La recaudación fiscal y la moral tributaria
Barataria
Desde tiempos inmemoriales los impuestos constituyeron la base para el sostenimiento de los gobernantes. Así, los monarcas constituyeron cargas tributarias sobre los súbditos para sostener la casa real, las reales instituciones y sus ejércitos. Estos tributos eran recaudados sin mayor criterio más que las necesidades de la monarquía, subiendo sus necesidades se subía la recaudación, de manera que exasperaba a los súbditos, quienes debían hacer todo lo necesario para satisfacer las necesidades del monarca que no perdonaba el impago de tributos so pena de cárcel a quien no pagara.
En la evolución de los Estados hasta llegar al Estado Contemporáneo, el constitucionalismo ha dotado al Estado de un fin, un propósito de su existencia derivado del bien común. En Guatemala, la constitución establece claramente en el artículo 1 que el fin del Estado es el Bien Común, es decir que la plena existencia del Estado, sus instituciones, el gobierno y todo lo que implica la administración publica y los poderes del Estado se encuentran constituidos precisamente para proveer de bienestar a la población. Esto es sumamente importante dado que la recaudación tributaria está íntimamente ligada al bienestar de la población.
El dinero público que se recauda a través de los diferentes tributos deberá estar encaminado para satisfacer las necesidades de la población que deberá recibirlos de nuevo a través de bienes y servicios. En otras palabras, los impuestos no son para mantener al gobernante con sus lujos, ni tampoco para que los funcionarios que entran con una mano adelante y otra atrás salgan del gobierno tras un periodo de cuatro años con mucho dinero y hechos unos millonarios, tampoco para enriquecer a aquellos empresarios fracasados que, con sobrevaloración de obras y coimas logran hacer sus empresas “rentables” y pasan de facturar unos pocos quetzales a facturar millones en pocos meses.
Para que la recaudación sea eficiente debe de tenerse presente la equidad y justicia tributaria, además de que la población pueda ver y servirse de la inversión social de los tributos públicos. Pero, la moral tributaria no va a subir ni los obligados van a querer pagar los impuestos si se ve que nada de lo que se paga en impuestos se recibe en servicios.
Hoy día, en el centro de la polémica se encuentra el denominado Impuesto de Circulación de Vehículos, impuesto este que paga mayormente cada vehículo que transita en las carreteras del país y cuyo destino es incierto. La polémica se desató debido a que el Congreso de la República decretó una moratoria al pago del impuesto de dos meses a efecto de que el mismo fuera hecho efectivo no en Julio en tanto esto sucedió el Presidente de la República ha creado un limbo jurídico ya que aún no ha sancionado el Decreto para su publicación en el Diario Oficial, lo cual ha creado una confusión puesto que persiste aún la vigencia de que el último día de Julio deberá pagarse el Impuesto. A ello se suma que el recaudador de impuestos de la SAT el señor Marco Livio Díaz, defiende el hecho de que el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos deberá pagarse con el bono 14.
En un país como Guatemala, los impuestos se recaudan bajo principios arcaicos, no existe justicia tributaria por ningún lado y quienes pagamos impuestos no los vemos reflejados en bienes y servicios de ninguna índole. Me explico, de los miles de millones que recauda el Estado y que se distribuye en el presupuesto nada o casi nada se deriva a bienes y servicios para la población. Cierto es que hay hospitales, carreteras, fuerzas de seguridad, pero en realidad nada es funcional. En efecto, hay hospitales, pero no hay medicinas y hay evidente escasez de personal médico y sanitario, de manera que buscar una consulta o llegar con una urgencia médica es un total riesgo, si tienes “suerte” de que te atiendan en urgencias deberán llevar dinero para comprar tus medicamentos en las farmacias que existen afuera de los hospitales porque “el hospital no tiene medicinas”. Así, muchos optan por un sanatorio medianamente, aunque se endeuden con gastos o tarjetas de crédito. La educación publica es un problema serio, hay graves necesidades en educación, además de la ineficiencia en el sistema educativo, el material escolar es escaso y otros problemas que hay. La seguridad en el país, pues ni hablar, los crímenes están a la orden del día, las extorsiones ya no digamos y la inseguridad en las calles hace que todos los ciudadanos de a pie, agradezcan a Dios todas las noches al regresar a sus hogares. Y para no hacer largo el asunto, la red vial del país es una verdadera debacle, es un caos y es una vergüenza nacional.
Ante todo esto, los guatemaltecos nos preguntamos ¿Para qué pagamos impuestos? Si en realidad casi nada nos retribuye el Estado en bienes y servicios. No vemos inversión social por ningún lado. Megaobras en Guatemala tenemos años de no verlas y la ultima de ellas, el Libramiento de Chimaltenango, es un monumento a la corrupción y vergüenza que cada año en época de invierno hay que tener mucha suerte de pasar indemne en esa carretera. Sin embargo, los presupuestos suben cada año y cada gobierno, incluido el presente del señor Arévalo, implora por más y más recursos. La mayoría del presupuesto que tiene el Estado es para gastos de funcionamiento y los gastos de inversión, en lugar de llamarse así, debería de llamarse gastos para la corrupción, porque año con año se presupuestan obras que no se terminan y al finalizarse cuestan dos o tres veces más del presupuesto inicial y con una sobrevaloración vergonzosa. Los elevados salarios en el sector público especialmente para los renglones por contrato, hay mucha burocracia inútil en el Estado, muchos profesionales con contratos que no califican para el puesto, pero que “tienen cuello”, así hay ministerios que tienen cientos de asesores, instituciones descentralizadas por el mismo camino y en fin, se sostiene un gran aparato estatal en el cual ni siquiera se tiene certeza de cuantos empleados públicos tiene el país.
En tanto no haya transparencia en el uso de los recursos públicos, es difícil exigir que los guatemaltecos paguen sus impuestos, especialmente porque muchos de estos están ligados con tretas y trampas guizachescas que se hicieron en los años noventa para favorecer a un sector privilegiado a la larga creando una injusticia en la distribución de la recaudación. Pero ejemplo impuesto sobre circulación de vehículos e impuestos sobre derivados de petróleos que privilegian a la Municipalidad de Guatemala con aportes cuando esto rompe la equidad en la distribución.
Es inexplicable, cómo la SAT pretende que se pague el impuesto sobre circulación de vehículos pero que para hacerlo todos los guatemaltecos deben pagar las multas de transito impuestas al azar y abusivamente por las Municipalidades del País. Resulta inaudito que se viole el derecho de defensa puesto que una cosa es pagar un impuesto y otra cosa es revertir o defenderse de las multas abusivas de EMETRA. Sin embargo la ley esta hecha para obligar al guatemalteco común y corriente a recibir el bono para dividirlo entre un impuesto sobre circulación de vehículos que constituye simplemente un robo y las multas abusivas de EMETRA por lo que los guatemaltecos no utilizan el bono de julio para nada más que para satisfacer la voracidad tributaria.
Los impuestos, no son los que antes se pagaban a las monarquías, no resultan los impuestos una forma de obligar a los contribuyentes a pagar para que el gobierno y sus funcionarios vivan mejor, sino que los impuestos sirven o debieran servir para que el Estado cumpla con la finalidad clara, que es el bien común, la mejora de las condiciones de vida de los habitantes y el desarrollo humano.
En tanto el Estado se desgasta a través de un gobierno que prometió mucho cuando estaba en campaña, pero en el poder lo que menos ha hecho es ordenar el organismo ejecutivo cuyo superior jerárquico es el mismo y en donde si puede hacer un cambio porque presupuesto e instituciones dependen de su criterio y juicio para gobernar, por lo que es imperdonable que el señor Arévalo pretenda una ampliación presupuestaria, exija que la superintendencia de administración tributaria vorazmente persiga o pretenda incluso reformas a la ley que violan la privacidad de las personas con el fin de que se paguen todos los impuestos sin que haya claridad en el gasto público, ni eficiencia en la disposición y uso de recursos públicos.
Así, el gobierno del señor Arévalo no ha buscado transparencia en el gasto público ni siquiera ha buscado ordenar la finanzas publicas e ir eliminando todos aquellos gastos superfluos y la supresión de plazas innecesarias como por ejemplo, es innecesario contratar un fotógrafo oficial para el presidente o permitir que la SAAS contrate un masajista. Estos gastos entre otros dejan mucho que desear en el gobierno de alguien que pretende ser austero pero que en realidad no ha dado los pasos necesarios para que la austeridad se vea.
Pagar impuestos en cualquier país del mundo siempre va a ser recibido con reticencia, sea que haya mucha inversión social y que los ciudadanos reciban en bienes y servicios estos tributos, ahora pensamos en un país como nuestra Guatemala en donde se pagan impuesto todos los días, porque en Guatemala se paga IVA por todo así es que hasta la señora de la tienda paga IVA, además de otros impuestos que se recaudan sin embargo nunca se ve retribuido en nada, por lo que la moral tributaria siempre estará muy por debajo de lo que se pretende.
En tanto no haya transparencia en el gasto público, en tanto los funcionarios y las instituciones hagan “chinchilete” el dinero del pueblo con gastos por demás obscenos como los vehículos que compran los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, las viandas y gastos exagerados de la SAAS, la contratación de muchos asesores sin experiencia e innecesarios en tantas instituciones o bien, sin que haya un orden en el servicio civil para saber cuantos empleados públicos hay en el Organismo Ejecutivo (creo que ni el señor Arévalo tiene el dato), mientras hayan plazas fantasmas, mientras haya corrupción y sobrevaloración de obra pública y, mientras hayan pactos colectivos de sindicatos públicos que los ministros firman con los ojos cerrados con el solo fin que los dejen “hacer sus negocios sin molestar”, mientras siga la corrupción generalizada. Las palabras del publicano recaudador de la SAT Marco Livio Días son una afrenta al pobre y sufrido pueblo de Guatemala quiere ser responsable en el pago de los tributos siempre y cuando lo vea retribuido en bienes y servicios para que se viva mejor y se desarrolle como persona. Pero si no existe eso, no habrá moral tributaria y la negativa a pagar impuesto es legítima. El Gobierno del señor Arévalo deberá cambiar forma de manejar los dineros públicos y autoimponerse austeridad y buen uso de los recursos públicos ojala por el buen desempeño de su gobierno los cambios se vean reflejados a partir de este año, porque no tiene mucho tiempo para mostrar que es diferente. En su lugar han pasado muchos antecesores que se han creído monarcas y han considerado que el dinero que se recauda es para hacer piñata de ellos, esto no es así, los tributos son dinero público, no privado y para uso en beneficio de la población.
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