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La modernización judicial y los olvidados en las cárceles

Poptun

La Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales en Guatemala busca modernizar y agilizar el sistema judicial mediante la digitalización de todos los procesos. Con la implementación de tecnologías de la información y comunicación (TIC), la ley pretende facilitar la presentación de documentos, comparecencias, desarrollo de audiencias, entre otros, garantizando eficiencia y celeridad en la administración de justicia. Sin embargo, esta prometedora iniciativa tiene una significativa omisión: las personas privadas de libertad.

El artículo 1 de la ley detalla su objetivo de regular la tramitación judicial por medios informáticos, complementando la normativa vigente y utilizando tecnologías para asegurar la autenticidad, confidencialidad, integridad y trazabilidad de los datos. En teoría, esta modernización es un avance esencial para un sistema de justicia más eficiente y accesible. No obstante, al ignorar las condiciones de los reclusos, se perpetúa una desigualdad dentro del propio sistema que pretende mejorar.

Dentro de las cárceles de Guatemala, el acceso a la tecnología es casi nulo. No hay internet disponible, y poseer una computadora portátil es un lujo inaccesible para la mayoría. Además, los dispositivos tecnológicos son considerados ilícitos, y su posesión puede acarrear sanciones disciplinarias o incluso nuevos cargos penales a quien se le incauta dichos aparatos tecnológicos. Esta realidad contradice el espíritu de la Ley de Tramitación Electrónica, que debería garantizar el acceso a la información y herramientas tecnológicas para todos los ciudadanos, incluidos aquellos que se encuentran guardando prisión.

Las personas privadas de libertad enfrentan una grave desventaja con la digitalización total del sistema judicial. La imposibilidad de acceder a sus expedientes judiciales y participar adecuadamente en su defensa compromete sus derechos fundamentales. Según las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, los reclusos son un grupo que requiere protección especial, pero la ley no contempla medidas específicas para asegurar que estas personas puedan ejercer plenamente sus derechos en un entorno digitalizado.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 1.1, establece que los Estados partes deben respetar y garantizar los derechos y libertades reconocidos en ella, asegurando su libre y pleno ejercicio a todas las personas bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna. Este mandato adquiere una mayor relevancia y nivel de compromiso cuando se trata de personas en situación de riesgo o vulnerabilidad.

La Corte Interamericana ha subrayado que estas obligaciones generales se traducen en deberes especiales, adaptados a las necesidades específicas de protección del sujeto, como es el caso de las personas privadas de libertad. Durante su detención, los reclusos están bajo el control efectivo del Estado, que debe garantizar todos los derechos no restringidos por la privación de libertad.

En este contexto, el principal elemento que define la privación de libertad es la dependencia del recluso a las decisiones del personal del establecimiento donde se encuentra. Esta relación de subordinación implica que el Estado tiene un control total sobre el individuo, constituyéndose en garante de los derechos que permanecen intactos pese a la detención. Esto se encuadra en la relación jurídica de sujeción especial, donde el Estado tiene la responsabilidad de proteger los derechos humanos de los reclusos, mientras estos deben cumplir con determinadas obligaciones legales y reglamentarias. Así, la implementación del expediente electrónico en Guatemala debe considerar estas obligaciones y garantizar que los derechos de las personas privadas de libertad no sean vulnerados por la digitalización del sistema judicial.

Es crucial entonces que el sistema de justicia haga las adecuaciones necesarias para incluir a las personas privadas de libertad en la era digital. Esto podría implicar la creación de espacios controlados donde los reclusos puedan acceder a computadoras y a internet bajo supervisión. También se podrían establecer protocolos claros y accesibles para que los reclusos puedan presentar solicitudes y documentos de manera electrónica, sin que esto represente un riesgo legal adicional.

La Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales tiene el potencial de transformar positivamente el sistema judicial guatemalteco. Sin embargo, su implementación actual deja fuera a un grupo vulnerable que, según la Constitución y los convenios internacionales de derechos humanos, debería ser protegido por el Estado y no olvidado. Es imperativo que se realicen las modificaciones necesarias para que esta modernización sea verdaderamente inclusiva y justa, garantizando que todos los ciudadanos, incluyendo aquellos privados de libertad, puedan beneficiarse de un sistema de justicia más ágil y efectivo. La eficiencia no debe lograrse a costa de los derechos fundamentales de los más vulnerables.

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Mireya Batún Betancourt

Abogada, Notaria y Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, postgrado en Criminología, especialista en ejecución penal con estudios en Doctorados de Ciencias Penales y Derecho Constitucional Internacional.

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