OpiniónColumnas

Derecho de Rebelión

Teorema

Tras la muerte de Pisístrato, el tirano, sus hijos Hipias e Hiparco, accedieron al trono, replicando los abusos de su padre contra la población de Atenas. Se convirtieron en los nuevos tiranos. En el año 514 a.C. Aristogeitón y Harmodio, dos jóvenes atenienses, decididos a acabar con los tiranos, apuñalaron a Hiparco y le dieron muerte. Harmodio murió en el atentado y Aristogeitón fue apresado. Hipias, sobrevivió y reinó teniendo que moderar su comportamiento. Harmodio y Aristogeitón, fueron conocidos como Los Tiranicidas y elevados a la categoría de héroes nacionales.

Aunque todos los magnicidios acontecidos durante la historia de la humanidad son relevantes, posiblemente el asesinato político más conocido fue el de Cayo Julio César, durante su tercer mandato como dictador, a manos de Publio Servilio Casca primero, y después, por otros sesenta senadores, en el año 44 AC.

Tomás de Aquino (1224 a 1274), teólogo, filósofo y jurista, una de las más grandes luminarias de la Edad Media, mente privilegiada; dijo que el tiranicidio es una opción necesaria cuando el que gobierna incurre en actos de corrupción en su propio beneficio. El gobernante debe dedicarse a proveer el bien común. Aquel que, por lo contrario, busca enriquecer, favorece a parientes y amigos, no merece el cargo que ostenta y debe dimitir. Si no lo hace, los pobladores y quienes actúan en su nombre, tienen legítimo derecho de expulsarlo del poder, de ser necesario, por la fuerza. Con cautela agrega: “Cuando la tiranía es en exceso intolerable, algunos piensan que es virtud de fortaleza el matar al tirano”. El gobernador se debe al pueblo y exclusivamente a fines que reporten beneficio a la comunidad.

Juan de Mariana (1536 a 1624) fue un sacerdote jesuita, filósofo, economista e historiador, quien con una sólida formación humanista  escribió De rege et regis institutione (Toledo, 1599). Esta obra tuvo el controversial privilegio de ser solemnemente quemada en París en 1610 al considerarse que había legitimado el asesinato de Enrique IV. La aristocracia europea, plena de temor por sus propias cabezas, condenó la obra y a su autor.

De Mariana presenta al tirano como la antítesis del rey, menosprecia las leyes, impone nuevos tributos, perjudica la religión del reino, sólo piensa en su utilidad, daña la honra de ciudadanos sobresalientes, no permite las reuniones, se vale de guardias extranjeros. Es el enemigo público. Para actualizar el concepto, me permito agregar, que el tirano (déspota, dictador, opresor…) decreta estados que restringen las garantías, socava las instituciones de justicia, permite ejércitos extranjeros en el territorio nacional, somete su gobierno a órdenes extranjeras, adopta agendas internacionales, influye las decisiones judiciales, no permite que la justicia actúe en contra suya o de su gobierno, gobierna en beneficio propio, el de sus familiares y amigos, permite, favorece y se beneficia de actos de corrupción.

De Mariana distingue dos tipos de tirano: el usurpador y el que toma el poder de forma legítima. Considera que, si se trata de un tirano moderado, es preferible encaminar acciones dirigidas a la enmienda del opresor. Si se trata de una tiranía grave y el tirano no responde al clamor popular, deberá declararse que ya no es rey. Tal manifestación provocará guerra. En tal situación, si no hubiera otra forma de salvar a la patria, un particular podría acabar con la vida del tirano sin que ese acto merezca repudio alguno.

La sexta República de Guatemala, iniciada en 1985, ha tenido varios tiranos. No han sido declarados así, pero encajan en la definición anterior. Abusos, enriquecimiento ilícito, violaciones a la Constitución y las leyes, venta de privilegios, soborno a diputados, persecución de inocentes, protección a exfuncionarios prófugos… Con el agravante de que los pobladores nos hemos ido acostumbrando. Los abusos, en vez de causar justa indignación, nos parecen naturales. Los tiranos han pervertido la noción de los ciudadanos, reducidos a pagar tributos.

La Constitución política de prácticamente todos los países incluye alguna cláusula que refiere el derecho de rebelión. Pero esta suele ser lírica. No desarrolla los medios ni los límites. En Guatemala tal artículo existe, inmerso dentro de 145, sin proveer la relevancia que debiera merecer. Además, no indica medios precisos para el ejercicio de tal derecho. El derecho de rebelión debería significar mucho más que el derecho de manifestar o hacer plantones en el parque. Cuando el gobierno lo preside un tirano la aplicación de este mecanismo debiera conducir a la enmienda de los actos que dan lugar a la rebelión o a la destitución del presidente, por medios pacíficos en cuanto sea posible.

No debe confundirse el derecho de petición con el de rebelión, este es de orden superior y debe verse como la instancia a seguir cuando el derecho de petición, canalizado a través del Congreso, no ha ofrecido el resultado contundente e inequívoco que de él se espera y el déspota permanece a cargo del gobierno sin acatar la petición.

La revolución popular es el acto de rebelión extremo, con un tremendo agravante: cuando el déspota que se niega a renunciar ordena a las fuerzas de seguridad bajo su mando, atacar a la población. Se trata de una gesta que deja sangre, muerte y desolación. Además, con pocas posibilidades de éxito ya que las fuerzas armadas tienen enorme ventaja, por su propia naturaleza, contra las fuerzas civiles.

En la época que conocimos quienes ahora tenemos más de 50 años, el derecho de rebelión tenía su mejor expresión a través de un golpe de Estado. Su debilidad es que precisaba de las fuerzas militares. No existe tal cosa como un golpe de Estado civil. Entonces la formación de los oficiales y los soldados era fuerte en temas de honor, deber y gloria. El amor a Guatemala, la lealtad y otros valores, les dieron fuerza. Hoy, los oficiales modernos parecen recibir buena formación en temas como Derecho, Administración, Derechos Humanos… pero lo hace con sacrificio de los principios y valores que caracterizaron a las promociones de los años 50 a 90.

El golpe de estado es una forma efectiva, eficaz y no necesariamente cruenta, para deponer a un tirano. En la Guatemala de 1984-85, los constituyentes debieron discutir este tema, posiblemente con alguna ligereza. Acordaron condenarlo de la forma más severa posible, prohibiendo (sin dar suficiente claridad a la norma) que no solo las personas involucradas en un golpe de estado sino también sus hijos, nietos y bisnietos pudieran postularse al cargo de presidente de la república. Por otro lado, un asesino confeso sí pudo postularse y ser presidente de Guatemala.

Es enorme ese contraste. Posiblemente prejuzgaron al golpista, quizá lo percibieron como un individuo ávido de poder, dejando de lado consideraciones de valor y patriotismo, de amor a Guatemala. Habrán errado también, pensando que un golpe de Estado no sería necesario. Que los partidos políticos propondrían a los mejores hombres y que el pueblo, en aquellos días mayormente pobre y con poca educación, sabría escoger al mejor gobernante. Fueron ciegos ante la evidencia reciente que en 1982 llamó a formar un triunvirato a oficiales en el que ninguno había tenido participación activa en ese golpe de Estado. Tampoco se percataron de que los partidos políticos, con pocas excepciones, no habían propuesto a las personas más preparadas del país para crear la estructura social, política, económica… sobre la que se construiría la Sexta República de Guatemala.

No sólo eso, la Constitución veda el derecho de petición a miembros de las fuerzas armadas, tanto en lo personal como en forma colectiva. Les quita el derecho a elegir o ser electos. Precisamente a los patriotas que el Estado llama para resolver las catástrofes naturales o a defender la Patria cuando está bajo amenaza. Para los legos es arduo entender que el Estado, por un lado, asigna tareas particularmente duras, y pide exponer la vida a los soldados y oficiales, y por otro les priva de los derechos comunes a los demás ciudadanos. Cuando la patria los requiere son héroes, el resto del tiempo son ciudadanos de segunda clase, carentes de derechos.

Debieron haber varias conspiraciones militares, civiles y conjuntas en los últimos 35 años, mismas que no llegaron más lejos que reuniones informales. Hasta donde sé, las dos últimas intentonas acontecieron el 11 de mayo de 1988 y el 9 de mayo de 1989. La celebración del Día de la Madre esos dos años debió tener, además, una razón política que celebrar. Pero ambos intentos fallaron.

Vinicio Cerezo asumió la presidencia en enero de 1986, después de un triunfo electoral contundente en balotaje. Se convirtió en la esperanza de una nueva y mejor Guatemala para muchos ciudadanos. Joven, simpático, magnífico orador, inteligente, buen estudiante en Derecho y con una amplia experiencia política, reñida con su corta edad. Vinicio recibió un país en orden, con fuerte pujanza económica, posición financiera sólida y una guerrilla ya derrotada. Todo estaba a su favor. El futuro del país estaba en sus manos, pero nos salió parrandero y lo que es peor: tirano. Hubo borracheras, traidas, tragos, desorden, cinismo, coca, intento de convertir un país que se distingue por su capacidad empresarial en un Estado socialista, fomento de narcotráfico, creación de impuestos; Guatel, el INDE y otras empresas públicas convertidas en centros de corrupción, emisión de moneda sin respaldo y la consecuente inflación (la más alta en toda nuestra historia). De tal manera que los intentos para sacarlo del poder eran legítimos.

El principal gestor de aquellos intentos de golpe de estado fue el mayor Gustavo Adolfo Díaz López, quien relata con minuciosa precisión lo acontecido en el libro que escribió y publicó con el título La rebelión de los pretorianos (Se puede adquirir en la librería Sophos). Cerca de 400 páginas develan la historia de Guatemala desde la perspectiva militar. El relato de lo sucedido en esas dos fechas de mayo es pormenorizado y revela el nombre de todos aquellos quienes participaron en la conspiración, tanto militares como civiles; algunos con fotografía, lo que es poco común. Lo entendí al recordar que siempre dieron la cara. No se fugaron. Al contrario, muchos hicieron presentaciones públicas en el noticiero Aquí el mundo, y en otros medios, exponiendo las razones que los condujeron a tomar tan arriesgada determinación. No tenían nada que esconder, no tenían nada de qué avergonzarse, por lo contrario, tenían mucho por lo cual sentir orgullo.

También encontré interesante conocer con detalle lo sucedido, dentro de las filas del Ejército, cuando Guatemala intentó invadir Belice en 1972. En fin, me parece que el libro es de lectura obligatoria para aquellos que se interesan en la historia de Guatemala.

Hablé con el Mayor Díaz López y le pedí permiso para referir su libro y copiar parte de él. Generoso, me autorizó a reproducir todo lo que quisiera. No quiero abusar de ese privilegio. Así que solamente referiré parte de lo que él tituló La ética de la Revolución.

El autor reconoce que Vinicio Cerezo no era criminal ni paranoico y que eso le permitió tomar las cosas con cierta calma. Observa que: la revocatoria de mandatos por la vía constitucional a funcionarios electos por el pueblo, sería tarea poco menos que imposible, a menos que pudieran imponerla por la fuerza. Si el derecho de petición de los ciudadanos quedaba conculcado, si la constitución era irrespetada, si el congreso se había convertido en una cueva de ladrones, si el ejecutivo estaba corrompiendo a la sociedad en general y minando a las fuerzas armadas y se estaba provocando una absurda lucha de clases si se estaba fomentando el desarrollo de las redes de narcotráfico y apoyando a la subversión comunista aquellos militares no tenían otro camino sino rebelarse y actuar.

Gustavo refiere el artículo 45 de la constitución que establece: Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución. También se cuestiona los juramentos de lealtad a los poderes del Estado que había realizado dentro de la carrera militar y concluye que la suprema lealtad se le debe a la patria y a su sagrado destino.

Continuará…

Area de Opinión
Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

José Fernando García Molina

Guatemalteco, 67 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista.Tiene una licenciatura en ingeniería eléctrica de la Universidad de San Carlos, una licenciatura en ingeniería industrial de la Universidad Rafael Landívar –URL–, una maestría en economía en la Universidad Francisco Marroquín –UFM–-, estudios de especialización en ingeniería pentaconta en la ITTLS de España.

Avatar de José Fernando García Molina