Así es la implementación del control telemático en Guatemala
El Ministerio de Gobernación ha presentado un informe sobre el progreso del sistema de control telemático después de 10 meses de su implementación en Guatemala. Este sistema, diseñado como una alternativa al encarcelamiento, tiene como objetivo mantener un registro de las personas involucradas en procesos judiciales y, al mismo tiempo, reducir la sobrepoblación en las cárceles.
Según el Ministerio, actualmente hay 42 personas bajo monitoreo a través de la Unidad de Control Telemático. Este método implica el uso de dispositivos colocados en personas involucradas en procesos penales para rastrear su ubicación a través de GPS.
En el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) se informó a mediados de 2023 que alrededor de 7 mil de sus representados podrían optar por utilizar este sistema de control de privación de libertad.
El objetivo principal de esta iniciativa es fortalecer el sistema penitenciario, modernizar el sistema de justicia y reducir la sobrepoblación en las cárceles. Según el Ministerio de Gobernación, constituye una alternativa efectiva para el arresto domiciliario o residencial.
En cuanto a los costos del sistema de control telemático, el Acuerdo Gubernativo 89-2023 estableció una tarifa diaria de Q50 y una tarifa mensual de Q1 mil 500. En los casos en que el Organismo Judicial determine que una persona no tiene los recursos para cubrir estos costos, el Ministerio de Gobernación asumirá el gasto correspondiente.
El sistema de control telemático, desde su implementación, ha sido considerado como una medida clave para mejorar la gestión de la justicia y promover una reinserción más efectiva de los individuos en la sociedad. Además de proporcionar una alternativa al encarcelamiento, se espera que este enfoque contribuya a una supervisión más efectiva de los procesados, reduciendo así el riesgo de reincidencia delictiva. La posibilidad de monitorear la ubicación de los individuos en tiempo real permite una supervisión continua, lo que puede tener un impacto positivo en la seguridad pública y en el proceso de rehabilitación de los involucrados.
