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Gobiernos por elección

Teorema

Según la narrativa que predomina, los dictadores ―que representan la maldad―, tienen como antítesis a los presidentes electos por medios electorales. La votación debe ser administrada por la autoridad que la Constitución ordena que esté a cargo de los comicios. Encarna ésta el camino de la legalidad y, en consecuencia, de lo que es bueno para el país. La ficción es tan amplia que, aún ante denuncias de fraude, el designado por ese ente sigue siendo antípoda del dictador. La legitimidad no tiene que ver con la pureza de la votación. Depende de que el designado haya recibido la declaración de licitud por parte de la autoridad establecida. En muchos países, como el nuestro, es aún más importante que la “comunidad internacional” diga que el escogido es genuino representante de la voluntad popular.

En situaciones de manifiesto fraude electoral, cuando la legitimidad real no existe, puede suceder que los “gobiernos amigos”, aun cuando estén enterados de que hubo chanchullo, se hagan los papos. Alguno podría estar involucrado directamente en el fraude y otros apañando a don Imperio. Así, la falsa legalidad prevalece. Antaño, el gobierno de EU debía aprobar la elección por medio de su Embajada. En caso de instalarse un gobierno sin su consentimiento, la poderosa CIA se hacía cargo de promover un Golpe de Estado. Empero, los tiempos han cambiado. La tecnología ha sustituido a los actos de fuerza y los EU ya no emplean a la violenta CIA para esos menesteres, pero el Imperio sigue acostumbrado a tener gobiernos súbditos. Hoy parece ser el sofisticado DoS quien, a distancia, maneja tales operativos. Los recursos informáticos para contar votos, el soborno, el chantaje, el uso de net centers, hashtags, trolls y bots (lo que quiera que sean) y otras sutilezas propias de la tecnología aplicada sobre las masas a través de las redes sociales, son utilizados para conseguir los mismos fines de antaño.

Los “gobiernos amigos” también son sumisos al poderoso imperio que no vacila en imponer, o amenazar con hacerlo, sanciones económicas primero y militares después a quienes no siguen sus instrucciones. No es necesario citar ejemplos (los hay con generosa abundancia) en los registros de Wikipedia y otros semejantes. A lo interno de los países, gran parte de la población, quizá la mayoría, acepta resignada que lo importante es lo que diga la comunidad internacional, mientras que la realidad nacional vale madre.

Por lo contrario, un Golpe de Estado merece la inmediata y enérgica condena de esa misma comunidad de sumisos “gobiernos amigos” a la que se suma la poderosa ONU, la Unión Europea, la bulliciosa OEA y otras organizaciones semejantes. A veces da la impresión de que se trata de una especie de club donde los presidentes son los socios y que tiene como única finalidad mantenerlos en el poder durante el período constitucional, sin importar los crímenes que se les impute.

En constituciones desarrolladas como la nuestra (tiene cerca de 29 mil palabras), si bien hay artículos llamados “pétreos”, hay una sola parte, de 24 palabras en el primer párrafo del artículo 184, que más que de piedra, debería ser de tungsteno (por analogía con el metal de mayor dureza). Estas dicen: El Presidente y Vicepresidente de la República serán electos por el pueblo para un período improrrogable de cuatro años, mediante sufragio universal y secreto.

En la práctica, el término de duración constitucional para otros cargos de elección puede ser violado y vale madre. Recientemente, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia casi duplicaron su permanencia. Pero a la presidencia no se le perdona un solo minuto. El Presidente se puede ir antes por varias razones, incluso porque así le pega la gana. Debería presentar formal renuncia al Congreso y este aceptarla, pero eso tampoco es importante.

A Serrano lo sacaron utilizando constitucionales sopapos que después hicieron parecer como actos dentro de la Constitución. No causó juicio, no hubo veredicto alguno, no medió sentencia. Serrano, convertido en enemigo público, no tuvo acceso a la defensa penal que otorga la Constitución a todo acusado. De la presentación mediática de cargos se pasó a los empujones y a conducirlo, contra su voluntad hasta el avión que lo llevó a El Salvador. La colusión de empresarios, militares, periodistas y políticos, con apoyo popular, lo mandó a El Salvador. La escena es parecida a la de un linchamiento en aldea remota, sólo hizo falta la gasolina. No intento analizar su culpabilidad, ese es otro tema, solo refiero el procedimiento.

Cuando, como sucede con demasiada frecuencia, un presidente quebranta la Constitución o las leyes de la República, a nadie parece importar, excepto a los políticos de oposición, a los pocos eruditos del Derecho que tienen una vena poderosa de patriotismo y a algunos periodistas. Cito, como ejemplo, el artículo 113 de la Constitución cuya inobservancia lo ha vuelto baladí. Dice: Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Sin que pueda citarse una sola excepción, de Cerezo a Arévalo, en todos esos gobiernos, los más importantes cargos por designación han recaído en financistas, amigos y hasta parientes (contraviniendo otro artículo constitucional). Algunos llegaron solo a cobrar inversiones hechas durante la campaña. Alfonso Portillo puso (empleo esa palabra a propósito) al delincuente Luis Armando Rabbé Tejada ―hoy prófugo―, de Ministro de Comunicaciones. De él, es sabido que aprobó la escuela primaria.

La constitución señala 25 funciones explícitas que debe desarrollar la presidencia de la república. Sin muchas vueltas, más de la mitad son transgredidas todo el tiempo, empezando con la obligatoriedad de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes o la de conservar el orden público. Con raras excepciones, los presidentes gobiernan por encima de la ley. Su irrespeto a la Constitución es constante, severo y permanente.

A veces, desde el mismo principio de un gobierno, como el de ahora en Guatemala, tanto el presidente como sus principales funcionarios violan la Constitución y las leyes abiertamente. Esas “fallas” que así les llaman, no causan que nadie mueva la nariz. Con Cerezo, a fines de los 80 se decía: Ustedes lo eligieron y ahora se lo aguantan.

Y lo aguantamos. Pero fue tremendo para el país que entonces se abría a una nueva era y en la conciencia popular había esperanza. La guerrilla, que tanta zozobra causara en años anteriores, ya solo era poderosa en los pasillos europeos. En las montañas a duras penas hacían presencia y trataban de sobrevivir. Así, el 14 de enero de 1986, cuando asumió el gobierno de la DC, estábamos a la puerta de un futuro tan glorioso como aquel, en el pasado lejano que tuvimos cuando los mayas construyeron lo que hoy conocemos como “El Mirador”. O el otro, más cercano que aconteció durante la colonia cuando absorbimos la cultura española que entonces era la más avanzada de Europa. Emergida del mestizaje de esas dos culturas egregias surgió la nacionalidad guatemalteca en espera de un destino que no llegó entonces y que hoy es más incierto que nunca antes.

¿Entonces qué? ¿Cuál es la salida? Quizá Carlos Molina Mencos, uno de los muy pocos constituyentes que en 1984-85 fueran dignos de tan importante cargo, tenga razón. Carlos, quien mantiene una defensa heroica del texto constitucional, asegura que éste tiene muy pocas fallas, si alguna. Que lo grave está en el irrespeto a    la Constitución y que gobernantes, diputados, magistrados, alcaldes y funcionarios, en los tres poderes, la violan sin misericordia y permanentemente. De ser así, el próximo gobernante (con el actual estamos más fritos que con cualquiera anterior) debiera ser un titán constitucional. Uno dispuesto a hacerla cumplir. Un Carlos Molina Mencos con algunos años menos o alguien como la señora fiscal, quien al menos en sus discursos, se muestra tercamente determinada a hacer cumplir el Código Penal y la Constitución misma.

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José Fernando García Molina

Guatemalteco, 67 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista.Tiene una licenciatura en ingeniería eléctrica de la Universidad de San Carlos, una licenciatura en ingeniería industrial de la Universidad Rafael Landívar –URL–, una maestría en economía en la Universidad Francisco Marroquín –UFM–-, estudios de especialización en ingeniería pentaconta en la ITTLS de España.

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