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Más presupuesto estatal, más corrupción

Vocación de Libertad

Hay un adagio muy popular en el mundo de los financistas, banqueros, auditores, oficiales del Ministerio Publico, economistas… filósofos y hasta políticos, cuando se trata de investigar y documentar sobre la corrupción: siga la pista al dinero.

No hay duda tampoco, que el crimen organizado puede corromperlo casi todo: está hoy sumergido en las estructuras económica y de poder. En el caso de Guatemala y el Estado de Guatemala con cualquiera que pueda ser quien lo dirija – porque gobernarlo aún está por verse – si de algo estamos muy claros, aun nuestro más del 20% de analfabetos, es que la corrupción impera en el seno del Estado, incluyendo las más altas cortes del poder judicial y casi todos los aparatos del poder y control en el país.

En las series policiacas del cine de hoy, los policías más honestos, en su enfrentamiento con la cúpula corrupta, no cesan de repetir que “si se quiere aprender algo del tráfico de drogas, en vez de seguir el camino de los alijos de drogas hay que seguir el de los millones de dólares que mueve”. La experiencia en Guatemala ha mostrado esta cruda realidad y con relativo éxito, se ha logrado desmantelar, capturar y someter a la justicia a algunos personajes.

Lo anterior, viene al caso porque curiosamente, los nuevos inquilinos del guacamolón, se están dando el tupe – habiéndose presentado como los campeones anticorrupción – de pedir miles de millones de quetzales más para el presupuesto del próximo año y ello sabiendo que el presupuesto va preñado de un incremento en la deuda pública del orden de los Q13,000 mil millones. ¡Qué talito! -dicen los patojos.

La lógica más elemental sugiere que, no solo el monto en que el presupuesto del Estado ha crecido en los últimos años ha sido descomunal y peor aún, que el incremento en este presupuesto no ha generado mejoras mínimas en la prestación de servicios del Estado, sino todo lo contrario. Basta preguntarse: ¿Qué paso con los US$600 millones que se destinaron a las vacunas rusas que además nunca vinieron y entiendo que tampoco fueron certificadas por la OMS?, ¿Dónde está el dinero?, ¿Quién o quiénes deberían dar la cara para enfrentar a la justicia? ¿Qué ha pasado con el famoso Libramiento de Chimaltenango y en qué etapa están los procesos de ajustes y mejoras para dejarlo funcional y sin problemas de inundaciones? En fin, todo indica que mientras más dinero se le facilita al Estado, lo que se alimenta es la nefasta corrupción.

Una verdad muy evidente es que el proceso de elecciones generales para nuevas autoridades, oriento sus decisiones hacia lo que percibieron como la postura más clara, sólida y consistente en contra de la corrupción y es por ello por lo que resulta extraño que quienes salieron electos, a las primeras de cambio, sin habernos demostrado la menor acción en favor del mandato anticorrupción que los votantes pedimos, se atrevan a pedir más dinero. No hay que olvidar que, a la corrupción, le ha acompañado una igualmente característica propia de los últimos gobiernos: la ineptitud, la incapacidad y hasta la ignorancia prevaleciente entre quienes desempeñan los cargos de servicio público.

Para quienes no lo saben y pecan por ignorancia, la ineptitud y la incapacidad tiene un costo tanto o más elevado para el país que la corrupción misma, puesto que estas características toleradas hasta hoy en el aparato estatal, tiene un costo que podemos traducir en vidas humanas y no solamente por el sistema de salud, sino más aun por el sistema educativo y la ausencia de una gestión de valor en los aparatos de seguridad.

Ha estado claro que Ministerios muy favorecidos con el incremento dantesco del presupuesto estatal, como ha sido el Ministerio de Educación, no solamente no ha mejorado la educación, sino todo lo contrario y esto ha sido medido anualmente tanto por sistemas de evaluación nacional como internacional. ¿Quién puede garantizar que más dinero en educación provocará una mejora en la misma para las futuras generaciones?

Este importante capitulo, el de la efectividad y eficiencia de los servicios prestado por el Estado a sus ciudadanos, cuenta con algunos estudios un poco atrasados, siendo el informe del 2012 el más reciente, pero que en nuestro caso difícilmente podremos haber mejorado a juzgar por la evidencia empírica de los últimos 11 años, cuando como parte inherente de la corrupción misma, ha sido el uso de los empleos del estado como moneda de cambio entre los políticos de turno.

Para referencia, cito a continuación unos párrafos del resumen del último informe en 2012 que no pueden ser más elocuentes y animo al lector a preocuparse más por estas circunstancias que rodean la gestión estatal futura. Algunos datos comparativos de los índices de calidad del sistema de servicio civil del barómetro 2012 se comentan así:

“La capacidad funcional, que evalúa el grado de influencia positivamente en el comportamiento de los empleados públicos, induciendo conductas laborales adecuadas a las prioridades organizativas y orientadas a la mejora de los servicios públicos” (Castillo, 2012), muestra el promedio más bajo de la región. De los resultados obtenidos, es posible denotar que este criterio es considerado el de mayor debilidad regional. En el caso de Costa Rica quien obtiene 46 puntos, junto a República Dominicana con 34, son los únicos países que se ubican por encima del promedio, ubicado en 27 puntos.

Finalmente, la capacidad integradora, vista como “la eficacia con que el sistema de sociedad civil es capaz de asegurar la armonización de las expectativas e intereses de los diferentes actores, incrementando el sentimiento de pertenencia y reduciendo la conflictividad” (Castillo, 2012), es el único índice en que República Dominicana (55) supera a Costa Rica (45). El promedio de la región es de 33 puntos, donde Nicaragua (25), Guatemala (20) y Honduras (10), quedan rezagados.”

No, Señor presidente electo, no se equivoque. Tenga por seguro que algunos de los ciudadanos que votamos por usted, lo hicimos muy conscientes de que su tarea, es terminar con la corrupción imperante dentro del Estado y esto no solamente se trata del latrocinio descarado, sino también la búsqueda de las eficiencias y efectividades de la inversión que hacemos con los impuestos que generamos y que ustedes administran.

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Juan F. Callejas Vargas

Nicaragüense por nacimiento, Guatemalteco por decisión. 72 años de edad, periodista de opinión, casado con una esposa – Ana Lucrecia Aquino de Callejas - con quien ha procreado ocho hijos. Estudios profesionales en Universidad Rafael Landívar, INCAE y post grados en Inglaterra, Brasil y Estados Unidos de América. Amplia experiencia en diseño y ejecución efectiva de programas de comunicación y diseño de Estrategias a nivel comercial para firmas y organizaciones nacionales e internacionales. Estratega de campañas políticas, de gobierno e institucionales en Guatemala y El Salvador, así como mercadeo social.

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