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La paz como derecho humano y deber estatal

Poptun

La paz, esa anhelada meta que reside en lo más profundo de la naturaleza humana, es un concepto que trasciende las barreras culturales, religiosas y temporales. Es un valor esencial, un principio innegable y un objetivo compartido por todos los individuos que componen la especie humana.  Así como la dignidad y los derechos humanos son elementos fundamentales de nuestra existencia, la paz se erige como una expresión necesaria y vital de la convivencia entre seres humanos.

La noción de paz puede variar según las diferentes tradiciones, civilización e historia, pero su esencia permanece inmutable. La paz, en su sentido más profundo, es el opuesto a la violencia y la guerra en todas sus formas. Es la convicción de que la convivencia armoniosa y el entendimiento mutuo son esenciales para la prosperidad de la humanidad.

La vinculación entre paz y justicia en el derecho positivo internacional es innegable. La aspiración de mantener la paz, una paz justa, con el propósito de salvar a las generaciones futuras de los horrores de la guerra, se fundamenta en la tolerancia y en la utilización de los medios estipulados por el derecho internacional. Este objetivo se convierte en el núcleo de la comunidad internacional jurídicamente organizada.

La paz internacional es el primer objetivo fundamental de las Naciones Unidas, tal como lo establece el artículo 1.1 de la Carta de las Naciones Unidas. En este documento, que se refiere a la paz y a las medidas para asegurarla, se invocan “los principios de la justicia”, estableciendo así una conexión profunda y necesaria entre la paz y la justicia en el contexto del derecho internacional.

Dicha Carta sienta las bases para forjar la noción de paz como un concepto positivo, que se integra con el respeto de los derechos humanos, el cumplimiento del derecho internacional y el avance social en concordancia con la expansión del nivel de vida, en un sentido amplio y ligado a la libertad. En última instancia, la paz no es sólo el resultado de acuerdos políticos, sino también un estado que surge del espíritu humano y una realidad que se construye a través de acciones humanas.

El reconocimiento del derecho a la paz como un principio fundamental está arraigado en varios documentos internacionales y resoluciones de organismos globales y regionales, estableciendo así su relevancia universal.

En primer lugar, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su artículo 28 establece que toda persona tiene el derecho a un orden internacional que garantiza la plena efectividad de los derechos proclamados en la Declaración. Si el concepto de orden internacional está estrechamente ligado a la idea de paz, entonces se infiere que todas las personas tienen el derecho a un orden internacional que asegure y preserve la paz tanto en el ámbito individual como colectivo.

En segundo lugar, la resolución adoptada en 1976 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas proclamó el derecho humano a la paz. En tercer lugar, la Declaración sobre la Preparación de las Sociedades para Vivir en Paz, adoptada en 1978 afirmó el derecho de todas las naciones y personas a vivir en paz. Esta declaración enfatiza que el respeto a este derecho, junto con otros derechos humanos, beneficia el bien común de la humanidad y es esencial para el progreso global de todas las áreas.

A nivel nacional, el artículo segundo de la Constitución Política de la República establece de manera clara y contundente la responsabilidad estatal de asegurar la paz, la justicia y el desarrollo integral de la persona. Esta garantía no se limita a evitar la guerra, sino a crear un ambiente donde la convivencia pacífica y el respeto mutuo prevalezca.

Sin embargo, ante la coyuntura actual en Guatemala es necesario plantearse una interrogante crucial: ¿se está asegurando por parte del Estado verdaderamente el derecho a la paz de los guatemaltecos o, en cambio, está surgiendo como un triste ejemplo de cómo la negligencia estatal puede erosionar este fundamento de la convivencia? Las tensiones exacerbadas por acontecimientos como las elecciones generales tienen el potencial de minar la cohesión social y corroer la confianza en las instituciones.

La zozobra jurídica y la incertidumbre política no sólo pueden desencadenar conflictos internos, sino que también pueden minar la confianza en las instituciones y la voluntad popular de participar en el proceso democrático. La paz no es sólo la ausencia de conflicto armado, sino la creación de un entorno donde prevalezca la justicia, la transparencia y el respeto a los derechos de todos, sin discriminación alguna.

En este contexto, es imperativo que las autoridades estatales asuman la responsabilidad de garantizar este derecho fundamental. En virtud del derecho internacional, la Constitución Política de la República, y en particular de la Convención Americana de Derechos Humanos, a través de la cual el Estado de Guatemala se ha comprometido a respetar y proteger los derechos humanos de su población. Esto no es un mero acuerdo formal, sino un compromiso vital para preservar la paz y la estabilidad en la sociedad.

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Mireya Batún Betancourt

Abogada, Notaria y Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, postgrado en Criminología, especialista en ejecución penal con estudios en Doctorados de Ciencias Penales y Derecho Constitucional Internacional.

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