Blanca Alfaro presentara amparo por miedo a enfrentar a la justicia
La presidenta del Tribunal supremo electoral la magistrada Blanca Alfaro presentará un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para evitar que le retiren su derecho de antejuicio y así impedir que sea investigada por los posibles delitos que cometió.
Blanca Alfaro busca frenar investigaciones del MP
El magistrado Gabriel Aguilera ha presentado un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, uniéndose así a la acción legal iniciada por la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro. Esta última anunció que interpondrá un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en respuesta al proceso de retiro de inmunidad en su contra.
En sus declaraciones, Alfaro también confirmó la presentación de un amparo por parte del magistrado Gabriel Aguilera, buscando suspender la solicitud de retiro de inmunidad en su contra. Mencionó que, aunque ella tenía un problema relacionado con el casillero que estaba resolviendo, el magistrado Aguilera estaba presentando su recurso en ese mismo momento.
Las acciones legales se originan a raíz de una investigación del Ministerio Público que involucra a magistrados titulares y suplentes en presuntas irregularidades vinculadas a la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Las declaraciones de la presidenta del TSE fueron realizadas al término de la presentación del informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sobre el proceso electoral de 2023.
Es importante destacar que los amparos fueron interpuestos tanto por los magistrados titulares del TSE, Mynor Franco, Irma Palencia y Ranulfo Rojas, como por un magistrado suplente en conjunto con los demás suplentes.
La magistrada Irma Palencia del TSE explicó que varios magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Salas presentaron inhibiciones y excusas para no intervenir en el proceso de antejuicio. Según Palencia, esta situación debió ser notificada y vulneró varios artículos de la Ley del Organismo Judicial, así como los artículos 2 y 12 de la Constitución Política de la República, ya que la resolución careció del debido proceso. En sus palabras, «la Corte se obvió debidamente ese procedimiento legal, pues como ya indiqué, de nada de ello, fui notificada y aunque lo hubieran agotado de igual manera, debían notificar esas incidencias a efecto de verificar que la Corte se hubiere integrado legalmente y el no haber procedido así, simple y sencillamente, se podría apreciar que se integró una Corte, pero que no es la que legalmente pudo haber correspondido».
