Una investigación sobre el proceso electoral

Barataria

Hay mucho que hablar sobre el proceso electoral que ha vivido Guatemala este año 2023 en el que resultó como presidente electo el señor Bernardo Arévalo, las noticias desde el siguiente día de los resultados de la primera vuelta es decir desde el 26 de Junio fueron en el orden de un descontento de un sector que se creyó ganador porque todo el sistema estuvo a su favor incluyendo el respectivo método de financiar la campaña, pero que al final no llegaron a cuajar sus aspiraciones. En las elecciones hay sorpresas, las hay en todas partes del mundo porque cuando hablamos de electores hablamos de ciudadanos que de un momento a otro cambian de opinión y con ello hasta su preferencia electoral. Esto es tanto así, en Guatemala, como ha sido en otros países del mundo y sobre todo porque nadie puede considerarse ganador hasta que no se lleve a cabo la elección y, como dirán por allí, las verdaderas encuestas se dan en la urna.  Con ello, al parecer un grueso grupo de personas que nunca van a representar la totalidad de la población y que ha estado muy de acuerdo con que personajes como los anteriores presidentes con sus sombras y pocas luces accedieran al poder, aquellos mismos que estuvieron de acuerdo en que Jimmy Morales y Alejandro Giammattei ocuparan la presidencia porque el pueblo votó por ellos sin duda alguna y por eso, nos guste o no nos guste debieron ocupar el cargo porque este es el juego de la democracia. Ahora, junto a otro grupúsculo de personas que se han enriquecido y acumulado poder en este último año no quieren que acceda a la presidencia el candidato ganador.

En realidad, nuestra débil democracia y nuestro sistema electoral ha sufrido intentos de manoseo, ya en algunas ocasiones se había intentado alguna intervención que afortunadamente privó la cordura y rectitud de los actores políticos para no interrumpir las elecciones, la alternancia en el poder y el respeto al voto popular.  Esto, naturalmente cambio a partir de un manoseo asqueroso de la Ley Electoral y de Partidos Políticos llevada a cabo por los Diputados al Congreso de la República en la legislatura 2016 -2020 afines a la UNE encabezados por el señor Mario Taracena y, en contubernio con una nefasta Magistratura de la Corte de Constitucionalidad procedieron a hacer reformas a la medida de su proyecto: Llevar a Sandra Torres al poder y así, imponer dentro de la Ley Electoral y de Partidos Políticos una serie de reformas ridículas y estúpidas estableciendo requisitos que ni la  Constitución establecían tales como la extensión de una constancia de parte de la Contraloría General de Cuentas que todo candidato debía tener y si no la presentaba no podría competir pese a que ni siquiera tenia denuncias o acciones legales por manejo de fondos públicos, entre otros. Además, en aquel proceso eleccionario el Tribunal Supremo Electoral procedió a no inscribir a aquellos que tenían procesos legales pendientes de concluir porque “no eran idóneos” y así de tajo eliminar la presunción de inocencia constitucional. 

Al final nuestro actual gobernante llegó al poder por carambolazo de descalificación de candidatos que le precedían en favoritismo e intención de votos, llegando del quinto lugar a disputar la segunda vuelta con la siempre perdedora señora Torres y alcanzando la presidencia.  Nadie alegó fraude y pese a que el sistema de conteo de votos presentó una serie de inconsistencia, todo concluyo con el respeto a la voluntad popular y a la función de un cuestionado Tribunal Supremo Electoral, la aceptación de que el señor Giammattei ganó la elección es parte de la democracia y así se hizo, porque a los grupos de poder dominante en el país no les afectaba porque a la larga fue lo que quisieron de haber ganado en aquel entonces el señor Villacorta o la señora Telma Cabrera quizá lo que ahora está sucediendo en el país, hubiere sucedido en aquel entonces.

En un país como Guatemala, en donde la democracia es débil, las instituciones lo son mas todavía y el acceso al poder esta limitado a un grupúsculo de personas que han creado un sistema político fundado en la exagerada preeminencia de los partidos políticos que monopolizan la postulación de candidatos a Presidente, Vicepresidente y Diputados y que se vuelven empresas electoreras en donde venden los cargos cual mercado.  Un sistema electoral como el guatemalteco en donde no se permite que el electorado elija al diputado de su elección, sino que elegimos al que nos ponen, porque los partidos políticos se encargan de hacer sus listados.  De allí que se vota por el partido, no por los candidatos porque si alguna persona quiere votar por el candidato a diputado por un distrito que aparece en la segunda, tercera o cuarta casilla simplemente no puede porque aquí en el país no se vota por rostro, se vota por partido.  Así, encontramos que en cada elección los dueños de los partidos políticos, porque en realidad es así, los partidos políticos no les pertenecen a los afiliados, le pertenecen a un grupúsculo de personas que acaparan los comités ejecutivos y hacen dos cosas postular a cargos de elección popular desde hijos, hermanos hasta a sus “queridas” y por otro lado “vender” las casillas al mejor postor.

Así las cosas, no todo sale como se planifica, y en este proceso electoral 2023 pese a tener a todas las instituciones a su favor, disponer de recursos a diestra y siniestra y habilitar a la eterna perdedora la señora Torres quien para empezar no solo no tenía partido porque la dirigencia de la UNE se le había volteado, sino que además pendían una serie de procesos legales en su contra.  Pero, como ya se sabe que la aspirante eterna Torres hace presidente hasta a las piedras si disputa con ellas una segunda vuelta naturalmente, había que hacerla candidata.  Así, de la noche a la mañana, los tribunales de justicia, tan rectos como son le fueron permitiendo todo hasta incluso que buscara recuperar “su partido”.  Mediane argucias legales de la instrumentalización de un amparo y la anuencia de un Juez de Instancia Civil “recto como la carretera de Huehuetenango a Soloma”, se le permitió no solo recuperar “su partido” sino inscribirla y participar en la elección.

El plan estaba en camino: la descalificación de los candidatos, los recursos, las campañas anticipadas sin sanción, la candidata perdedora y toda la maquinaria de instituciones actuando en favor de todos.  Algo falló y fue que quien, en teoría llegaría a la segunda vuelta porque, como decía el eslogan que se utilizó “Cambiar solo por cambiar es Retroceder así que VAMOS”, el diputado candidato a presidente que hizo campaña a la par del señor Giammattei no alcanzó la segunda vuelta que si alcanzó el señor Arévalo.  Entonces empezaron todos los partidos, aquellos que hoy guardan un silencio cómplice a gritar a todos los vientos que hubo fraude sin una prueba, solamente gritar por gritar, porque resultaría hasta gracioso que aquellos partidos políticos que tuvieron más fiscales en todas las mesas del país, inclusive más que el partido Semilla que no tuvo en muchas mesas fueron los que gritaron fraude.

Lo demás es una historia triste para nuestra democracia, se inició una intensa judicialización del proceso electoral con resoluciones que van desde la Corte de Constitucionalidad esta magistratura que ahora todas las acciones que se le han presentado ha indicado que, por competencia la traslada a la Corte Suprema de Justicia en aquel entonces dispuso una resolución de repetir las audiencias de revisión de escrutinio que ya se habían celebrado.  No me voy a referir a la instrumentalización de la Ley Contra la Delincuencia Organizada que ha permitido al Ministerio Público solicitar y al Juez Penal decretar medidas entre allanamientos, requerimientos de información y hasta la pretendida suspensión de la personalidad jurídica del partido Semilla.

En un país que se precie de ser una República y que además se asuma un respeto a la ley y a las instituciones (al menos así se habla de que es Guatemala) además de la división de poderes bajo la teoría de Montesquieu, existen diverso regímenes que se desarrollan bajo las instituciones específicas, algunos de orden constitucional y otros ordinarios.  Así en este país tenemos un régimen de control constitucional especial determinado en la Corte de Constitucionalidad que se encuentra literalmente fuera de la intervención del poder judicial porque la Corte Suprema de Justicia no ejerce ningún control sobre la Corte de Constitucionalidad, además existe un régimen electoral de orden constitucional que se determina con una ley de dicho rango, es decir una ley constitucional.  Además de ello, hay una serie de instituciones determinadas por la Constitución cuya función se encuentra ordinariamente dispuesta en diversas leyes, así tenemos a la Contraloría General de Cuentas, Procuraduría General de la Nación e incluso el Ministerio Público.

Es necesario explicar lo anterior para comprender que el Ministerio Público es una institución que constitucionalmente tiene a su cargo la persecución penal, el establecimiento de la verdad material a través de la investigación y además( y aunque parezca irónico) velar por la recta aplicación de la ley.  Por otro lado el régimen electoral es especial, a través de el sistema electoral dispuesto en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (nos guste o no, nos parezca o no) los Magistrados Electorales llevan a cabo todo el proceso electoral con la colaboración de un gran grupo de ciudadanos que integran las Juntas Electorales diversas y que custodian el voto desde el recuento en las mesas hasta que se oficializan los resultados.  Los partidos políticos que tienen derecho en cada una de las mesas a tener fiscales que se encuentran presentes desde el primer recuento de los votos en cada mesa son parte integrante de este proceso y por ello resulta descabellado pensar que miles de personas que integran las mesas electorales se presten a un fraude.  Igual resulta ser que, teniendo los partidos políticos sus fiscales y hasta sus propios centros de cómputo que van sumando la información que sus fiscales les dan se presten a un fraude.

Ahora resulta que el Ministerio Público por la denuncia de un ciudadano  procedió a realizar ir al Centro de Operaciones del Proceso Electoral del Tibunal Supremo Electoral en el Parque de la Industria en la que se procedió a abrir cajas que contenían los votos emitidos e incluso se plantearon hacer recuento de votos de algunas cajas, quisieron extrare las actas 4 y 8 originales en ese momento pero en evidente ignorancia no sabían que dichos originales se encontraban en la sede del Tribunal Supremo Electoral.  Ahora, el día viernes 29 de Septiembre 2023, el Ministerio Público procedió a allanar en un operativo con lujo de fuerza, y sustrajo en la diligencia aparentemente las famosas actas 4 y 8 especialmente de la elección presidencial de la primera vuelta celebrada el 25 de Junio 2025.  Al preguntarle al Fiscal de la FECI, resultaron sorprendentes sus declaraciones “Hay más de mil denuncias de mil guatemaltecos valientes que han denunciado una serie de hechos”.  De allí que informa que “solicito la reserva del caso”, así ya no hay forma de meter la pata con declaraciones sin sentido y concluye lapidariamente “..estas diligencias nosotros lo consideramos como un rescate para la democracia, un rescate para la soberanía del país que ha sido violentada, la soberanía de este país ha sido mancillada por la OEA, por la Unión Europea, por gobiernos extranjeros…” Resulta que el Ministerio Público actual realiza las mismas prácticas que tanto criticaron respecto a los anteriores fiscales: Instrumentalizar la Ley Contra la Delincuencia Organizada para utilizar los beneficios de esta ley tales como las medidas cautelares que decretan, los allanamientos y especialmente, la reserva del caso así no tienen que dar cuenta a la población del porqué de las investigaciones y sobre todo hacer de una causa que judicializó por una denuncia de unas firmas falsas en la constitución del partido Semilla a una “multicausa” en donde “por la denuncia de un ciudadano” allanó el Centro de Operaciones del Proceso Electoral en el parque de la Industria y, por la denuncia de mil ciudadanos allanó la sede del Tribunal Supremo Electoral para sustraer las actas 4 y 8 de la Elección Presidencial del 25 de Junio 2028.  Es decir, que según el Ministerio Público si yo, ciudadano común y corriente fuera a presentar una denuncia en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, al indicar que sospecho de fraude electoral en la Antigua Guatemala porque ganó un candidato que toda la campaña no aparecía entre los primeros cinco lugares según las encuentas, también el señor Curruchiche va a incluir mi denuncia en la multicausa y va a allanar el Tribunal Supremo Electoral con el propósito de verificar si no hubo algún tipo de anomalía por los resultados electorales.  Si es así, entonces ¿Para qué existe el Tribunal Supremo Electoral quienes constitucionalmente legitima todo un proceso y oficializa resultados? Porque si se va a judicializar el proceso electoral como ha pasado desde Junio al día de hoy y cualquier ciudadano inconforme con el resultado e incapaz de que el partido político de su elección haya sabido fiscalizar e impugnar los votos conforme la ley de la materia, va y plantea una denuncia al Ministerio Público, según lo dicho por el señor Curruchiche esto sería suficiente para promover la actividad jurisdiccional y realizar una serie de allanamientos para investigar.  Pero en la realidad no sucede así, y excusas sobran, sobre todo cuando se ve a todas luces que lo que se busca es trastocar el sistema electoral y dar con el traste todo el proceso.  Es lamentable oír de un fiscal de carrera exponer que su finalidad en una investigación rescatar la democracia, rescatar la soberanía, evitar que se mancille la democracia por organizaciones como la OEA, Unión Europea y gobiernos extranjeros.  Esto es lamentable porque la función del Ministerio Público no es defender la soberanía, ignorante como a veces parecen algunos no comprenden que la Constitución la soberanía radica en el pueblo y la delega en los tres organismos del Estado y es función del Ejercito mantenerla a través del Jefe de Estado, por ello no veo en dónde la función del MP sea defender la democracia y la soberanía.  En todo caso, la democracia se defiende respetando la voluntad popular expresada en las urnas el 25 de Junio y el 20 de Agosto y en donde se eligieron Alcaldes, Diputados, Diputados al Parlamento Centroamericano y finalmente Presidente y Vicepresidente les guste o no les guste, les plazca o no les plazca esa es la democracia y la aceptación de los resultados sin intervención mezquina y sucia de autoridad judicial o fiscal es precisamente la expresión democrática después de las votaciones, la judicialización del proceso electoral simplemente pone en riesgo la débil y maltrecha democracia que tenemos y encamina al país a un totalitarismo que devendrá del ejercicio del poder fuera de la ley realizado por funcionarios que han instrumentalizado el derecho y que llevan al país al descalabro total.

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