El Ministerio Público
Poptun
La lucha contra la corrupción en Guatemala ha experimentado una transformación significativa en los últimos años. Desde 2015 hasta 2019, el país emprendió una frontal batalla contra este flagelo, con la Fiscalía contra la Impunidad (FECI) y el respaldo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) liderando el camino. Estas instituciones trabajaron incansablemente para desmantelar redes de corrupción inmersas en el aparato estatal y perseguir penalmente a los responsables.
Sin embargo, a partir del año 2020, Guatemala se enfrentó a un cambio drástico en esta lucha por la no renovación del mandato de la CICIG. El Ministerio Público, bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras, dio un giro sorprendente al desviar su atención de la lucha contra la corrupción hacia otros intereses. Una de las acciones más alarmantes fue la destitución de Juan Francisco Sandoval en el año 2021, el fiscal que lideraba la FECI y era reconocido a nivel nacional e internacional por la valentía de dirigir las investigaciones contra los poderosos.
La designación de Rafael Curruchiche como el fiscal de la FECI marcó un punto de inflexión en esta lucha. Curruchiche lejos de continuar el trabajo de su predecesor, se ha dedicado a realizar acciones que han debilitado seriamente los esfuerzos por combatir la corrupción.
El Ministerio Público, una institución, que debería ser la guardiana de la correcta aplicación de la ley, bajo la dirección de Consuelo Porras, ha caído en un estado de descredito y corrupción que no sólo intentó violar la voluntad popular e impedir la alternancia del poder, sino que además ha socavado seriamente la confianza del pueblo guatemalteco en el sistema de justicia.
Consuelo Porras ha permitido que el Ministerio Publico se convierta en un instrumento de manipulación y protección para los corruptos y el crimen organizado. Denuncias y casos que involucran a personas poderosas y prominentes se quedan estancados o son archivados sin ninguna acción. Mientras los casos que son fabricados en contra de los críticos de la gestión anterior o no son del agrado de sus allegados, avanzan velozmente. La impunidad reina, y los ciudadanos ven cómo los responsables de delitos de gran corrupción caminan libremente mientras el sistema judicial permanece inerte porque el Ministerio Público no ejerce la persecución penal en contra de ellos.
La credibilidad de Porras ha sido cuestionada tanto a nivel nacional como internacional. Estados Unidos, en un esfuerzo para combatir la corrupción y fortalecer el Estado de derecho, ha retirado la visa de Porras y la ha incluido en la lista Engel, una medida que busca sancionar a individuos involucrados en actos de corrupción y violaciones de derechos humanos. La Unión Europea también ha tomado medidas enérgicas, imponiendo sanciones que incluyen la prohibición de viajar a los países miembros y la congelación de activos.
Es evidente que Consuelo Porras desde hace mucho ha perdido el apoyo y la confianza del pueblo guatemalteco. A pesar de las repetidas solicitudes de renuncia y las protestas en su contra, ella se aferra obstinadamente al poder, ignorando el clamor popular y negándose a rendir cuentas por sus acciones. Su comportamiento errático y su falta de ética, como se evidenció en su reciente negativa a asistir a citaciones presidenciales y su intento de manipular al presidente Bernardo Arévalo a través de las redes sociales para que atendiera personalmente la invitación que ella le formulara, demuestran su desprecio por el estado de derecho y la democracia.
El deterioro del Ministerio Público durante el mandato de Consuelo Porras es un recordatorio sombrío de los peligros de permitir que la corrupción y la impunidad se arraiguen en las instituciones estatales. Si Guatemala quiere avanzar hacia un futuro de justicia y equidad, es imperativo que se tomen medidas inmediatas para restaurar la integridad y la independencia del Ministerio Público. Solo entonces el país podrá empezar a sanar las heridas causadas por años de corrupción y abuso de poder de los últimos años.
La gestión de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público ha dejado un legado oscuro de corrupción y descrédito. Su afianzamiento al cargo sugiere que podría estar buscando obstaculizar el trabajo del nuevo gobierno. Es imperativo que el pueblo guatemalteco exija una vez más la renuncia de la fiscal general, con el fin de que se le deduzcan las responsabilidades penales por sus actos fuera de la ley. Asimismo, resulta urgente que el Congreso de la República realice las modificaciones legislativas necesarias para asegurar que aquellos que han traicionado la confianza del país sean llevados ante la justicia.
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