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No se debe aprobar el incremento del presupuesto

En medio de la incertidumbre económica y los desafíos que enfrenta el país, el gobierno actual de Guatemala ha presentado una solicitud de ampliación presupuestaria considerable por un monto de 14 mil millones de quetzales. Esta propuesta de aprobar un incremento genera preocupación, especialmente considerando que se sumaría al presupuesto vigente de este año, el cual ya es el más alto en la historia del país. Sin embargo, existen argumentos sólidos que respaldan la idea de rechazar esta solicitud.

En primer lugar, preocupa la falta de claridad en el destino y el impacto de la mayoría de los recursos. Aunque se ha presentado la solicitud, no se han proporcionado detalles sobre cómo se distribuirán los fondos entre las entidades públicas. Es fundamental conocer el destino y el impacto que tendrán estos recursos antes de autorizar la ampliación presupuestaria.

La ejecución presupuestaria ha sido deficiente y refleja una gestión poco efectiva por parte del gobierno. En los primeros meses del año, se ha alcanzado un promedio de ejecución del 28.4%, lo cual evidencia la falta de capacidad para administrar adecuadamente los recursos existentes. Además, ministerios clave como el de Comunicaciones presentan bajos porcentajes de inversión. Antes de considerar un aumento presupuestario, es fundamental que el gobierno demuestre su capacidad para utilizar eficientemente los recursos existentes y garantizar su destinación efectiva a las necesidades del país.

Es preocupante la asignación política de los fondos, ya que el gobierno ha priorizado la distribución según intereses políticos, descuidando las necesidades reales de los ciudadanos. Esto se evidencia en la asignación de 15 millones de quetzales a un municipio gobernado por su único alcalde, mientras que otros municipios reciben una fracción mínima de esa cantidad. Esta distribución injusta refleja una falta de transparencia y priorización de los recursos, lo cual es inaceptable en un gobierno responsable.

Además, resulta contradictorio que el gobierno solicite un incremento al presupuesto actual cuando aún no ha logrado ejecutar de manera satisfactoria el gasto público. Si el presidente Bernardo Arévalo afirma que el 40% del presupuesto se destina a la corrupción, debería enfocarse en combatirla y mejorar la eficiencia en la administración de los recursos existentes, en lugar de solicitar más dinero de los bolsillos de los ciudadanos.

Por otro lado, la falta de transparencia en el destino de los fondos genera desconfianza en el gobierno. Los ciudadanos tienen el derecho de conocer cómo se utilizan sus impuestos y asegurarse de que se inviertan en áreas prioritarias como educación, salud e infraestructura.

Finalmente, es importante destacar que el gobierno ya debe presentar el presupuesto para el año 2025, momento en el cual podrían solicitar un aumento si cuentan con una justificación sólida. Solicitar una ampliación presupuestaria para el año en curso demuestra una falta de planificación y organización en la ejecución del gasto público. Además de la falta de priorización y la incapacidad de ejecución, existe la preocupación sobre la fuente de financiamiento de este incremento. Es necesario evaluar si el país cuenta con los recursos suficientes y si se justifica aumentar la carga fiscal a los ciudadanos.

En resumen, la solicitud de ampliación presupuestaria del gobierno de Guatemala genera preocupación debido a la falta de claridad en el destino de los fondos, la ejecución presupuestaria ineficiente, la asignación política injusta, la falta de transparencia en el uso de los recursos y la necesidad de una planificación adecuada. Además, es necesario evaluar la fuente de financiamiento antes de aumentar la carga fiscal a los ciudadanos. En lugar de solicitar un incremento, el gobierno debería enfocarse en mejorar la gestión y eficiencia del gasto público existente.

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