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La nueva política de «Tierra Arrasada»

Lugar Hermenéutico

A diferencia de la de los años ochenta, en esta oportunidad “la tierra arrasada” debe referirse, a la completa ausencia del Estado guatemalteco en solucionar un problema recurrente, que anualmente vuelve ceniza miles de hectáreas de bosque y chamusca cientos de especies de animales que habitaron en ella.

Con los años, el trabajo de las autoridades se ha reducido a presentar las estadísticas respecto del recuento de los daños, oficialmente se manipulan los datos, para mostrar menos incomoda la realidad, de ello se sabe que de 2018 a 2023, se han registrado más de seis mil incendios, cifras oficiales, sin embargo, en la práctica, esta cifra podría ser más del doble de esta cantidad.  En lo que podríamos estar de acuerdo, es que, en los recientes años, el país ha perdido más del 25% de su masa forestal.

Desde los años 70, Guatemala empezó a legislar para proteger una buena parte de su patrimonio natural, a la fecha, el denominado, Sistema Nacional de Áreas protegidas, SIGAP, es casi un tercio del territorio nacional, sin embargo, lejos de ser santuarios naturales, en la mayoría de los casos, son territorios completamente desamparados, echados a su suerte, sin presupuesto y peor aún, sin ninguna estrategia clara para su sostenibilidad en el tiempo.

Con sus valiosas excepciones, la mayoría de estas áreas fueron entregadas a organizaciones no gubernamentales, que han realizado excelentes planes de manejo, sin embargo, son la excepción a la regla, pues parte del desastre ecológico que vive el país cada año, se debe al abandono, desinterés e impericia de las autoridades responsables de la atención y resguardo de los bienes y servicios ambientales de los guatemaltecos.

De acuerdo, con datos oficiales, las quemas agrícolas y la ganadería, son dos de las principales causas de los incendios forestales en el norte de Guatemala, sin embargo, investigaciones revelan que otra razón de la degradación de los parques nacionales, es por la utilización ilícita de diversos grupos delictivos.  Ello sumado a la alteración de las condiciones climáticas, reflejadas por altas temperaturas, una pésima gestión del recurso hídrico, así como por la poca capacidad de respuesta del Estado, nos lleva a una ecuación perversa que está convirtiendo en ceniza, nuestro capital natural.

El bosque, es uno de los grandes proveedores de servicios ambientales, además de proteger y enriquecer la biodiversidad en el planeta, es un elemento fundamental para la preservación de la vida misma. En un país, donde casi el 33% de su territorio, se denominan “áreas protegidas”, la prevención y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta, para prevenir los incendios forestales, debe ser una política clara de acción del Estado.

Más allá, de la institución que tenga a su cargo esta labor de respuesta, debe enfocarse el mayor esfuerzo en la prevención, principalmente, con los medios que la tecnología pone hoy al alcance, en lo respectivo a la teledetección, de los puntos de calor en el país, que permita la prospección para la prevención de estas tragedias a la vida de la flora y de la fauna.

Una política clara de Estado en la materia, debe involucrar a los diversos grupos sociales organizados, universidades, empresarios, autoridades municipales y por supuesto, las autoridades responsables del gobierno central, una política real, con presupuesto, responsable y metas, no los folletos de buenas intenciones a los que nos ha tenido acostumbrados la SEGEPLAN, se debe en su conjunto, que, sin bosque no hay vida.

Ya basta de ser solo observadores de como los bomberos, soldados y vecinos, se las espantan para apagar los fuegos y de solo ver a las autoridades tomar nota para presentar los datos de la gravidez del problema.

Es urgente evitar que cada año sea recordado en el histórico, como el periodo en que más bosque, más vida, fue convertido en cenizas, pues en lugar de la eterna primavera, vamos llegando al país de la eterna quemadera.

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