Futuros desafíos en la elección de Magistrados del Organismo Judicial
Poptun
Finalmente, después de cuatro años de incumplimientos y dilaciones, el Congreso de la República de Guatemala ha elegido a los nuevos magistrados que ocuparan los cargos en las altas Cortes del Organismo Judicial.
La elección de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, un hito crucial para restaurar la legitimidad en la administración de justicia. Este proceso se llevó a cabo en respuesta a la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) del 6 de noviembre de 2023 que instó a la debida ejecución de la sentencia emitida en el año 2020 por la anterior magistratura de la CC por el amparo interpuesto por el Ministerio Público (MP).
La prolongación indebida de funciones de los magistrados del período 2014-2019 se ha convertido en una mancha que a criterio de diversos analistas no puede quedar impune, y que destacan la necesidad de deducir responsabilidades en contra de los posibles responsables para evitar futuras violaciones constitucionales.
Como destacó un abogado firmante de la actual Constitución en un programa de radio, el plazo constitucional es “fatal”, no en el sentido de que se cumpla, sino que la omisión de cumplirlo es un error grave que debe sancionarse. La prolongación de funciones de los magistrados del período 2014-2019 no solo es una violación a la Constitución, sino que también sienta un nefasto y peligroso precedente del cual, si no se toman medidas concretas, podría repetirse no sólo en el Organismo Judicial sino en cualquiera de los otros dos organismos de Estado. Igualmente, los responsables de este obstáculo a la elección de magistrados durante más de cuatro años deben ser llamados a rendir cuentas.
El Congreso de la República en la sesión ordinaria número 25, llevó a cabo la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia en aproximadamente 45 minutos, lo cual no solo refleja la urgencia de cumplir con las disposiciones judiciales, sino que también arrojan luz sobre posibles acuerdos previos. Tiempo antes de iniciar el proceso de elección en el Congreso de la República, se filtró una lista con los nombres de los candidatos, destacando aquellos que finalmente resultaron electos.
Las denuncias difundidas en las redes sociales acerca de encuentros entre diversos actores de la sociedad política y los candidatos a magistrados podrían insinuar que, incluso antes de la elección, las decisiones ya estaban prácticamente tomadas. Este suceso, junto con la investigación que impulsó el MP y que aparentemente revelaba una colusión entre varios legisladores y comisionados de las Comisiones de Postulación, con el propósito de influir en la selección de magistrados para el período 2019-2024, constituyen razones fundamentadas para reconsiderar la modificación de este medio de selección y elección eminentemente político.
Estos eventos deberían impulsar reformas sustanciales en el sistema buscando preservar la independencia y transparencia en la elección, subrayando la necesidad de revisar a fondo el sistema de elección de magistrados de las altas Cortes del país para garantizar una mayor integridad y representación genuina en futuros nombramientos judiciales.
Coincido plenamente con los argumentos de diversos actores políticos, tanques de pensamiento, abogados y constitucionalistas que sostienen que el sistema actual es insostenible y ya no es idóneo. La elección de magistrados a través de comisiones de postulación, controladas en gran medida por intereses políticos, ha mostrado ser propensa a manipulaciones y ha perdido la confianza del pueblo guatemalteco. La necesidad de reformar la Ley de Comisiones de Postulación es evidente, y el nuevo Congreso que tomará posesión en enero de 2024 tiene la responsabilidad de promover estas reformas antes de que se convoque al próximo proceso de selección de magistrados.
Indistintamente, es fundamental que la ciudadanía guatemalteca, haciendo uso del derecho de iniciativa de reforma constitucional consagrado en el artículo 277 de la Constitución, participe activamente en la edificación de un sistema transparente y eficaz. Además, se hace imprescindible introducir el mecanismo de revocatoria de mandatos para los funcionarios públicos elegidos por votación popular que no cumplen con sus responsabilidades ni responden a las expectativas y necesidades de la población antes de que concluya su período.
La necesidad de esta medida se pone de manifiesto, una vez más, en la reciente muestra de desconexión entre la ciudadanía y las autoridades. Ayer, los manifestantes que se congregaron frente al Congreso en demanda de ser escuchados respecto a la elección de magistrados y demás temas del orden del día, fueron ignorados, subrayando la urgencia de establecer mecanismos que fortalezcan la participación ciudadana y la rendición de cuentas, y así evitar la falta de diálogo y atención a las demandas ciudadanas por parte de los funcionarios públicos y la criminalización de aquellos ciudadanos que expresan su descontento.
La coyuntura actual que revela un momento crítico ofrece una oportunidad para una profunda reflexión y renovación tanto en el ámbito judicial como en el político. Es tiempo de construir un sistema que responda a estándares de integridad y representación verdadera, donde los intereses partidistas dejen espacio a la búsqueda del bien común y la justicia.
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