Ley de Competencia (Parte II)
Zoon Politikón
En el ámbito de la política económica, es fundamental considerar el sistema político, ya que este define el sistema económico, y ambos determinan el sistema jurídico. Cualquier intento de manipulación en los ámbitos político y económico se refleja principalmente en modificaciones al ámbito jurídico, ya que este constituye la base de los otros dos sistemas.
Por lo tanto, parece que la propuesta de una ley de competencia responde más a una cuestión ideológica que a un principio práctico. Una ley mal concebida puede empobrecer al país, especialmente si se aborda desde una perspectiva ideológica, ya que la falta de confianza puede inhibir la inversión directa.
Por otro lado, la Constitución Política de la República establece que el objetivo del Estado es proteger a la persona humana, a la familia y promover el bien común. El Código de Comercio aborda los efectos de la competencia desleal. Por lo tanto, es posible que solo se requiera un reglamento del Ministerio de Economía a través de un Acuerdo Gubernativo para desarrollar lo relacionado con la libre competencia.
Sin embargo, da la impresión de que la necesidad de una Ley de Competencia se basa más en una tendencia o en imposiciones externas. Se menciona que Guatemala, junto con Cuba, es uno de los pocos países que no cuenta con una ley de este tipo, pero esto no garantiza que sea beneficioso tener una. En realidad, esta comparación no es válida, ya que las economías de ambos países son completamente diferentes, y la economía de Guatemala es una de las mejores del continente. Además, no necesariamente contar con una ley de este tipo ha sido determinante para el crecimiento económico, el aumento del PIB o la mejora de la productividad en otros países.
Si consideramos que Guatemala está sobre legislada, no se necesitan más leyes. Lo que se requiere es simplificar la legislación existente y trabajar para lograr una verdadera certeza jurídica, garantizando la libertad empresarial, ya que cualquier ley que restrinja la libertad no puede promover el desarrollo.
La parte sustantiva de la ley es una réplica de la ley mexicana, que no necesariamente es el mejor modelo en términos de competencia. Es más beneficioso cumplir y respetar la Constitución como punto de partida para lograr un mejor país.
Es cierto que cualquier forma de monopolio puede ser perjudicial. Por ejemplo, la USAC, al tener el monopolio de la educación superior pública, obstaculiza el desarrollo de otras instituciones educativas que no comparten su filosofía política y económica. Esto mantiene el control del pensamiento profesional de muchos guatemaltecos, promoviendo más polarización en lugar del desarrollo que debería fomentarse.
Es importante tener en cuenta las implicaciones reales de la ley de competencia. La creación de la Superintendencia de Competencia generará una estructura adicional que incrementará la burocracia existente. Además, esta medida no fomentará la libertad de competencia, ya que podría dar lugar a la presentación de casos administrativos contra ciertos agentes económicos cuyas actividades empresariales afecten a otros interesados. Se está descuidando el aspecto jurídico, lo cual resulta incluso inmoral, ya que un órgano administrativo deja de lado al Ministerio Público y al sistema jurídico, así como su función propia en relación con la acción competitiva del mercado.
La objetividad de esta superintendencia es cuestionable, ya que no gozará de independencia en sus acciones, dado que la autoridad de la institución y su presupuesto estarán subordinados a quienes les otorguen instrucciones sobre a quiénes perseguir.
Hay que destacar que el derecho de la competencia y la política pública desempeñan roles importantes en la economía de un país. Sin embargo, la implementación de una ley de competencia debe hacerse con cuidado y considerando las características específicas de Guatemala. No se trata simplemente de adoptar modelos extranjeros, sino de evaluar las necesidades y realidades locales, ya que el derecho de la competencia podría estar sujeto a la influencia arbitraria de la política.
Por otro lado, los defensores de la iniciativa afirman que Guatemala tiene un esquema político, económico y social con una estructura colonialista en la actualidad, lo cual no es apropiado ni preciso. Si bien es cierto que Guatemala tiene una historia marcada por el periodo colonial español, cuya herencia ha permitido que unas pocas familias se hagan con la mayoría de los recursos, eso es innegable. Así mismo, es evidente que a estas mismas familias no les interesa promover la competencia y han hecho y harán todo lo necesario para disminuirla al máximo. También es importante reconocer que desde entonces Guatemala ha evolucionado y establecido su propia estructura política, económica y social.
En conclusión, la propuesta de una ley de competencia en Guatemala plantea desafíos y consideraciones importantes, dado que el momento y las condiciones políticas no son las más recomendables. Si bien es cierto que la competencia puede ser beneficiosa para la economía, es necesario evaluar cuidadosamente los efectos que dicha ley podría tener en el contexto guatemalteco. La falta de autonomía de la Superintendencia de Competencia, la posible inhibición de la inversión directa y la necesidad de simplificar y mejorar la legislación existente son aspectos que deben tenerse en cuenta. De igual manera, es fundamental garantizar la libertad empresarial y respetar la Constitución como punto de partida para el desarrollo de Guatemala. En última instancia, la implementación de una ley de competencia debe buscar el equilibrio entre la promoción de la competencia y el respeto a los principios y valores democráticos del país.
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