La disfuncionalidad de la PGN y su necesaria reconstrucción

Barataria

La Procuraduría General de la Nación es una institución que fue constituida en el siglo pasado bajo parámetros existentes en aquel momento histórico se organizó juntamente con el Ministerio Público y ambas funciones la de Fiscalía y la de Procuraduría eran desempeñadas por un solo funcionario.  Con la reforma a la Constitución y con ello la reforma a la jurisdicción penal se deslindó de esta institución toda la fiscalía y por lo mismo se creó el Ministerio Público como una institución autónoma separando las funciones de Fiscalía y Procuraduría.  Bajo esta premisa, el Procurador General de la Nación quedó como un funcionario que tiene la representación del Estado y la institución tomó un giro fundamental en cuanto a las secciones de Consultoría y Asesoría de las entidades de la administración pública y la representación del Estado como se indicó,

Basta revisar el fundamento legal de la Procuraduría General de la Nación para comprender que esta institución necesita una nueva ley, acorde a los tiempos actuales y una reforma a sus funciones.  Los gobiernos de turno han tenido en la PGN, así llamada por sus siglas; un funcionario que resulta ser un Abogado personal de los mismos porque su función se ha pervertido a tal suerte que muchos han sido los desaciertos de su función.  Esta institución que aparentemente funciona a la perfección ha sido instrumentalizada para realizar actos verdaderamente vergonzosos y perversos.

Últimamente se ha denunciado públicamente por los actuales funcionarios que esta institución, la Procuraduría General  de la Nación -PGN-, fue utilizada para realizar una gestión en Los Estados Unidos para conseguir los servicios de un despacho legal estadounidense con el objeto de continuar una persecución penal en contra de ex miembros del Ministerio Público que se encuentran exilados en aquel país.  No se tiene claro el fondo de la denuncia, y entre dimes y diretes, el Ministerio Público ha querido desmentir esta situación indicando que ese aparente Lobby era por la aparición de funcionarios en la Lista Engels.  Sea cual fuere la situación, en ambos casos parece una perversión de las funciones de la PGN puesto que este tipo de acciones no se encuentran establecidas en su ley orgánica.

No es la primera vez que la PGN realiza estas acciones de contratar despachos en el extranjero. Han existido otras y una de ellas, muy significativa, por cierto, fue la forma lesiva en que terminaron negociando el caso de la demanda arbitral de FERROVÍAS – FEGUA en Estados Unidos de una manera turbia y oscura en donde el Procurador General de la Nación ni siquiera fue a realizar tal negociación sino que delegó en un poder al Gerente de FEGUA de ese entonces.  En la negociacion resulto hasta el “desistimiento” de acciones penales por parte de la PGN y renuncia a la acción penal, cuestiones que únicamente el Ministerio Público podría haber realizado ante órganos jurisdiccionales guatemaltecos.  Fue tal la mala gestión de la PGN, que se pagaron millones de dólares a un despacho únicamente por brindar el espacio para la negociación.  Esa gestión de la PGN nos tiene en la actualidad con que el Estado de Guatemala no es el dueño del 100% de las acciones de FERROVIAS y quieren seguir esquilmando al Estado pretendiendo resucitar el Ferrocarril a costillas de los dineros públicos.  Gestiones como esta, realizadas oscuramente son parte de lo que la PGN hace y en donde salen millones de quetzales.  Actualmente ningún Procurador ha informado cómo van los casos de los Arbitrajes planteados en contra del Estado de Guatemala y asimismo el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal todo esto tratado oscuramente.  El actual Procurador General de la Nación en lugar de estar continuando con el teatro de demandar o plantear acciones contra el Ministerio Público debería de verificar todas estas acciones realizadas al amparo de una institución cuya opacidad es monumental.

Es tal la perversión de esta institución que en su función de protección de la niñez ha sido utilizada en contubernio con los jueces de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia para que muchos padres desobligados arrebaten los hijos a mujeres para evitar pagar las pensiones alimenticias a que se obligan.  En efecto, en Guatemala es muy común que, cuando los padres no quieren pagar pensiones alimenticias, se utiliza la formula “mágica” de ir a la PGN a “denunciar” que sus hijos están sufriendo maltrato en el hogar por parte de la madre.  La Procuraduría General de la Nación, allí sí muy diligente, procede a plantear la denuncia ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia y en contubernio con los Jueces, en muchos casos son también Jueces de Paz Penal de Turno; dictan medidas de urgencia y entre ellas que los hijos sean entregados a los padres quienes muy contentos se los llevan y así evitan pagar las pensiones alimenticias.

Siempre me pregunto ¿Porqué si la Procuraduría General de la Nación le interesa tanto la niñez, no procede en contra de aquellos niños que son explotados y hasta “alquilados” para pedir dinero en los semáforos de las calles de la Ciudad Capital?  La respuesta me le he dicho una y otra vez:  No le interesa porque allí no hay dinero de por medio. 

El 8 de Marzo recién pasado se celebró el día internacional de la mujer, es momento para reflexionar sobre este particular.  La PGN no debe ser utilizada para que a través de estas denuncias sucias, mentirosas y sin fundamento sean arrebatados los niños de los hogares a las mujeres por hombres que únicamente buscan evadir su responsabilidad de pagar las pensiones alimenticias, es decir de mantener a sus hijos.  Porque a muchos colegas Abogados y Abogadas les ha resultado sumamente fácil ir con esto “padres ejemplares” a la PGN a plantear una denuncia mentirosa y soltar unos cuantos quetzales a los funcionarios para que procedan de urgencia a solicitar ante los Jueces de Paz Penal de Turno y los Jueces de la Niñez y Adolescencia que los hijos supuestamente maltratados pasen al abrigo y protección del “padre ejemplar” arrebatándolos del seno materno y con ello se evitan un juicio en los Juzgados de Familia.  Esta perversión del sistema debe parar primero por parte de la PGN y segundo por parte del Organismo Judicial.

Casos como el que menciono se cuentan por miles en Guatemala, en donde ya se estableció que la forma fácil de evitar pagar pensiones alimenticias por parte de los padres es arrebatar los hijos a las madres mediante denuncias de maltrato ante la PGN y la tramitación ante los Juzgados de Paz Penal de Turno o Juzgados de la Niñez y Adolescencia.  Es por ello que la PGN debe redefinir sus funciones y los nuevos funcionarios no deberán prestarse a continuar con la perversión de esta institución.

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