actores políticos y del Tribunal Supremo Electoral manosearon el proceso electoral, de una manera por demás perversa, descalificando candidaturas, permitiendo la participación de otras tantas y al final configurando una serie de situaciones de las que no se podría haber esperado otra cosa más que las dudas que se cernieron sobre las elecciones.

A ello se suma, que el Tribunal Supremo Electoral confundió la autonomía que deben tener de las Juntas Electorales, especialmente la Junta Electoral del Distrito Central y la Junta Electoral del Departamento de Guatemala con recrear dos “Tribunalitos Electorales”, permitiéndoles que se apresuraran a contratar un servicio de grabación, totalización, validación y cómputo de resultados de las elecciones, que sumaron un total de Q.7.6 millones de quetzales.  Dejando que este contrato se hiciera con una semana antes de los comicios lo cual suponía, como era de ver que, por un lado ya era tarde para contratar este servicio y por otro lado, resultaba un control paralelo al que tiene el Tribunal Supremo Electoral.  Como era de esperarse, el sistema falló y se suspendió a ultimo momento en medio del recuento de los votos el uso del malogrado sistema.  Es decir que una decisión de ultimo momento, cuando todo el mundo pensó que la digitalización era posible en el “novedoso sistema” contratado por las Juntas Electorales del Distrito Central y del Distrito de Guatemala, se suspendió el mismo y se volvió al sistema anterior, lo cual produjo no solo el aparente atraso en los resultados (Hay denuncias que indican que hasta el lunes todavía se estaban digitalizando datos), como la falta de certeza del conteo (Hay denuncias de la sustracción y traslado ilegal de actas de los centros de votación a la sede del Centro de Computo del Tribunal Supremo Electoral).

Gracias a la ineficiencia y lo vendidos que resultaron los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que no tuvieron la gallardía, valentía y el patriotismo de ser honestos, honorables y apegados al derecho, tenemos serios problemas que ahora enfrenta el proceso electoral.  Dentro de todas las denuncias que empezaron a surgir, fue la falta de certeza que produjo la Junta Electoral del Distrito Central, al apresurarse estúpidamente a declarar como ganador a la Alcaldía de la Ciudad de Guatemala al señor Quiñonez, cuando no solo hay una pequeña diferencia que no llega a 600 votos, sino que el sitio del TSE al día de hoy todavía muestra que no se han publicado los datos de 8 actas, lo cual resulta un sinsentido, pero la Junta Electoral del Distrito Central, parciales como resultaron ser querían quitarse la “brasa caliente” de sus estúpidas decisiones al pensar que declarando al señor Quiñonez reelecto el problema se terminaría.  No fue así, el problema se acrecentó y el Tribunal Supremo Electoral aún no declara ganador.

Si hay un detonante que planteó más dudas en el proceso electoral es el que protagonizó la elección de Alcalde de la Ciudad de Guatemala, con una diferencia de pocos votos y denuncias de traslado ilegal de actas, sustracción de las mismas y sacar a fiscales de los centros de votación, apresurarse a declarar ganador al actual Alcalde únicamente aceleró las denuncias de fraude, que poco a poco se han extendido a otras alcaldías como las de Chinautla, o bien la de San Miguel Petapa en donde gravemente se denunció que un candidato inscrito legalmente no apareció en las papeletas.  Así, ahora se cuestiona el triunfo de otros candidatos que ganaron sorprendentemente, pero cuyas alegaciones de fraude ya los han alcanzado, con esto claro está, no se asegura que por la sorpresa de la elección hubo fraude, pero los señalamientos se extienden.

Ahora, estamos frente a una situación inédita, las alegaciones de fraude que surgieron en el anterior proceso electoral de 2019 incluyeron fallos en el sistema y otros aspectos plantearon al actual Tribunal Supremo Electoral no caer en los errores de la anterior magistratura y devolver la credibilidad maltrecha a la población.  Pero los actuales magistrados del TSE fueron una versión mejorada de lo nefasto de sus anteriores, las dudas se extendieron desde la forma en que algunos obtuvieron sus doctorados, la forma en que fueron electos por el Congreso, y su servilismo al Gobernante y la clase política dominante en el país.  De tal suerte que, entre todo, le devolvieron su vehículo a la señora Torres para que participara en las elecciones, en total contubernio con el poder judicial.   Posteriormente la falta de uniformidad en tomar decisiones, entre las que se incluyen que procedieron sobre la fecha límite para que los funcionarios y empleados públicos renunciaran a sus cargos para optar a participar en las elecciones generales la revocatoria del Acuerdo 321-2022, con lo que los Alcaldes, Ministros y otros funcionarios participaron en las elecciones, este acuerdo afectaba principalmente a los candidatos a Alcaldes que fueron pieza clave para el partido en el poder en estas elecciones, así, complacientes los magistrados procedieron a revocarlo para no afectar la participación de los alcaldes en el poder.  Así podemos citar la compra del software por una cantidad de dinero exagerada, la falta de contratación de un Director de Informática al día de hoy lo cual denota lo “peligroso” de este cargo por que la actual magistratura no ofrece garantías de imparcialidad, cuya renuncia se efectuó desde el año pasado, pero el TSE ni se mosqueó en contratar a alguien más sino que se animaron al proceso electoral sin una pieza clave, posiblemente porque de esta manera esa área importante descabezada no haya ningún responsable.

En la institucionalidad de cualquier estado, las responsabilidades se deslindan sobre quienes están al frente de las instituciones que, por ley tiene a su cargo los procesos.  Así, en el caso del proceso electoral tenemos como ente rector y responsable al Tribunal Supremo Electoral, cuyos magistrados son electos para un plazo de seis años, con el único fin de preparar el proceso electoral que corresponde a ese periodo.  Es decir que cuentan con años de anticipación para que los comicios se realicen con total trasparencia, garantizando su pureza.  Resulta que los actuales magistrados electorales, por desidia, falta de capacidad e ineficiencia el proceso electoral de este año les quedó muy grande, sobrepasó sus capacidades y entre que evadieron responsabilidades, les faltó carácter y se plegaron a una serie de grupos con intereses y agendas privadas, se apartaron de los verdaderos intereses del país y se convirtieron en serviles instrumentos de perversión. Todo lo que ha sucedido del domingo 25 en adelante, es parte de su ineptitud para llevar a cabo un proceso transparente y puro, como lo he manifestado en mas de una vez, el daño ya está hecho y los resultados son verdaderamente inéditos.

Bajo alegaciones de fraude, alegaciones de falta de certeza en el conteo de votos, alegaciones de actas alteradas y en suma, la falta de certeza y pureza de estos comicios, una serie de partidos políticos entre los que se encuentra el partido de la señora Torres que, según los resultados, llega a segunda vuelta; han planteado una serie de acciones de amparo directamente ante la Corte de Constitucionalidad bajo la argumentación de que existe peligro inminente y real de que se adjudiquen cargos sin que las Juntas Electorales conozcan los vicios que se pueden resultar de las supuestas diferencias entre las actas manuscritas y lo digitado.  Si los magistrados de la Corte de Constitucionalidad hubieren actuado rectamente conociendo una serie de casos que llegaron a su seno sobre candidatos tendríamos la certeza de que la resolución de las acciones de amparo sería conforme derecho.  Pero con esta Corte de Constitucionalidad, cuyas resoluciones muy cuestionadas que permitieron a uno participar y a otros les negaron la participación no sabemos qué esperar.  Esta magistratura es demasiado peligrosa, porque sus resoluciones han sido tan apartadas de derecho, tan perversas como la anterior magistratura que le decía sí a todos los amparos del ex procurador de derechos humanos Jordan Rodas, en muchos casos irrespetando la misma Constitución que juraron defender.

Estamos ante una judicialización de la política recargada, diferente a la que inició hace algunos años en donde las decisiones de la Corte de Constitucionalidad era sobre permitir o no la participación en las elecciones de Ríos Mont, de Zury Ríos, de Sandra Torres , Edwin Escobar o Carlos Pineda y en otros casos ante decidir la participación o no en las elecciones de algunos candidatos a alcalde o diputaciones o bien, de que si participaban o no los candidatos postulados por el partido Prosperidad Ciudadana; en estos casos la descalificación era previo al evento electoral y como tal la ciudadanía no emitía su sufragio en favor de dichos candidatos.  Ahora, en esta nueva judicialización de la política recargada, estamos ante el cuestionamiento del evento electoral que afectará la decisión popular, ya que el pueblo emitió su sufragio el pasado domingo y ahora ocho días después parece que la decisión estará en la Corte de Constitucionalidad.  En ese sentido traigo a colación una de las decisiones más nefastas, estúpidas y dañinas que emitió la Corte de Constitucionalidad en la magistratura anterior al resolver sobre los cuestionamientos de las comisiones de postulación para magistrados de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones, el resultado:  Hoy en día ya después de casi cuatro años no se ha electo magistrados y los que hoy están usurpan el cargo.  Siempre me pregunté: ¿Por qué la Corte de Constitucionalidad al emitir esa resolución tan cuestionada no le fijó plazo al Congreso de la República para que procediera sin demora a elegir magistrados para la Corte Suprema y Corte de Apelaciones?  Si eso hubiere sucedido, ya hace años tuviéramos magistrados legítimos, pero no fue así porque los magistrados de la anterior magistratura simplemente tenían su agenda y le hicieron un grave daño al país.  Ahora, nuevamente el futuro de todo el país esta en las manos por así decirlo de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, como es un caso inédito no sabemos que resolverán esperamos que no resulten con una resolución que, en lugar de resolver el problema lo haga mayor, porque el descontento popular es muy alto, dos candidatos se perfilaron para  disputar una segunda vuelta y una resolución de la Corte Constitucional que pueda traer por tierra todo el proceso electoral, lo cual no solo sería catástrofe sino que sería el tiro de gracia a esta maltrecha democracia guatemalteca, porque ninguna democracia soportará que se ignore la voluntad popular permitiendo que los funcionarios actuales continúen un día más en sus cargos prolongando funciones.

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