Sobre el Ministerio Público
Poptun
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en su primera cadena nacional, presentó un mensaje que no solo delineó un futuro de integridad y transparencia para Guatemala, sino que también puso en la mira a los actores actuales de la corrupción arraigada en el sistema. Arévalo ha marcado el inicio de una era que podría ser decisiva para la democracia guatemalteca.
El mandatario anunció su intención de impulsar una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público, que permitiría remover a la actual Fiscal General, María Consuelo Porras, cuyo mandato ha estado plagado de controversias y acusaciones de omisiones frente a la corrupción. Este es un paso significativo, pues Porras, identificada como cercana a antiguas administraciones, ha sido una figura polarizante desde su nombramiento en 2018 por Jimmy Morales y su posterior renovación bajo el gobierno de Alejandro Giammattei.
La propuesta de Arévalo de reformar el artículo 14 de la ley mencionada es un paso necesario para reajustar el balance de poderes y asegurar que la Fiscalía no sea un «superpoder» sin la debida fiscalización. La actual Fiscal General, María Consuelo Porras, ha sido ampliamente criticada por su aparente inacción frente a casos significativos de corrupción y por atentar contra la voluntad popular expresada en las urnas, lo que ha provocado una demanda generalizada por su renuncia. La inacción en casos de corrupción no sólo es un fracaso en cumplir con sus deberes, sino que también pone en peligro la confianza en el sistema judicial.
La rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos es un pilar fundamental para el sostenimiento de una democracia saludable y transparente. Cuando los encargados de velar por el bien público y administrar los recursos del Estado son obligados a justificar sus decisiones y acciones, se fortalece la confianza ciudadana y se construye un régimen más eficaz y justo. Este principio no solo combate la corrupción y desalienta el abuso de poder, sino que también garantiza que las políticas y programas sean ejecutados con la máxima eficiencia y en beneficio real de la población.
El argumento de que la reforma implicaría una aplicación retroactiva de la ley, si es aprobada, es infundado, dado que la facultad de remover al Fiscal General, ya está contemplada en el Artículo 251 de la Constitución, y lo que se busca es simplemente adecuar la ley ordinaria a la ley suprema. Este ajuste legislativo no es un capricho ni una maniobra política arbitraria, sino una respuesta a una necesidad palpable de justicia y transparencia exigida por el pueblo guatemalteco.
El Artículo 175 de nuestra Constitución establece que ninguna ley puede contrariar las disposiciones de la Constitución, siendo nulas aquellas que lo hagan. La reforma de 2016 a la Ley Orgánica del Ministerio Público, que impide al Presidente remover al Fiscal General excepto bajo circunstancias excepcionales, puede interpretarse como una contradicción a este artículo constitucional.
Esta cuestión adquiere especial relevancia al considerar que el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que la causa justificada para remover a la fiscal, constituye la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada.
La fiscal general, como líder máximo del Ministerio Público, quien es el responsable de dirigir la acción penal, se encuentra en una posición donde un conflicto de intereses es casi inevitable. Difícilmente podría esperarse que ordene a sus subalternos investigarla o que ella misma se someta voluntariamente a una investigación. Esta situación pone en juego la imparcialidad requerida para el cargo y subraya la necesidad de estructuras claras y justas para la supervisión y rendición de cuentas por parte de la fiscal.
Sin embargo, el camino a seguir no será fácil. La reforma requiere un apoyo considerable del Congreso, donde la obtención de los 107 votos necesarios para aprobarla podría enfrentarse a una férrea oposición. El Congreso tendrá igualmente la tarea de determinar que cualquier cambio en la ley sea parte de una reforma más amplia y coherente que busque mejorar el sistema judicial y que no permita manipulaciones futuras del sistema legal para fines políticos.
Es esencial comprender que la lucha contra la corrupción y la impunidad debe ir de la mano con la adhesión a la Constitución y las leyes que de ella emanan. La propuesta del presidente Arévalo no solo es constitucional, sino que es vital para la restauración de la fe en las instituciones de justicia. La reforma propuesta no busca desmantelar el poder del Ministerio Público, sino asegurar que su liderazgo sea justo, efectivo y, sobre todo, responsable ante el pueblo de Guatemala.
Como sociedad, corresponde apoyar medidas que fortalezcan la integridad de las instituciones y aseguren que los líderes de estas entidades estén a la altura de las exigencias de justicia y equidad del pueblo. La reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público es un paso crítico en esta dirección y merece el apoyo de todos los sectores comprometidos con un futuro más justo para Guatemala.
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