La Consulta Popular
Dice un dicho de buen decir… “No te insulto, sólo te defino” y eso es exactamente el propósito de hoy.
Para muchos, las intenciones del actual gobernante de convocar a una consulta popular para destituir a la fiscal general son una idea absurda, proveniente de asesores malos e inexpertos, y creen que esta acción no llegará a ningún término. Sin embargo, esto no necesariamente es así, ya que todas las iniciativas gubernamentales están cuidadosamente calculadas y dirigidas por intereses foráneos que simplemente trabajan por sus propios fines. Pero estas autoridades tampoco ignoran estos intereses, ya que, por el contrario, también están aprovechando la coyuntura actual para beneficiarse.
Específicamente, el tema del Ministerio Público es una simple cortina de humo utilizada como estratagema de una operación mayor. Las metas a corto plazo son varias: detener la persecución judicial por anomalías en la inscripción del suspendido movimiento «Semilla», ya que existen suficientes criterios para pensar que la investigación correspondiente puede tener éxito, lo cual causaría grandes problemas al gobernante. Por otro lado, pensar en un llamado de este tipo con un costo de aproximadamente cuatrocientos millones de quetzales sería ridículo si se ve desde una perspectiva de inversión social, de sus posibles resultados y de los objetivos perseguidos, que claramente violan la necesaria independencia de poderes y el sistema de pesos y contrapesos como herramientas democráticas.
Por lo tanto, es necesario justificar de manera más amplia la realización de una consulta. Entonces, como parte de la justificación, surgirán otros temas – sobre los cuales sería conveniente aprovechar el esfuerzo nacional -. Ahí es donde aflorarían las verdaderas intenciones, las preguntas que no son solo de relleno. En otras palabras, lo que realmente se quiere perseguir son temas asociados con la agenda progresista latinoamericana, donde queda claro que estos gobiernos han buscado realizar consultas populares para impulsar cambios en las constituciones que les sean útiles a sus planes, con medidas como más derechos sociales, la redistribución de la riqueza y la inclusión de derechos de los pueblos indígenas.
En varios países de América Latina, especialmente aquellos con riquezas naturales, se han llevado a cabo consultas populares para decidir sobre la explotación de recursos naturales, como el petróleo, gas, minerales o la construcción de proyectos hidroeléctricos. También se han utilizado las consultas populares para someter a votación ciertas políticas económicas, como la nacionalización de empresas estratégicas y la implementación de programas de redistribución de la riqueza y la regulación de los mercados financieros.
Los gobiernos progresistas han utilizado este método en busca de la reelección presidencial indefinida, lo cual socava la alternancia democrática y la separación de poderes. Estas consultas buscan obtener respaldo popular y legitimar sus políticas. Por otro lado, es importante destacar que esto no implica que la democracia deba confundirse con la tiranía de la mayoría. En un sistema de gobierno republicano, se debe respetar la ley y no se puede aceptar su violación. Incluso la voluntad popular no puede justificar el incumplimiento de la ley.
Independientemente de la opinión sobre la gestión de funcionarios como la Fiscal General, no se puede respaldar la realización de un ejercicio populista para tomar decisiones que contradigan las normas vigentes. Eso sería más una consulta populista que una consulta popular.
Una consulta popular no puede corregir leyes si ese no es su propósito, especialmente en una república donde no puede estar por encima de las leyes. Si esto fuera posible, se podría plantear, por ejemplo, una consulta popular para aplicar la pena de muerte a un prisionero por delitos políticos, a pesar de que la constitución lo prohíbe. Bajo el argumento populista de «si la voluntad del soberano lo decide», se podría llevar a cabo.
Por el contrario, la realización de la consulta no está garantizada, y tampoco se puede asegurar que las intenciones de Arévalo se cumplan. Mientras tanto, Joviel Acevedo ha vuelto a movilizar a un gran número de personas, exigiendo el cumplimiento de demandas como la confidencialidad del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Es un hecho que este sindicalista está dispuesto a llevar a cabo acciones delictivas con el fin de lograr, como siempre, sus obscuros propósitos que no benefician en nada a la educación del país. Si lograra su objetivo, solo dañaría la imagen del mandatario, ya que el sindicalista quiere olvidar que todo acto de Estado y especialmente cuando involucra fondos públicos, debe ser de conocimiento general. Por otro lado, si la intención de algunos empleados públicos es guardar en secreto sus ingresos, la recomendación sería buscar empleo en la iniciativa privada o iniciar un emprendimiento personal, ya que los guatemaltecos tienen el derecho de saber qué se hace con sus impuestos. Entonces, queda la disyuntiva de que, si Arévalo cede ante la extorsión, será parte del delito; por el contrario, se arriesga a las manifestaciones, las cuales deberá manejar con mucho tino para que no causen inestabilidad a su gobierno.
En conclusión, la intencionalidad de convocatoria a una consulta popular para destituir a la fiscal general ha generado controversia. Aunque algunos consideran esta idea absurda, es importante reconocer que las acciones gubernamentales están dirigidas por intereses externos y locales. Contrariamente, la realización de la consulta no está garantizada y las intenciones detrás de ella son cuestionables. Además, es necesario tener en cuenta que una consulta popular no debe violar la ley ni socavar los principios democráticos. Es necesario estar atentos a posibles agendas ocultas y no respaldar acciones que vayan en contra de la ley y el estado de derecho.
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