Una increíble fábrica de casos penales

Barataria

El Ministerio Público, tanto en la Constitución Política de la República de Guatemala como en su propia Ley Orgánica, se establece como una institución autónoma cuya finalidad principal es el estricto cumplimiento de todas las leyes del país, así como promover la persecución penal y dirigir la investigación en el caso de los delitos de acción pública.  Bajo este precepto parece suficientemente claro que el Ministerio Público es una institución auxiliar del sistema de justicia con el objetivo final de buscar la justicia.

Para que el Ministerio Público consiga la realización material de las justicia es necesario que tenga como principales características la imparcialidad, la objetividad, la independencia o autonomía y, por supuesto su sujeción a la ley es decir el cumplimiento del principio de legalidad ya que, la Fiscal General como todos los fiscales no están sobre la ley sino que bajo esta y con ello se garantiza que no hagan desmanes.  Estas características principales se establecen en virtud de la existencia de un riesgo real e inminente de que la persona a cuyo cargo se encuentre esta institución pueda utilizarla para propósitos ilegítimos y con ello pueda socavar la institucionalidad del país.

A partir de la reelección de la señora Consuelo Porras como Fiscal General en un proceso cuestionado que incluso tuvo como cómplice principal a los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad que viciaron el proceso de la comisión de postulación al ordenar que sí o si la incluyeran en la terna para que el Presidente Giammattei tuviera la opción de elegirla, se avizoraba que este personaje que parecía inofensivo se transformara en una verdadera bestia negra en el cargo.  Durante su primer periodo como Fiscal General, la señora Porras fue una suerte de abuelita “vigilante” permitiendo los ya conocidos desmanes del gobierno del señor Jimmy Morales y sin intervenir ni siquiera medianamente en la problemática nacional.  Sin embargo si cometió su primer acto contra la democracia del país al socavar en complicidad con la siempre complaciente y política magistratura de la Corte de Constitucionalidad la institucionalidad del poder judicial e impedir que se eligieran Magistrados a Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones.  Ese entuerto que la semana pasada fue resuelto precisamente por esta magistratura constitucional que después de mas de tres años sin elegir al poder judicial se apresuraron a emitir una resolución ad hoc que hizo que este Congreso de la República eligiera a los Magistrados de la Corte Suprema para que la clase política gobernante tuviera al menos la tranquilidad de que el sucesor presidencial no asuma al poder.

Al día de hoy la señora Consuelo Porras ha llevado a la institución, es decir, al Ministerio Público, a convertirse en un brazo poderoso, en un instrumento de inequidad al servicio de la clase política gobernante para destruir toda institucionalidad e impedir a toda costa el traspaso presidencial.  ¿Cómo llegamos a este punto en Guatemala? ¿Porqué se quiere destruir la democracia?  En realidad, esto responde a un plan muy bien orquestado en dónde la señora Porras, siendo señalada por el Gobierno de Estados Unidos como una actora antidemocrática e incluida en la Lista Engels sino además revocada su visa para entrar a este país, fue protegida y arropada por toda esta clase en el poder para que les sirviera para sus fines más aviesos, fines que conllevan evidentemente conservar el poder en manos de aquellos a quienes no se eligieron para ejercerlo y desapoderarlo del pueblo que en un evento electoral lo otorgó al señor Bernardo Arevalo y la señora Karina Herrera.

Es precisamente desde el día 26 de Junio de este año, en que se pone a trabajar toda esta maquinaria perversa que, al principio inicia con alegaciones de fraude electoral y no les funciona.  Luego quieren evitar la segunda vuelta electoral mediante una orden ilegal de un Juez Penal que instrumentaliza la Ley Contra la Delincuencia Organizada para suspender provisionalmente la personalidad jurídica del partido Semilla cuyo candidato enfrentaría en el balotaje final a la candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza el tiempo se les agota, no les funciona y empieza toda una campaña mediática para desgastar la imagen del señor Arévalo y curiosamente aquellos siempre detractores de la señora Sandra Torres la alabaron, la exaltaron y la pusieron como la adalid de los valores ideológicos de derecha, incluso hasta muchos empresarios que siempre habían hablado pestes de ella se hicieron hipócritamente a su lado así como algunos activistas y netcenter que siempre estuvieron en su contra se volcaron a apoyarla, al final no les funcionó.  Luego empezó una feroz persecución judicial en contra de sus otrora aliados, los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, persecución que les llevó a allanar instituciones, a solicitar una serie de informaciones y además de ello como una verdadera patraña enderezaron sus esfuerzos en secuestrar actas electorales, llegar a abrir bolsas en dónde se encontraban los votos y hacer una especie de revisión privada de escrutinios de algunas mesas. Vimos y oímos como el Fiscal Curruchiche aseguró que la denuncia de miles de ciudadanos había provocado ese allanamiento para secuestrar las actas electorales al final se sabe que fue un ciudadano a “compadre hablado” que denunció para que un Juez ad hoc ordenara el allanamiento. Pese a las promesas del Fiscal Curruchiche de que en breve iba a salir a exponer el fraude y que lo que el hacía era “defender la democracia” como si esa fuera su función cuando la misma ley del Ministerio Público lo único que le manda es que investigue y procese pero el señor Curruchiche se pone como el superman de la democracia guatemalteca, al final no les funcionó porque esa investigación les lleva mucho tiempo y no les daba los resultados que esperaban.

Es increíble cómo el Ministerio Público se ha vuelto una fabrica de casos, armados como castillo de barajas, sin ningún sustento más que la exageración y mentira.  Como nada de lo que han promovido les ha dado la llave para evitar a toda costa el traspaso de poder, porque el mismo se ha mantenido con sus vaivenes ahora resulta que hay que armar un caso con visos de lograr obtener los resultados deseados es decir evitar que el señor Arévalo y la señora Herrera tomen posesión como presidente y vicepresidente del país.  Siempre me gusta aclarar que no es que yo en lo personal simpatice con el binomio ganador de la elección, tampoco simpatizo con la eterna candidata perdedora, la señora Torres.  Pero entiendo el juego democrático que se basa en la pluralidad de voluntades y no en la concentración del poder.  En una democracia no gobierna la persona que le agrada a quienes concentran el poder ya sea si este poder el político, económico o el mismo ejercicio del poder público; contrariamente a esto en una democracia gobierna el que recibe más votos mediante sufragio de la voluntad popular, porque el verdadero poder residirá siempre en el pueblo.  De esta manera, si el señor Arévalo y la señora Herrera obtuvieron una victoria en la segunda vuelta electoral, no hay mas que permitirles ejercer el poder y todas las estúpidas alegaciones de fraude una cantaleta de las más torpes debe quedar en el pasado. Esa es la democracia y ese es el sistema de organización constitucional que la señora Fiscal General juró defender.

Pues ahora resulta que se ha armado un caso sobre los desmanes que ocurrieron por la fraudulenta elección del actual Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Todo lo que huele a bloqueos o cierres de campus de estudios siempre me han parecido un sinsentido, un despropósito porque en realidad se afecta al mismo pueblo, al estudiantado y no se logran los objetivos de buscar hacerse escuchar o hacer eco del desacuerdo.  Así, la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala no fue lo correcto y los daños que se realizaron deben tener una profunda investigación para determinar si fueron causados por los estudiantes manifestantes o bien por las mismas autoridades electas fraudulentamente buscando legitimarse en el cargo.  Porque de todo este caso de la USAC lo único cierto que tenemos es que el señor Mazariegos fue electo en condiciones bastante cuestionables en el Parque de la Industria en donde no se dejó participar a otros electores y en dónde terminó vendiéndose los electores del candidato Suarez que luego fue el compañero de fórmula del presidenciable Manuel Conde. 

Al final y mediante un grande despliegue de seguridad se giraron una serie de ordenes de captura contra varios estudiantes, algunos catedráticos y con ello vinculan al Presidente y Vicepresidenta electos, porque según la fantasía del Ministerio Público todo este movimiento estudiantil que cuestionó la elección del actual Rector, también está involucrada en la elección presidencial o algo así, lo cierto es que al día de hoy la explicación del fiscal a cargo del caso no planteó una tesis real de qué es lo que en realidad vincula a los acusados, pero lo importante es que con este caso cuyo nombre es vistoso “USAC: Botín Político” se pretende promover acciones penales en contra del señor Arévalo y de la señora Herrera así como una persecución penal en contra de algunos actores políticos que se han opuesto a toda esta dialéctica y que son Diputados al Congreso de la República.  Con el planteamiento de estos antejuicios que conocerán los “nuevos magistrados” de la Corte Suprema de Justicia al parecer se tiene garantizado que los antejuicios lleguen al Congreso antes de fin de año para que el 14 no se pueda traspasar el mando al binomio ganador.

Así las cosas, el Ministerio Público actual, no es imparcial, ni objetivo, no investiga porque se está dedicando a “armar” los casos para luego pretender investigarlos y judicializarlos con el resultado claro, si arma estos casos naturalmente han perdido su objetividad y búsqueda de la justicia por que lo que le interesa es el objetivo final que no haya traspaso de mando presidencial en próximo catorce de enero.

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