Urgencia de cambios en la selección de magistrados

Poptun

La crisis institucional y la falta de independencia en el sistema judicial guatemalteco han alcanzado proporciones críticas que amenazan con socavar aún más la frágil democracia del país. La reciente solicitud del Presidente Bernardo Arévalo a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que apoye el proceso de selección de jueces de la Corte Suprema y Cortes de apelaciones es una medida urgente y necesaria, pero también es un triste recordatorio de la profunda corrupción y la influencia política que han plagado este proceso durante años.

El nombramiento de jueces en Guatemala debería ser un proceso transparente, basado en el mérito y la integridad. Sin embargo, la realidad es que las comisiones encargadas de esta tarea han sido fácilmente infiltradas por intereses políticos y económicos, lo que ha llevado a la selección de candidatos que no siempre son los más capacitados o imparciales para ocupar cargos judiciales.

El informe de la Fundación para el Debido Proceso destaca la manipulación y las negociaciones corruptas que rodean la formación de estas comisiones de postulación. La falta de transparencia en el proceso, junto con la ausencia de requisitos claros de divulgación financiera para los candidatos, lo que ha permitido que los grupos de interés ejerzan una influencia indebida, socavando así la independencia del poder judicial.

La interferencia política en la selección de jueces no solo compromete la calidad y la imparcialidad de la justicia, sino que también perpetúa un sistema de impunidad que beneficia a aquellos que han ejercido el poder, y obstaculiza los esfuerzos por combatir la corrupción y fortalecer el estado de derecho.

El caso de las «Comisiones Paralelas» revelado en 2014 y nuevamente expuesto en 2020 por la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) no es más que la punta del iceberg de la corrupción que ha infiltrado el sistema judicial guatemalteco. Estos descubrimientos ponen de relieve la imperiosa necesidad de una reforma judicial integral, para garantizar el respeto de los estándares democráticos y los derechos fundamentales en el proceso de selección de jueces.

Sin embargo, la triste realidad es que esta reforma ya no es factible para el proceso de selección de magistrados 2024, debido a los plazos establecidos. La ventana de oportunidad para implementar cambios significativos se ha cerrado para este ciclo de selección. Esto pone de manifiesto la importancia de actuar con prontitud en el futuro para abordar las profundas deficiencias del sistema judicial guatemalteco, e impone la imperiosa necesidad de adoptar medidas que fortalezcan la transparencia y la imparcialidad en el proceso de selección que se avecina.

Es por ello esencial que se reconozca la necesidad de una supervisión internacional imparcial para garantizar la transparencia y la integridad en los procesos de selección de jueces. La solicitud de apoyo a la OEA por parte del Presidente Arévalo es un paso en la dirección correcta, pero es crucial que, en paralelo a la solicitud del presidente Arévalo, el Congreso de la República actúe con precisión al lanzar convocatorias que eviten el tráfico de influencias, el conflicto de interés y aseguren una evaluación imparcial de los candidatos, entre ellas, considerar prohibir que los integrantes de las comisiones se postulen para los cargos en cuestión, ya que esto podría llevar a un intercambio de votos indebido.

Es urgente que el Consejo de la Carrera Judicial defienda y exija el cumplimiento de lo establecido en los artículos 76 y 77 de la Ley de la Carrera Judicial. Estos artículos establecen criterios claros para la elaboración de listas de postulantes de jueces que manifiesten interés y la inclusión equitativa de candidatos cualificados en las nóminas, enfatizando la necesidad de considerar la experiencia, la especialización y el desempeño profesional en la judicatura como criterios primordiales.

Igualmente, es importante que las comisiones de postulación ajusten los criterios de evaluación para que se centren únicamente en habilidades y cualidades necesarias para desempeñar la judicatura, excluyendo criterios que restrinjan injustamente la participación de jueces experimentados, garantizando así la idoneidad de los seleccionados para desempeñar funciones en las altas cortes del país.

Resulta lamentable que, en la práctica, las comisiones de postulación se enfrasquen en discusiones absurdas, como cuestionar si los jueces ejercen como abogados, cuando esta condición es fundamental y evidente para desempeñar el cargo. Además, es absurdo que se evalúen aspectos como la experiencia en la administración pública o la docencia universitaria, que no son relevantes para la función judicial. Estos criterios desacertados excluyen a candidatos idóneos y perpetúan la designación de magistrados basada en consideraciones políticas en lugar de méritos profesionales.

En ese sentido, aunque la reforma judicial integral no es posible en este momento, es fundamental que se continúe trabajando en la construcción de un sistema judicial justo e imparcial en el futuro. Esto requerirá el compromiso de todas las partes interesadas, incluidos el gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional, para abordar de manera efectiva los problemas arraigados en el sistema judicial y restaurar la confianza en la administración de justicia que permitan que Guatemala avance hacia un sistema judicial justo, transparente e independiente.

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