Influencers

Teorema

El actual mercadeo de productos de consumo emplea influencers, anglicismo ahora de uso corriente en castellano, para referirse a personas que recomiendan el uso de determinado producto. Los futbolistas C. Ronaldo y L. Messi además de estrellas del fútbol, son influencers con más de 500 millones de seguidores cada uno. Otros influencers consiguen serlo creando vídeos cortos. Se trata de una actividad legal, en ocasiones, quizá de moralidad cuestionable, pero son lícitos.

Los influencer políticos auténticos son personas que, con base en su autoridad moral, piden votar por determinado candidato a un cargo público por elección. Algunos periodistas de opinión y unos pocos personajes públicos asumen ese papel en los períodos eleccionarios. Otras personas de reconocido prestigio, en cambio, son más cautos, evitan comprometerse y guardan silencio. Quizá ellos no tienen conciencia plena de su condición como engranaje fundamental de la maquinaria social y de su importancia ante un electorado que, en gran mayoría se deja persuadir por mensajes creados por los publicistas de campaña —si logran crear un buen mensaje, no importa a quien se lo endilgan. Aún peor, muchas veces la decisión del voto mayoritario se toma con base en pósters, canciones o regalos. Si, en cambio, esos votantes atendieran las sugerencias emitidas por las élites intelectuales y morales del país, indudablemente tendríamos mejores gobiernos.

De manera equivocada, quizá complaciente, la prensa ha dado en llamar influencer político también a delincuentes que buscan influir las elecciones en su propia conveniencia o la de terceros en cuyo nombre actúan. Otras veces, con mucho respeto llaman “operadores políticos” a estos criminales. Entre unos y otros no hay semejanza alguna, son personas totalmente distintas. Los principios y valores del influencer político son elevados, inmortales. Los otros, carentes de moralidad, son guiados por móviles oscuros y perversos. Unos persiguen fines altruistas, de beneficio colectivo. Los otros buscan lucro y poder político, o medios para extorsionar. Estos influencers criminales actúan sobre las Comisiones de Postulación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de las Cortes de Apelaciones, de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral, así como el Procurador de los Derechos Humanos y el Contralor General de Cuentas.

Ellos, carentes de prestigio personal dentro de la ciudadanía honrada, influyen las elecciones por medios abiertamente criminales. Utilizan la amenaza, el chantaje y la coacción; el soborno y del tráfico de influencias. Anulan el espíritu de la Constitución; el Sistema de Justicia Nacional se debilita, languidece y corre riesgo de desaparecer cuando la gente deja de confiar en él. Como dejara escrito para la posteridad, desde el siglo I, Agustín de Hipona: “Un estado sin justicia sería una banda de ladrones”. Si San Agustín hubiera desarrollado más este enunciado me parece que habría llamado “Estado fallido” a uno donde la Justicia solo funciona a medias. Y a otro, donde solo funciona la mitad de la mitad ¿cómo lo habría calificado?

En los medios impresos y electrónicos el tema de las últimas semanas fue la formación de la Comisión de Postulación que estará a cargo de escoger a los candidatos que integrarán una nómina que, conforme la Constitución, será presentada al Congreso de la República para que seleccione a los magistrados que integrarán la nueva Corte Suprema de Justicia y a las Cortes de Apelaciones. Esta comisión debió iniciar sus reuniones el 11 de julio anterior, fecha que quedó suspendida ante la irresponsabilidad social de dos universidades, la Mariano Gálvez y la Francisco Marroquín, cuyos decanos siguen sin ser juramentados. Hoy, un nuevo escollo, quizá el mismo que dio origen al anterior, tiene a esas comisiones en espera del desenlace de las investigaciones oportunas, denunciadas por el Ministerio Público. De haber actos ilícitos, estos deben aclararse.

Se ha dicho todo, o casi de todo, en cuanto al procedimiento y cómo impedir que intereses criminales puedan conseguir que la selección favorezca sus propósitos aviesos en desmedro de la justicia en nuestro país. Ya ha sucedido, en ocasiones anteriores, que la selección de los candidatos para integrar la nómina se ha desviado para atender perversos intereses políticos, profesionales o de otra naturaleza, incluyendo la búsqueda de inmunidad ante la ley.

Hay antecedentes que datan de inicios de este siglo, cuando a fines del gobierno de Portillo surgió en el escenario político Roberto López Villatoro, mejor conocido en los medios como El rey del tenis, podría ser el primer “influencer criminal” conocido como tal, aunque antes pudo haber muchos otros que permanecieron en el anonimato. Le siguió, en esa delictiva actividad Estuardo Gálvez Barrios (exrector de la USAC), Después Gustavo Alejos Cámbara, amigo íntimo del presidente Colom y de Sandra Torres. El también rector de la USAC, Murphy Páiz Recinos, figuró en esa lista de quienes han pervertido nuestro sistema de legalidad. Ahora los medios mencionan al presidente de la Corte de Constitucionalidad, Néstor Vásquez Pimentel, de seguir los pasos criminales de los ya mencionados. Los cuatro primeros fueron denunciados, apresados, sometidos a juicio, declarados culpables y sentenciados a prisión. La sentencia fue ejecutada, aunque ahora los cuatro se encuentran en libertad. Contra Vásquez Pimentel aún no hay denuncia penal. Debe haber otros, quizá muchos más, dedicados a tan innoble tarea, pero habrán conseguido eludir las acciones de los fiscales.

Es evidente la aspiración ciudadana por una elección transparente. En ese propósito participan varias organizaciones privadas, al menos once de ellas identificadas con la izquierda y con agrupaciones indígenas, que ofrecen vigilar minuciosamente la probidad del proceso. Los comisionados se muestran compenetrados de la importancia del proceso. Muchos parecen animados a conseguir que este se realice con transparencia y sin la perniciosa participación de “influencers criminales” que resten legitimidad a la selección que deben hacer. Ellos buscarán que el Congreso solo pueda elegir entre postulantes que sean razonablemente probos.

Por eso resulta desconcertante la frivolidad de Bernardo Arévalo al invitar a la Organización de Estados Americanos —OEA— para que asista como “observadora” a vigilar que el trabajo de las Comisiónes de Postulación se desarrolle con transparencia. Los delegados de la OEA, convertidos en influencers oficiales, ya están en Guatemala. Su participación es contraria a la ley, es innecesaria, es perniciosa y es absurda; ofende a los comisionados y a las organizaciones privadas que han hecho suya la tarea de supervisión. La participación de los influencers de la OEA, constituye un atentado contra la dignidad nacional, quebranta nuestra soberanía y debilita el respeto por nosotros mismos como ciudadanos libres. Nos convierte en una suerte de vasallos de las organizaciones internacionales. ¿Cómo quejarnos después de que venga la embajadora de Canadá o el embajador de Suiza a regañarnos y darnos de chipotazos en la cara? ¿Cómo responder con dignidad a tales atropellos?

¿Por qué temer la participación de la OEA? ¿Por qué ponerlos al lado de los influencers locales o ser aún más temidos? Quizá la siguiente anécdota lo explique: En la Asamblea General de la OEA, Asunción junio 2024, Víctor Verdún, delegado de Paraguay fue ovacionado al señalar que la Constitución de Paraguay establece el derecho a la vida (negación del aborto), también dice que, en temas de género, Paraguay reconoce solamente hombres y mujeres. Además, Verdún rechazó el discurso de odio para silenciar voces de algunos sectores, y terminó afirmando: “El Paraguay es vida, el Paraguay es familia, el Paraguay es soberano”. Desde luego, su discurso, muy aplaudido por la gente, cayó como bomba entre las autoridades de la OEA. Almagro y sus funcionarios debieron sentir que la Asamblea se les había ido de las manos.

Aún peor que de la invitación de Bernardo Arévalo para que la OEA se entrometa en el proceso de elección de magistrados, fue que al hacerlo abrió la puerta para que la ONU también metiera su nariz. La señora Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas, dijo al respecto, con un discurso de magnánima ayuda: «Hago un llamamiento a todos los actores involucrados en las Comisiones de Postulación y al Congreso para que garanticen que los nombramientos de este año cumplan con los criterios establecidos por la ley”.

Pero la ONU tiene objetivos menos nobles. Está empeñada en lograr que el sistema de justicia de todos los países vea con buenos ojos sus propios objetivos a veces explícitos, a veces ocultos, para que las leyes que ellos impulsan sean aprobadas sin mayor oposición. Tras el innegable fracaso de su objetivo central (mantener paz entre todos los estados asociados), su preocupación principal se volvió ¡el crecimiento poblacional! Y su misión, reducir el número de habitantes del planeta. Considera que los seres humanos somos los principales depredadores sobre la Tierra y procura la reducción del número de niños. Europa lo ha aceptado, teniendo un crecimiento negativo, aunque las sucesivas olas de inmigrantes han reducido su éxito.

El aborto, favorecer que las parejas no tengan descendencia, apoyar la homosexualidad y la transexualidad aún entre niños son estrategias que la ONU impulsa. Promueve la práctica de la eutanasia bajo el nombre de “muerte piadosa” para los ancianos improductivos. Busca debilitar los estados nacionales con miras un tanto lejanas a crear un gobierno mundial. Crea regulaciones supranacionales como destruir la ganadería lechera y cárnica, lo que causó amplia oposición entre los ganaderos europeos. También, afirmando que la tierra está agotada, impulsó leyes que prohiben utilizarla para fines agrícolas, lo que fue causa de grandes protestas en países como España. Ahora, la invitación de Arévalo podría hacer que vengan a por nosotros.

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