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Civilidad

Teorema

Civilidad: Comportamiento de la persona que cumple con sus deberes de ciudadano, respeta las leyes y contribuye así al funcionamiento correcto de la sociedad y al bienestar de los demás miembros de la comunidad. Diccionario Oxford

El proceso electoral de 2023 ha sido aún más desastroso que los cuatro anteriores. Los problemas empezaron antes, cuando el gobierno de Giammattei y el Congreso asumieron sus nuevos cargos. En contubernio, eligieron a los actuales miembros del Tribunal Supremo Electoral ―TSE― incluyendo a, por lo menos, dos abogados señalados como criminales.

Para el 14 de enero de 2023 el gobierno ya había “convencido” a los diputados para que su reducida bancada, de solo 16 representantes, dirigiera la Junta Directiva del Congreso y tuviera presencia en las más importantes comisiones, presidiendo algunas. Los legisladores de Vamos (por una Guatemala mejor) integraron varias comisiones ¿Cómo se explica que 16 diputados de Vamos lograron convencer a otros 91, de ser los iluminados que Guatemala necesitaba para su desarrollo?

Los argumentos de persuasión fueron contundentes: El gobierno contrató cientos de “asesores” con cargo al presupuesto del Ministerio de Agricultura, entre otros, quienes no tenían obligación de asistir. Sólo debían prestar su nombre, firmar un contrato y cobrar los cheques que recibían. Retenían una pequeña comisión y entregaban el resto a “su” diputado. Cada diputado contaba con varios asesores fantasma, además de los oficiales la mayoría de los cuales desconocía los temas que asesoraban. Todos contentos en la fiesta, excepto los contribuyentes y los beneficiarios de los servicios de salud, educación y seguridad que ya no se prestaron, por tan criminal desvío de fondos públicos.

El Ministro de Agricultura y una Viceministra, al enterarse pusieron un ultimátum al presidente: ¡O cancela todos esos contratos dolosos o renunciamos! Fueron los primeros dos funcionarios que abandonaron el gobierno. Los sustitutos fueron complacientes. Creo que eso disipa las dudas acerca de quién ordenó a 107 diputados que el 17 de marzo de 2020, el Congreso escogiera a abogados delincuentes, al menos dos de ellos, como magistrados del TSE.

También había sucedido antes, que la nómina entregada al Congreso por la Comisión de Postulación incluía a dos abogados que habían presentado títulos falsos, posiblemente el mayor crimen contra la sociedad académica y, además, sujeto a penalidad judicial. Uno se pregunta ¿Por qué los postularon? ¿Cómo se les pudo pasar a los decanos? ¿Hubo contubernio? Quizá algún día, ya anciano, Milton Argueta u otro decano decida confesar lo sucedido ¿Estarán ellos conscientes del daño causado a nuestro país? ¿Sabrán que, por indolencia o por criminal intención, favorecieron que nuestra dirigencia política fuera aún más corrupta?

Es indiscutible que los magistrados del TSE merecen el repudio de los ciudadanos. Empero, lo catastrófico del proceso electoral 2023 no es culpa solo de ellos. El origen es anterior. La Ley Electoral y de Partidos Políticos ―LEPP― establece que el TSE debe estar formado por cinco magistrados, todos ellos abogados. Eso, cuando las tareas del TSE exigen conocimientos especializados en matemática, informática y logística, además de un amplio dominio de la legislación electoral y de la Constitución.

Desde cuando tomaron posesión de sus cargos, los magistrados del TSE han estado en el centro de la controversia electoral, al menos hasta la convocatoria a elecciones. Nunca consiguieron ser respetados por las asociaciones civiles relacionadas con el proceso electoral, ni por la ciudadanía en general, ni por la prensa, ni por los partidos, ni por los candidatos, ni, ni… Al contrario, constantemente ofrecieron motivos para dudar de su idoneidad y honradez. La compra del software fue fatal para la ya raquítica confianza ciudadana en el TSE. De ser vistos como inútiles, los magistrados pasaron a ser percibidos primero como inmorales y después como rufianes.

También contribuyó que, bajo una dirección inepta y sin autoridad, la pugna por los primeros lugares fuera una lucha anárquica y feroz. La mayoría de los candidatos sostuvo una campaña política que rompió récords en bajeza. La campaña negra anónima en las redes, así como el uso de calumnias, ofensas, engaños, insultos, mentiras y falsedades entre los candidatos, por un lado y la falta de propuestas con algún sustento, por otro, fue bárbara. Un candidato consiguió apoyo popular capitalizando el enojo contra Giammattei. Insultó a la madre del presidente y ofreció ponerlo en prisión. ¡Valiente propuesta política para desarrollar a nuestro país! Administrar las elecciones de 2027, 2031, 2035… seguirá siendo difícil y los procesos serán caóticos, a menos que la LEPP sea modificada profundamente y con sensatez.

La elección del 25 de junio dejó abundante evidencia de anomalías: actas alteradas, un contrato de procesamiento de datos anulado después de cerradas las urnas, reclamos de digitadores, muchos tachones y un TSE que se negó, rotundamente, a recontar los votos. Dijo que la ley no permite abrir las cajas que los contienen. La ciudadanía no entiende. Nos preguntamos: ¿Y entonces para qué se guardan? Si son documentos clasificados: ¿Cuándo los van a desclasificar? ¿En 75 años? Si así fuera ¿Se pueden ver los votos de la elección que en 1945 ganó JJ Arévalo? ¿Y de comicios anteriores?

Existe duda razonable cuando un candidato colero pasa a balotaje como por arte de magia. En 1990 sucedió que Jorge Serrano lo hizo con 24% de votos, viniendo de una posición lejana. Pero entonces (11 de noviembre de 1990), a principios de mes, con datos de fines de octubre, las encuestas ya mostraban que Serrano había superado a otros diez candidatos. En cambio, según los resultados que los magistrados del TSE hicieron oficiales, Arévalo tuvo que escalar a la segunda posición la misma noche del 24 para recibir el pase a balotaje.

El resultado de la elección más importante sorprendió a los electores. No así a los observadores internacionales y a los embajadores que recibieron la visita extraoficial, casi secreta, de Todd Robinson. Ellos no mostraron sorpresa alguna. No sólo declararon los resultados como buenos y esperados sino también los defendieron con insospechado ahínco.

La tesis de fraude apunta hacia un proceso minuciosamente planeado desde Washington con ejecutores locales en el TSE, el Congreso y otras entidades públicas. Empero, estas líneas se limitan a afirmar que hay duda razonable de fraude. No puedo señalar culpables porque carezco de pruebas para demostrarlo. Pretendo explicar que un sector de la población, solo alcanzamos a ver el pico visible del iceberg y que, cuando mucho, percibimos que la parte oculta es enorme.

Por otro lado, quiero señalar que hubo héroes, muchos héroes, y aplaudirlos. Cerca de 75 mil ciudadanos, ad honorem, asistieron a las reuniones de preparación del evento y el 25 de junio, con sonrisas amables, atendieron a los electores en los centros de votación donde hubo un orden impecable. Mi felicitación se extiende a los miembros de las juntas departamentales del interior. Los guardias municipales que cuidan el material electoral y la limpieza de los centros de votación pasan dos días en esa tarea sin que nadie reconozca su mérito. El nutrido aplauso va también hacia los más de 5.5 millones de guatemaltecos que acudieron a emitir su voto. La población civil no le falló a Guatemala, lamentablemente nuestras autoridades volvieron a fracasar.

Debo resaltar que todas, absolutamente todas las expresiones de condena originadas en la percepción de fraude fueron canalizadas dentro de nuestro sistema legal. No hubo quema de vehículos, edificios o instalaciones públicas. No hubo turbas asaltando el Congreso. Las manifestaciones de protesta fueron moderadas y pacíficas. Hoy, la población se prepara para regresar a las urnas el 20 de agosto.

Sin embargo, la prensa internacional, los gobiernos de EU y aquellos que en Europa obedecen a Washington, nos han condenado con dureza. El 14 de julio, Martín Álvarez de Soy502 reportó textualmente: En una declaración conjunta los presidentes de los comités de la Cámara de representantes de EU Michael McCaul (R-TX) y el senador Bob Menéndez (D-NJ) solicitaron al presidente Joe Biden que se tomen medidas y se imponga sanciones a funcionarios guatemaltecos a través de la sección 353.

Otros comunicados dicen que debemos respetar la voluntad popular expresada en las urnas. Pretenden ignorar que todo lo que se ha hecho, ha sido dentro de nuestro ordenamiento legal y con un solo propósito: Que se respete la voluntad popular, misma que no necesariamente coincide con la expresada por el TSE.

A las voces llegadas de Estados Unidos respondo: ¿Por qué no se ven en un espejo? ¿Acaso olvidaron ya lo sucedido en Washington DC el 6 de enero de 2021 ante similares denuncias de fraude electoral? Esa vez, el mismo Trump al señalar «esta fue una elección fraudulenta”, pidió a sus seguidores que fueran a su casa en paz. Ustedes que hoy nos ofenden y agreden entonces pusieron barricadas en las calles de Washington D.C. buscando detener a sus manifestantes quienes las destruyeron e irrumpieron en el Capitolio. Ustedes tuvieron que evacuar al Vicepresidente Pence. Fue en su ciudad donde se quemó y destruyó la propiedad pública. Fue su gobierno el que impuso un toque de queda. Fue dentro de su población que hubo muertos y heridos…

En vez de sus condenas y lastimeras peticiones a un presidente muchas veces señalado como indigno de su cargo, deberían sentir vergüenza de que un pequeño país, pobre y comparativamente atrasado en asuntos tecnológicos, venga hoy a darles amplias y profundas lecciones de civilidad.

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José Fernando García Molina

Guatemalteco, 67 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista.Tiene una licenciatura en ingeniería eléctrica de la Universidad de San Carlos, una licenciatura en ingeniería industrial de la Universidad Rafael Landívar –URL–, una maestría en economía en la Universidad Francisco Marroquín –UFM–-, estudios de especialización en ingeniería pentaconta en la ITTLS de España.

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