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Ilegal, pero ¿correcto?

«Un acto ilegal es un acto inmoral». No hay otra línea de pensamiento que suene tan justa y que, a su vez, le haga más daño a nuestra sociedad. Para entender esta disyuntiva, es necesario destacar que la moralidad de un acto no se basa en obedecer las normas.

Para la Real Academia Española, la moral es lo «perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y, sobre todo, colectiva».

Por su parte, las normas (definidas por la Real Academia Española como «regla[s] que se debe[n] seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc.») incluyen las leyes, los códigos de vestir y otros. Las normas pueden ser compartidas por los miembros de un grupo y rechazadas por los de otro. Por ejemplo, el uso de faldas solamente por mujeres es una norma que está estrictamente separada de la moral y carece de aceptación universal. Sin embargo, muchas normas comparten metas con la eficiencia y la moral. Así, la norma de formar una fila en el cajero de un supermercado sirve como método organizativo eficaz y, a la vez, es una manera justa de esperar el turno. En otras palabras, las normas pueden tener que ver con la moral o no.

Esta dualidad puede constituir una fuente de injusticia; esto ocurre cuando la norma entra en conflicto con la moral. Las normas contra el pago de sobornos a funcionarios a menudo son ejemplo de este conflicto. Primero, cabe destacar que obedecer los procesos gubernamentales (por ejemplo, para obtener un permiso) puede ser clasificado como una manera justa de impartir justicia. Por tanto, sobornar a un funcionario para alterar dichos procesos viola la norma y es moralmente incorrecto. Sin embargo, el conflicto surge si el proceso gubernamental es discriminatorio: si beneficia injustamente a algún grupo privilegiado a costa de los derechos de otros. En dicho caso, la relación entre la norma (no sobornar) y su implicación moral (perder los derechos) se torna conflictiva.

Es evidente que en muchos países la necesidad de superar los procesos y personajes gubernamentales abusivos crea un incentivo que promueve prácticas como el cohecho a fin de proteger los derechos e intereses propios. Estas conductas quebrantan las normas convencionales, pero, a su vez, restablecen cierto nivel de derecho personal: por ejemplo, el derecho a obtener un permiso merecido.

En múltiples ámbitos, es frecuente que quienes desean estabilidad y proveer el sustento de la familia, incluso cuando quieren hacer bien su trabajo, carezcan de opciones que no impliquen infringir formalmente las normas. Esto incluye a cualquier ciudadano que pueda sentirse ahogado por una burocracia inaccesible y corrupta.

Otro ejemplo revelador proviene de la conducta de los funcionarios que quieren desempeñar honradamente su trabajo; pese a ello, cuando sus jefes políticos dictan órdenes arbitrarias, las obedecen. Esto ocurre porque deben decidir entre la norma (actuar imparcialmente) o su efecto (atenerse a represalias, tales como perder su empleo o poner los de sus familiares en riesgo). Pocos funcionarios poseen el privilegio de tener el sustento de su familia garantizado si se enfrentan a los políticos; además, simplemente serían reemplazados. En pocas palabras, existen circunstancias determinables en las que aplicar ciertas normas producirá un resultado injusto. Por lo tanto, la norma no equivale a la moral.

Es difícil imaginar que una sociedad pueda confrontar la corrupción endémica mientras sus integrantes toleren y practiquen conductas de interés personal como el soborno y el clientelismo. Sin embargo, dada la injusticia gubernamental en países en los que los políticos gozan de poder desmedido, conductas como el cohecho, con todos sus efectos negativos para la comunidad, a menudo pueden haberse convertido en la única vía para las personas que buscan recuperar algo de justicia, bienestar y derechos.

Promover valores cívicos y morales y otras normas es indispensable, pero falla como solución. Esto se debe a que no considera el entorno político, en el que actualmente cumplir ciertas normas crea un conflicto con la moralidad y lleva a un fin personalmente injusto. En este clima, las campañas que promueven los valores y otras normas le permitirán a la población darse cuenta de las infracciones que se ve obligada a cometer, pero no modifican su necesidad o derecho de obtener «justicia». Además, verse en una situación en la cual se debe elegir entre conservar el derecho personal u obedecer a alguna norma le ofrece una excusa moral a la víctima, al menos en su mente, para desobedecerla.

En este entorno, proponer mejorar el carácter moral al inculcarle valores a la población victimizada responde al síntoma. Proponer mejorar el entorno a través de cambios en la estructura gubernamental responde a la causa.

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Miguel Erroz Gaudiano

El autor es panameño, graduado de la Texas A&M University en arquitectura, tiene maestría por la University of Houston y ha cursado estudios de derecho constitucional por la Yale University y la University of Pennsylvania. Ha sido colaborador en radioemisoras y ha publicado decenas de artículos sobre ciencias políticas y derecho constitucional en distintos diarios. También es el autor de la obra Estructuras para crear justicia: Vanguardia del derecho constitucional, publicada por la editorial Tirant lo Blanch, y es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.

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